Estrasburgo y Bruselas están inmersos en el proceso de sellar una paz armada interinstitucional. Una de las características que define la actual legislatura europea es el constante choque entre el Parlamento Europeo y la propia Comisión. Desde continuas mociones de censura contra el colegio de comisarios, hasta requerimientos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las iniciativas legislativas del Ejecutivo, la tensión ha ido en aumento.
Al contrario de como ocurre en otros sistemas parlamentarios, a nivel europeo la cámara parlamentaria carece de iniciativa legislativa y cuenta con escaso control directo sobre su poder ejecutivo. En la práctica, el Parlamento ejerce su influencia a través de la negociación de las iniciativas legislativas, utilizando las enmiendas y los trílogos como su principal baza, en un delicado equilibrio institucional que se ha ido tensando con el paso de los meses.
Revisión del acuerdo marco
Ahora bien, el Comité de Asuntos Constitucionales de la Eurocámara ha dado luz verde esta semana a un informe que propone una revisión integral del acuerdo marco sobre las relaciones entre el órgano que preside Roberta Metsola y el que responde a Ursula von der Leyen. El objetivo principal es modernizar el vínculo interinstitucional para reflejar, dicen fuentes parlamentarias, las reformas de “Parlamento 2024” y fortalecer la rendición de cuentas democrática en un momento especialmente sensible para la arquitectura comunitaria.
Los eurodiputados quieren reforzar el principio de que el Parlamento debe recibir el mismo trato que el Consejo, donde están representados los Estados miembros, garantizando un flujo de información “exhaustivo, oportuno y detallado”. Este punto incluiría también las iniciativas que no se ven reflejadas en el programa de trabajo anual que el Ejecutivo presenta el último trimestre de cada año, ampliando así el margen de supervisión parlamentaria.
Más control y presencia de los comisarios
El texto, que lleva la firma del eurodiputado popular alemán Sven Simon, pretende que la Comisión rinda cuentas de forma más directa, hasta el punto de exigir la presencia de comisarios tanto en el pleno como en las comisiones parlamentarias. Además, la presidencia deberá informar sobre la estructura y, como novedad, el equilibrio de género del nuevo Colegio de Comisarios con la antelación suficiente al voto de consentimiento, reforzando así la transparencia del proceso.
En el ámbito del escrutinio de los acuerdos internacionales, el Parlamento quiere ser informado inmediatamente en todas las etapas de la negociación, incluyendo instrumentos no vinculantes, algo que hasta ahora no siempre ha ocurrido con la sistematicidad que reclamaban los grupos políticos.
El artículo 225: la iniciativa legislativa
Uno de los puntos más relevantes de los cambios propuestos por Simon es el que hace referencia al artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Lo que se propone es reforzar la capacidad de Estrasburgo para solicitar nuevas leyes. Así, mediante este texto, Bruselas se comprometería a dar un seguimiento detallado en un plazo de tres meses y, si procede, presentar una propuesta legislativa en el plazo de un año.
De este modo, tras la solicitud del Parlamento, el Ejecutivo tendría un plazo de noventa días para responder con una comunicación específica y, en principio, materializarla en un texto legislativo en los doce meses siguientes o justificar detalladamente por qué no lo hace. Asimismo, las comisiones parlamentarias podrán solicitar a la Comisión asesoramiento técnico mientras redactan sus informes de iniciativa para asegurar la viabilidad jurídica y política de la propuesta.
El uso del artículo 122: las medidas de emergencia
Por su parte, el artículo 122 permite medidas de emergencia que suelen eludir el control de la Eurocámara. Este informe exige que la Comisión tenga que justificar detalladamente su uso y rinda cuentas sobre su impacto presupuestario y su ejecución, cerrando así posibles resquicios de opacidad en momentos de crisis.
En este contexto, se había planteado una enmienda que ponía de manifiesto la propia tensión política entre ambas instituciones. Se exigía que la participación de comisarios en campañas electorales, como spitzenkandidaten, no vulnere su obligación de neutralidad política ni cree expectativas de nombramientos que no estén explícitamente recogidas en los Tratados.
En otras enmiendas se incluía, por ejemplo, la obligación de la Comisión de asistir y proporcionar pruebas ante comisiones de investigación parlamentarias, un derecho que los eurodiputados consideraban esencial para el control democrático. Otra iniciativa proponía ampliar la duración de este espacio a noventa minutos, obligando a la presencia de los comisarios cuyas carteras coincidan con el tema del debate para garantizar un diálogo “abierto y democrático” y evitar comparecencias meramente formales.
Equilibrios políticos en el final de mandato
Lo cierto es que durante la última etapa de su mandato, Von der Leyen está tratando de hacer concesiones a los distintos grupos de la Eurocámara para amarrar sus apoyos en votaciones relevantes como los paquetes de simplificación o la ratificación de iniciativas como el préstamo de reparaciones para Ucrania. De hecho, durante el retiro informal de los líderes del continente en Alde Bissen, la alemana lamentó el ritmo que estaban siguiendo estos expedientes en su tramitación parlamentaria, incentivando a los colegisladores a acelerarlo y a evitar bloqueos innecesarios.
Este nuevo poder del Parlamento, que a menudo es considerado el hermano menor de la sala, podría no acabar de gustar a las capitales, que estarían perdiendo parte de su influencia. En el Consejo no sentó bien que, tras otorgar su aval al acuerdo comercial con Mercosur, la Eurocámara decidiera retrasar hasta dos años su ratificación al elevarlo al Alto Tribunal, en una maniobra interpretada por algunos como una señal de autonomía creciente.
Sin embargo, desde la Comisión aseguran que los nuevos marcos de relaciones interinstitucionales otorgarán mayor predictibilidad y estabilidad en las relaciones entre ambas instituciones, reduciendo los conflictos y clarificando las reglas del juego.
Este acuerdo fue alcanzado entre Metsola y Von der Leyen en septiembre con el objetivo de que el texto sea finalmente ratificado durante el pleno de marzo, en lo que podría marcar un punto de inflexión en la dinámica entre Estrasburgo y Bruselas para el resto de la legislatura.