Tras la reunión entre las delegaciones de Groenlandia y Dinamarca con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el vicepresidente JD Vance en la Casa Blanca, crece la presión sobre una acción militar en el territorio autónomo danés. “Trump quiere conquistar Groenlandia”, defiende ahora el Ejecutivo de la primera ministra Mette Frederiksen.
Mientras los Estados miembros se están coordinando para desplegar sus fuerzas sobre el terreno, la Unión Europea estudia la forma de responder en caso de que Estados Unidos fuera un paso más allá en sus amenazas. La jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ya expresó que Groenlandia “puede contar” con Europa.
Lo cierto es que Bruselas dispone de varios mecanismos, tanto políticos como jurídicos, de respuesta a la presión de una potencia externa, pese a no tener una obligación automática de defensa colectiva comparable a la OTAN. Por ello, en cualquier caso, la forma de responder de las instituciones comunitarias se decide caso por caso en función de quién sea el agresor y de la naturaleza de los posibles ataques.
Un conflicto sin precedentes dentro de la OTAN
Estados Unidos es el principal miembro de la Alianza Atlántica, lo que dificulta todavía más el diseño de la reacción. Tal y como reconoció la vicepresidenta ejecutiva, Teresa Ribera, la Unión no está “preparada” en sus Tratados para un conflicto intra-OTAN. Ahora bien, sí que puede activar obligaciones de asistencia entre sus capitales para desplegar un amplio abanico de respuestas diplomáticas, económicas y, eventualmente, militares.
El artículo 42(7) de los Tratados de la Unión establece que si un Estado miembro es víctima de “agresión armada en su territorio” los demás miembros tienen la obligación de prestarle ayuda y asistencia por todos los medios a su alcance, de acuerdo con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.
Si bien la doctrina y el Servicio de Acción Exterior Europeo han interpretado que la agresión debe “originarse desde el exterior” Ahora, ese “exterior” se refiere a actores ajenos al Estado víctima, no necesariamente a terceros no pertenecientes a la Unión. Esto abre la puerta a un margen de interpretación en un conflicto entre países aliados.
Además, el artículo 222 de los Tratados obliga tanto a la Unión como a los Veintisiete a actuar de forma conjunta “en espíritu de solidaridad” si uno de sus miembros es objeto de un atentado terrorista o víctima de una catástrofe natural o de origen humano.
En la práctica, esta cláusula permite movilizar “todos los instrumentos” comunitarios, incluidos recursos militares puestos a disposición por los Estados, pero su configuración está pensada para terrorismo y desastres, no para agresiones armadas clásicas entre Estados, por lo que su uso en un conflicto dentro de la Alianza sería jurídicamente controvertido.
Sanciones, comercio y divisiones internas
En materia comercial, la Unión sí que puede adoptar decisiones en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común. Se podrían barajar, en este sentido, condenas formales, suspender acuerdos, restringir cooperación y aprobar sanciones individuales contra el Estado agresor (congelación de activos, restricciones financieras, embargos…) como ha hecho frente a otras agresiones, aunque aquí el agresor sería un socio histórico.
Este tipo de decisiones requieren, en un principio, unanimidad por el Consejo Europeo, lo que en este caso generaría un problema político de primera magnitud, con Estados favorables a posturas menos beligerantes con el Gobierno de Donald Trump. No obstante, jurídicamente sí que es posible aislar al agresor en buena parte de la cooperación de la Unión.
El mismo día de la reunión entre Rubio y su homólogo danés, el Parlamento Europeo decidió frenar una votación crucial sobre el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión. Finalmente, el debate se producirá el 26 de enero, en el cual los grupos tendrán que posicionarse sobre acabar con los aranceles a los bienes industriales estadounidenses, de acuerdo con el texto firmado entre ambas potencias este mismo verano.
Sin mando militar europeo automático
A diferencia del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, la cláusula 42 no crea un comando militar europeo automático: la asistencia se organiza de forma bilateral o en pequeños grupos entre el Estado atacado y los que deciden ayudar. Cada uno actuaría con “los medios” de los que dispone, garantizando respetar su política nacional de seguridad.
La propia redacción de la cláusula aclara que la obligación “es coherente con los compromisos derivados de la OTAN” para los Estados que son miembros de ambas organizaciones. Sobre el papel, esto viene a significar que cualquier respuesta tendría que coordinarse con el marco aliado y con la cuestión de si el conflicto activa o no el artículo 5 de la OTAN.
El papel de las instituciones europeas
¿Cómo se activa el artículo? Corresponde al Estado víctima dar el primer paso. Una vez invocado, el Consejo y la Alta Representante servirían más como foro de coordinación política y de seguimiento que como mando operativo, dado que la ayuda la prestan los Estados, no “la UE” como tal.
Por su parte, la Comisión y el Parlamento podrían intervenir mediante medidas económicas de emergencia. Ahí entrarían la reasignación de fondos, el apoyo humanitario y decisiones legislativas de crisis. Con todo, el núcleo duro de la respuesta seguirá en manos de los gobiernos nacionales coordinados con el Consejo.
Si bien Copenhague ha apelado a la OTAN, invocando implícitamente ese artículo 5 “en reserva”, para defender a un aliado de otro aliado. Trump no se ha quedado corto con su respuesta e insiste en que él mismo “salvó la OTAN”.
Refuerzo militar y disuasión en el Ártico
Por el momento, Bruselas sigue evitando la confrontación directa, enfocándose en la solidaridad europea y la disuasión vía presencia militar danesa, que se ha visto reforzada con aliados como Alemania o Noruega.
De hecho, Berlín ha estado impulsando los esfuerzos diplomáticos para articular una misión permanente de la Alianza en la isla bajo el nombre de “Arctic Sentry”, que se encargaría de patrullar las costas e instalaciones clave de Groenlandia, una operación inspirada en la desplegada en el mar Báltico.
Horas antes de la cita en Washington, Dinamarca anunció un refuerzo inmediato de la presencia militar en Groenlandia, así como la prórroga de maniobras conjuntas con la OTAN. El objetivo, según el Ministerio de Defensa danés, es fortalecer la capacidad operativa en el Ártico y aumentar la presencia aliada con aviones, buques de guerra y tropas, también de otros países miembros.
Dinamarca admite que existe una nueva situación estratégica en el Ártico, pero rechaza el argumento de Trump sobre una supuesta presencia naval rusa y china alrededor de la isla. “Nuestros servicios de inteligencia no han detectado barcos de guerra chinos en aguas cercanas desde hace una década”, ha afirmado Rasmussen.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dejado abierta este jueves la posibilidad de que España se incorpore a una misión de vigilancia en Groenlandia, aunque ha reclamado máxima prudencia y ha instado a “no precipitar acontecimientos”, en un contexto marcado por las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre ese territorio.