El Partido Popular ha registrado en el Parlamento Europeo una pregunta dirigida a la Comisión Europea (CE) sobre la gestión de los fondos comunitarios destinados a la línea de Alta Velocidad Madrid–Sevilla, resaltando que ya en 2022 esta se encontraba "al final de su vida útil" y que, por ello, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) concedió a ADIF un préstamo de 90 millones de euros, con el objetivo de garantizar los estándares de fiabilidad y seguridad. Una financiación que se suma a otros 111 millones de euros en fondos europeos invertidos en 2023.
La iniciativa parlamentaria, registrada en Bruselas por el eurodiputado del PP y exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, reclama aclaraciones a la Comisión Europea sobre el destino efectivo de esos recursos y sobre los mecanismos de control aplicados en una infraestructura crítica que, según los propios documentos comunitarios, presentaba un acusado deterioro por envejecimiento.
El debate se produce tras el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz, en el que fallecieron 46 personas y cerca de 200 resultaron heridas, un suceso que ha reabierto el foco sobre el estado de la red y la gestión de las inversiones públicas en seguridad ferroviaria.
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El PP recuerda que ADIF ha recibido "partidas muy generosas" de la UE
Zoido ha asegurado que las investigaciones apuntan a que ADIF, dependiente del Gobierno de España, había recibido “partidas muy generosas” de fondos europeos para la modernización de la línea. “Llegaremos hasta el final para conocer qué se hizo con ese dinero y si se invirtió en lo que realmente se necesitaba”, ha señalado.
En el expediente del proyecto, publicado por el BEI en octubre de 2020, se reconoce de forma expresa que las instalaciones de la línea Madrid–Sevilla, en servicio desde 1992, habían alcanzado el final de su vida operativa.
Pregunta a Bruselas si el Gobierno informó sobre el estado de la vía
La financiación europea tenía como objetivo mantener los altos estándares de "disponibilidad, fiabilidad y seguridad", según la nota de prensa emitida por el PP a la que ha tenido acceso Demócrata, mediante la renovación de la obra civil, la vía, la electrificación, los sistemas de señalización y telecomunicaciones, así como el despliegue del sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario.
A la luz de ese diagnóstico previo y del accidente mortal ocurrido cuatro años después, el PP plantea dos cuestiones clave a la Comisión Europea (CE): cómo evalúa la CE, desde un punto de vista técnico, el “impacto sobre la seguridad y la fiabilidad ferroviaria de operar una infraestructura cuyos sistemas e instalaciones estaban al final de su vida útil”, y si, antes de concederse el préstamo del BEI, el Gobierno de España informó a la Comisión de que la línea podía no cumplir plenamente los altos estándares de seguridad exigidos, precisamente por el envejecimiento de sus instalaciones.
Desde el Partido Popular subrayan que el reconocimiento explícito del deterioro de la infraestructura exigía mayores controles, seguimiento y exigencia en la ejecución de las obras, especialmente cuando estaban en juego la seguridad de los pasajeros y la integridad del sistema ferroviario. “Cuando una infraestructura crítica es definida como obsoleta por las propias instituciones europeas, la prioridad absoluta debe ser garantizar que sigue operando en condiciones de máxima seguridad”, ha insistido la formación, reclamando transparencia y responsabilidades claras.