La Comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara debatía este lunes las modificaciones a la Ley del Clima, que el Consejo Europeo aprobó hace apenas una semana. Con la propuesta que se ha acabado aprobando se establece un objetivo de reducción de emisiones del 90% para el año 2040, basado en los niveles de 1990. Sin embargo, la iniciativa ha salido adelante con el voto en contra de la delegación española del Partido Popular, que ha discrepado del sentido de voto del Partido Popular Europeo.
Ante la votación de hoy, el eurodiputado socialista Nicolás González Casares ha criticado que el Partido Popular «haga concesiones a Vox, al negacionismo y al anti-europeísmo siempre que pueden». Esta decisión incluye la aceptación de medidas de flexibilidad que permitirían a los Estados miembros ajustar sus compromisos mediante la adquisición de créditos internacionales, que podrían representar hasta un 5% de dicho objetivo.
Postura negociadora
Cuando el Parlamento ratifique esta posición, previsiblemente el miércoles, se definirá la postura de negociación con el Consejo Europeo para finalizar la reforma. Los eurodiputados también apoyan un objetivo intermedio propuesto por Bruselas, en línea con el compromiso de la UE de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050.
Para apaciguar a los países más reacios, la Comisión Europea ha propuesto que a partir de 2036 se utilicen créditos de carbono internacionales de alta calidad para cumplir hasta un 3% del objetivo, propuesta que fue ampliada por los 27 Estados miembros para comenzar en 2031 y aumentar al 5%, reduciendo así el objetivo nacional al 85%.
Adicionalmente, los eurodiputados sugieren elevar del 3% al 5% el límite que los Estados pueden alcanzar mediante proyectos sostenibles en terceros países, instando a la implementación de “salvaguardas sólidas” para asegurar el cumplimiento de estos criterios.
El texto aprobado apoya que la Comisión Europea revise cada dos años la trayectoria de reducción de emisiones, teniendo en cuenta los últimos avances científicos y tecnológicos, así como la posición competitiva de la UE a nivel global. Tras cada evaluación, Bruselas podría proponer ajustes a la ley para alinear los compromisos con la realidad actual.
La decisión del Consejo
Los ministros de Medioambiente del continente se reunieron la semana pasada con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre esa reducción de emisiones europeas de cara a 2040. Desde el principio, algunos países amenazaban con tensar las conversaciones exigiendo que se introdujeran cláusulas de flexibilidad que aportasen cierta estabilidad.
Tras la reunión, que se prolongó más de veinte horas, los veintisiete pactaron la cifra de la reducción del 90% de forma vinculante. La clave está en el acuerdo por el que cada Estado miembro podrá adquirir un crédito de emisiones de hasta un 5% más, por lo que la cifra puede entenderse reducida al 85%. Esta propuesta parte de las demandas de países como Francia e Italia, que plantearon desde el comienzo la posibilidad de estas compensaciones.
España planteaba que esa flexibilidad no superase el 3%. Sin embargo, para tratar de conciliar a las partes más resistentes se ha acordado que, de manera opcional, las capitales puedan adquirir esos derechos de emisiones por valor del 5% a terceros países. Al ser cuestionado el ministro danés del ramo, Lars Aagaard, sobre quién sufragará esas partidas, ha planteado que deberán ser los Estados que hagan uso de esta medida los que se hagan cargo de su coste.