El pasado miércoles, la Comisión Europea presentó el primer informe anual europeo sobre asilo y migración, correspondiente al periodo 2024-2025.
La Comisión Europea presume de una mejora de la situación migratoria por la reducción del 35% de las entradas irregulares a la Unión, una bajada de un 21% de las solicitudes de asilo y una disminución de los movimientos secundarios en un 25%.
Todo el mensaje del informe va dirigido a mostrar cómo la Unión Europa avanza en la eficacia del control de sus fronteras, en el modelo de la Europa fortaleza, sin valorar el impacto que tienen estas necropolíticas sobre las personas. Tampoco analiza si para conseguir esos resultados se ha respetado el cumplimiento del derecho internacional. Todo autocomplacencia.
Pero en realidad, la conclusión de ese informe es mucho más cruda de lo que muestran sus cifras.
Mientras se incrementan los conflictos fuera de la UE, mientras cada vez hay una mayor vulneración de los derechos humanos en el planeta, no es que se haya reducido el número de personas que huyen, sino que hay más personas a las que estamos dando la espalda impidiéndoles llegar.
Esa reducción de llegadas se presenta como el resultado de una ‘cooperación reforzada con los países de origen y tránsito’. Sin embargo, esa cooperación no está basada en la mejora de la situación de los países de origen (actuar sobre las causas). Esta reducción es fruto de acuerdos con regímenes que no respetan los derechos humanos a los que convertimos en gendarmes subcontratados de las puertas de la Unión Europea.
El informe cita la colaboración con países como Mauritania, Senegal, Túnez, Libia, y Turquía entre otros, como un éxito de gestión. En realidad, es la consagración de un modelo que viene forjándose durante décadas, que está demostradamente fracasado, y que lo único que provoca es más dolor alejando el ‘problema’ cuanto más lejos mejor, sea como sea, para que otros hagan el trabajo sucio e impedir que lleguen.
Es lo que se denomina política de externalización de fronteras: una política de negación que consiste en pagar para no ver, difuminando la línea que separa la legalidad de la barbarie. Porque ojos que no ven, corazón que no siente.
De este modo, la gestión migratoria europea muestra nuestras contradicciones más profundas. Por un lado, se identifica como el gran baluarte de los derechos humanos, y, por otro, los externaliza y renuncia a ellos fuera de sus fronteras, a cambio de contratos moralmente cuestionables.
Evitar que lleguen, y si llegan, expulsarles lo antes posible
Otro de los hitos de los que saca pecho el informe es de las 478.000 órdenes de expulsión emitidas en 2024. El informe lo presenta como un avance en la “eficiencia de los sistemas de retorno”.
El retorno como concepto de las teorías migratorias, es la última fase del proceso migratorio, y debe ser siempre voluntario. Por ello, a lo que se hace referencia realmente es a deportaciones, utilizando un eufemismo para desdibujar la crueldad que suponen estas expulsiones.
Llamar ‘eficiencia’ a seguir incrementando el número de deportaciones es la prueba más clara de una política que ha perdido toda la sensibilidad y ha convertido la crueldad en su modelo de gestión.
El negocio de las fronteras
Detrás de cada tecnicismo del informe se esconde un entramado económico y político.
Empresas de seguridad, contratistas tecnológicos, fabricantes de drones, consultoras privadas… El mercado del control migratorio mueve miles de millones de euros al año. Lo que para Europa es su modelo de gestión migratoria, para muchos sectores es una gran oportunidad de negocio pagada con nuestros impuestos.
Naomi Klein lo define claramente en su ‘Doctrina del shock’: cuando el miedo se convierte en política, la crisis se vuelve rentable.
Y mientras se siguen incrementando los fondos para más muros, patrulleras y sistemas biométricos, los presupuestos del Fondo Social Europeo o las partidas para Integración y acogida se reducen y se desvían a la militarización y seguridad. Europa invierte más en impedir la llegada de seres humanos que en garantizar su protección.
Europa, obsesionada con su seguridad, está perdiendo su alma. Es una cuestión ética y civilizatoria. Porque cuando la Comisión Europea celebra la reducción de llegadas, olvida que lo que ha descendido no es la migración, sino la humanidad de nuestras instituciones.
La (in)solidaridad con los países del sur
En el informe se plantea la activación del Mecanismo de solidaridad que estaba contemplado en el Pacto de Migraciones y Asilo, cuyo objetivo era apoyar en la acogida a los países con mayor presión migratoria.
Que los países que conforman la frontera sur son quienes más llegadas reciben no es ninguna novedad. De hecho, se identifica que España, Italia, Grecia y Chipre somos los países a los que hay que apoyar.
Lo que parece una broma es que de los 27 Estados miembros, la Comisión ha determinado que tan solo nueve países están en condiciones de contribuir: Eslovenia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Portugal, Malta, Dinamarca, Luxemburgo y Suecia.
Es inaceptable que se llame solidaridad a un mecanismo que deja fuera a la mayoría de los países centrales de la Unión Europea, limitando el apoyo a la voluntad de nueve países que podrán elegir entre acoger, a través de procesos de reubicación, o pagar por no hacerlo. ¿Apostamos qué harán Hungría o Rumanía? ¿Son hoy estos países territorios seguros para la acogida de migrantes?
En definitiva, lo que llaman mecanismo de solidaridad es una enmienda a la solidaridad.
Tú si, tú no. Un casting para la acogida y pocas referencias a vías legales y políticas de integración
El informe saca pecho de los 4,3 millones de ucranianos que gozan aún de protección temporal en la UE, la mayoría mujeres y niños. Algo que nos enorgullece y que además no ha puesto en riesgo la estabilidad de Europa, demostrando que cuando se quiere, se puede, porque es solo una cuestión de voluntad política.
Sin embargo, ese doble rasero, nos plantea una pregunta incómoda: ¿por qué Europa sí abre sus puertas a quienes huyen de la invasión ilegal de Ucrania y las sigue cerrando a quienes se ven obligados a buscar un sitio seguro a consecuencia de la guerra de Sudán, Mali, Siria o el genocidio en Palestina?
La respuesta está en la jerarquía racial y geopolítica que atraviesa la política migratoria europea. En el fondo, Europa ha demostrado que no quiere proteger a quien sufre, sino a quien mejor encaja. De nuevo, una suerte de casting donde los elegidos son preferiblemente rubios con ojos azules.
En cuanto a vías seguras, se recoge como si fuese un mérito, que 12.000 personas llegaron a través de programas de reasentamiento. Una cifra ridícula que pone en evidencia la falta de solidaridad y de oportunidades para llegar a Europa por vías seguras. Para 2026 propone unas cuotas de reasentamiento de 15.300 personas: todo generosidad y voluntad política por construir en favor de la migración ordenada, segura y regular que tanto reivindican.
Por último, el informe no hace ni una sola referencia a las aportaciones positivas de las personas migrantes y refugiadas en Europa, de las políticas de integración ni de las muchas experiencias positivas que existen en los diferentes países. Lo que pone en evidencia que la verdadera frontera que hoy separa a Europa no está en el mar, ni en los desiertos del Sahel. Está entre quienes defienden que la vida humana tiene el mismo valor vengas de donde vengas, y quienes han decidido que no y lo plasman en políticas y narrativas que van a terminar con nuestros valores fundacionales y con nuestra convivencia.
En definitiva, el informe presentado por la Comisión no mide el progreso de Europa y sus políticas migratorias, sino su miedo, su insensibilidad y su rendición moral ante los discursos del odio de la ultraderecha.
SOBRE LA FIRMA
Estrella Galán es eurodiputada de Sumar. Trabajó como directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CREAR).