Tras más de dos décadas de negociaciones intermitentes, la Unión Europea y el Mercosur han cerrado uno de los acuerdos internacionales más ambiciosos jamás firmados por ambas regiones. El texto definitivo del Acuerdo de Asociación UE–Mercosur no se limita a rebajar aranceles o facilitar intercambios comerciales: establece un marco político, institucional y normativo de enorme calado, con implicaciones en derechos humanos, sostenibilidad, seguridad, cooperación judicial y gobernanza global.
El tratado crea una asociación estratégica integral entre la UE y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, basada en valores compartidos como la democracia, el Estado de derecho y el multilateralismo, y sustituye definitivamente al marco de cooperación de 1995.
Un acuerdo “esencialmente político”
Desde su primer artículo, el texto deja claro que no se trata solo de comercio. El respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de derecho se define como un “elemento esencial” del acuerdo, lo que permite incluso su suspensión si se producen vulneraciones graves y sistemáticas.
Este enfoque dota al tratado de una cláusula política fuerte, similar a la que la UE utiliza en sus acuerdos con terceros países estratégicos. La lógica es clara: el acceso privilegiado al mercado europeo va acompañado de compromisos políticos y jurídicos exigentes.
Arquitectura institucional compleja y permanente
Uno de los aspectos más técnicos —y menos visibles— del acuerdo es su sofisticado entramado institucional, diseñado para garantizar su aplicación y evolución en el tiempo.
El máximo órgano es el Consejo Conjunto UE–Mercosur, que se reunirá a nivel ministerial al menos cada dos años y tendrá capacidad para adoptar decisiones vinculantes, interpretar el acuerdo y resolver conflictos políticos o comerciales. Por debajo se sitúa un Comité Conjunto, encargado del seguimiento cotidiano, y una red de subcomités especializados.
Destaca también la creación de un Comité Parlamentario Conjunto, que conectará al Parlamento Europeo con el Parlamento del Mercosur, y varios mecanismos formales de participación de la sociedad civil, incluidos grupos consultivos nacionales y un Foro de la Sociedad Civil.
El acuerdo institucionaliza el diálogo político permanente entre ambas regiones, algo inédito en esta profundidad.
Comercio, pero con reglas y excepciones
Aunque el pilar comercial se desarrolla en la parte III del tratado, el texto general ya fija principios clave. La liberalización comercial se enmarca dentro de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y reconoce explícitamente el derecho de los Estados a regular en ámbitos como la salud pública, el medio ambiente, la educación o la cultura.
El acuerdo protege además sectores sensibles mediante periodos transitorios, salvaguardias y excepciones, y presta especial atención a las pymes, uno de los colectivos llamados a beneficiarse del nuevo marco de previsibilidad jurídica.
Desarrollo sostenible como eje transversal
Uno de los elementos más relevantes del acuerdo es la incorporación explícita de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y del Acuerdo de París sobre el clima como marcos de referencia obligatorios.
El tratado compromete a las partes a promover un comercio que no degrade el medio ambiente ni los derechos laborales, y establece cooperación activa en:
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Protección ambiental
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Producción y consumo sostenibles
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Lucha contra la pobreza y la desigualdad
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Gobernanza climática
Aunque no introduce sanciones automáticas en este ámbito, sí crea mecanismos de seguimiento, diálogo y presión política, con participación de la sociedad civil.
Seguridad, justicia y lucha contra el crimen
Más allá del comercio, el acuerdo dedica capítulos completos a la cooperación en seguridad, un terreno especialmente sensible. UE y Mercosur se comprometen a trabajar conjuntamente contra:
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El terrorismo
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El narcotráfico
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El crimen organizado transnacional
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El blanqueo de capitales
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La trata de personas
También se refuerza la cooperación judicial, tanto en materia civil como penal, y se alinean compromisos con estándares internacionales como los del GAFI contra el lavado de dinero.
Un punto clave es la protección de datos personales, reconocida como un derecho fundamental y condición necesaria para el desarrollo de la economía digital y la cooperación policial.
Migración y derechos humanos
El texto aborda de forma explícita la gestión de los flujos migratorios, desde un enfoque de corresponsabilidad y respeto a los derechos humanos. Incluye compromisos sobre:
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Readmisión de nacionales en situación irregular
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Protección de refugiados
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Lucha contra la trata y el tráfico de migrantes
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Migración regular, segura y ordenada
Todo ello enmarcado en el respeto al principio de no devolución y a los convenios internacionales de asilo.
Multilateralismo y gobernanza global
El acuerdo es también una declaración geopolítica. Ambas partes se comprometen a coordinar posiciones en foros multilaterales como la ONU, a reforzar el sistema internacional basado en reglas y a defender un orden global más justo y democrático.
Se incluyen ámbitos emergentes como la ciberseguridad, la gobernanza de internet o la no proliferación de armas de destrucción masiva, lo que refuerza la dimensión estratégica del pacto.
Mucho más que un tratado comercial
El Acuerdo de Asociación UE–Mercosur es, en esencia, un tratado de nueva generación. No solo regula intercambios económicos, sino que fija una relación política estable, con valores compartidos, instituciones permanentes y una agenda común para las próximas décadas.
Su ratificación y aplicación efectiva marcarán un antes y un después en las relaciones entre Europa y Sudamérica. Pero también abrirán debates intensos —especialmente en Europa— sobre agricultura, medio ambiente y soberanía regulatoria.
La letra pequeña deja claro que no estamos ante un simple acuerdo comercial, sino ante una alianza estratégica de largo recorrido.