La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha reivindicado la política de competencia como una aplicación técnica esencial del Estado de derecho y como una de las principales herramientas de la Unión Europea para prevenir abusos de poder en los mercados, especialmente en el ámbito digital. Ha sido durante su intervención en un desayuno informativo del Fórum Europa, en el que ha abordado los desafíos regulatorios, la presión geopolítica sobre la UE y la necesidad de garantizar mercados justos, abiertos y seguros para consumidores y empresas.
Ribera subraya que la defensa del Estado de derecho no solo es una cuestión política o institucional, sino también un principio operativo que se materializa en normas claras, coherentes y predecibles, basadas en hechos y acompañadas siempre de las debidas garantías procesales. “La competencia sirve, en cierta medida, como una aplicación técnica del Estado de derecho para prevenir abusos de poder”, afirma.
En este sentido, defiende que las capacidades de la Comisión Europea para garantizar la igualdad de condiciones en los mercados europeos funcionan, aunque reconoce que es necesario adaptar y actualizar la forma en que se aplica esta política ante los cambios acelerados del entorno económico. “Por supuesto, necesitamos modificar la forma en que aplicamos esta política de competencia”, ha admitido, apuntando directamente a la creciente relevancia de la innovación digital como uno de los grandes retos regulatorios actuales.
Innovación digital, datos y protección de los consumidores
La vicepresidenta ejecutiva ha puesto el foco en la economía digital y en la gestión de los datos como elementos centrales para el buen funcionamiento del mercado interior. Ribera insistie en que la UE cree firmemente en una economía de mercado abierta, pero advirtie de que esta apertura debe ir acompañada de reglas comunes para todos los actores, incluidos los operadores extranjeros.
“Debemos garantizar la igualdad de condiciones en el mercado interior, teniendo en cuenta que hay actores extranjeros que deben cumplir con los mismos estándares y obligaciones”, ha señalado, en referencia tanto a las normas de competencia como al uso de fondos públicos y a la necesidad de evitar distorsiones que perjudiquen al tejido económico europeo.
En este marco, destaca que la protección de los datos es particularmente importante para garantizar que el mercado sea justo y seguro para los consumidores, y alerta del riesgo de que una mala gestión genere mayores distorsiones o una “deconstrucción” de las relaciones económicas y sociales. Para Ribera, el reto no es solo evitar abusos, sino reconstruir y reforzar el Estado de derecho como fundamento de la economía global, poniendo en el centro la protección de las personas, las empresas y los resultados económicos.
El pulso de Bruselas con las grandes tecnológicas
El enfrentamiento entre la Unión Europea y las grandes plataformas digitales americanas se ha intensificado en los últimos años a raíz de la aprobación de la Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA), dos normas destinadas a limitar el poder de los llamados “guardianes de acceso” y evitar prácticas abusivas en el mercado digital.
Desde 2017, la Comisión Europea ha impuesto multas millonarias a gigantes como Google, Apple, Amazon o Meta, con sanciones que superan en conjunto los 8.000 millones de euros, principalmente por abuso de posición dominante, restricciones a la competencia y uso indebido de datos. Con la entrada en vigor de la DMA, las empresas pueden enfrentarse a multas de hasta el 10% de su facturación global, o del 20% en caso de reincidencia.
Este endurecimiento regulatorio ha generado fuertes tensiones con Estados Unidos, donde tanto las propias compañías como sectores políticos han acusado a Bruselas de “discriminación” contra empresas estadounidenses. El expresidente Donald Trump ha defendido públicamente a las grandes tecnológicas, calificando las sanciones europeas como un “impuesto encubierto” y prometiendo proteger a estas compañías frente a lo que considera un exceso regulatorio de la UE.
Pese a ello, la Comisión insiste en que la regulación no va dirigida contra empresas concretas ni contra un país, sino a favor de un mercado más justo, competitivo y transparente, que proteja a consumidores, pymes, medios de comunicación y creadores de contenido frente a la concentración de poder digital.
Presión geopolítica y defensa de las normas europeas
Durante el turno de preguntas, Ribera ha sido cuestionada por el aumento de la presión geopolítica sobre la Unión Europea, incluso por parte de socios cercanos como Estados Unidos, especialmente en relación con la regulación digital comunitaria, como la Ley de Mercados Digitales (DMA). Algunos grandes actores han criticado abiertamente estas normas y han tratado de disuadir a otros países de adoptar legislaciones similares.
Ante este escenario, la vicepresidenta ha sido tajante: “La defensa de la ley y de la política de competencia es una cuestión de principios”. A su juicio, la respuesta europea debe pasar por la coherencia interna, la actualización constante de los instrumentos regulatorios y la construcción de alianzas internacionales basadas en la cooperación.
Ribera advirte de que existen empresas y sectores poderosos que intentan socavar la confianza en el sistema, lo que hace aún más necesario que Europa permanezca unida. “Debemos mantenernos unidos a escala europea, no solo las instituciones, sino también la comunidad empresarial, para defender lo que vale”, subrayó.
Un mercado predecible y atractivo para la inversión
Lejos de presentar la regulación como un freno, Ribera defiende que un marco normativo claro y estable es una ventaja competitiva para la Unión Europea. Según explica, Europa debe seguir siendo un actor clave del mercado único, un socio creíble y un destino atractivo para la inversión, precisamente porque ofrece previsibilidad y seguridad jurídica.
“Estamos abiertos a los negocios, pero esto no debería ser un desperdicio”, afirmó, insistiendo en que las reglas del juego son conocidas y que cualquier empresa tiene derecho a impugnar las decisiones de la Comisión ante los tribunales. No obstante, recordó que la UE también tiene el derecho y la obligación constitucional, recogida en los Tratados, de defender un mercado que funcione correctamente.
En su intervención, Ribera destacó que la economía digital tiene profundas implicaciones democráticas, desde el acceso a la información y la publicidad hasta la prestación de servicios públicos y privados. Por ello, consideró imprescindible garantizar que los llamados “guardianes de acceso” estén claramente definidos y regulados conforme a la normativa vigente, fruto de años de trabajo legislativo.
Aplicación firme de la Ley de Mercados Digitales
La vicepresidenta ejecutiva ha subrayado que 2025 ha sido el primer año en el que las juntas directivas de las grandes plataformas designadas como guardianes de acceso se han centrado plenamente en el cumplimiento de sus obligaciones. En este contexto, aseguró que la Comisión está preparada para hacer cumplir la ley y defender sus decisiones cuando sea necesario.
“Nos complace y enorgullece hacer cumplir la ley siempre que sea necesario”, afirma, al tiempo que destacó el esfuerzo de la Comisión por proporcionar orientaciones y especificaciones claras a las empresas, dado que se trata de una realidad regulatoria nueva y en constante evolución.
Ribera rechazó la idea de que la UE se esté convirtiendo en un “oponente” de las grandes tecnológicas estadounidenses y defendió que el objetivo de la regulación no es ir contra nadie, sino garantizar un mercado justo. A su juicio, estas normas benefician especialmente a las pequeñas empresas, las startups digitales, los desarrolladores de aplicaciones, los medios de comunicación, los editores y los creadores de contenido.
Competitividad, IA y nuevas oportunidades
Como ejemplo del potencial de la innovación, Ribera ha citado el reciente anuncio de Equinor, que logró ahorrar 150 millones de dólares gracias al uso de inteligencia artificial en sus operaciones. “La competitividad está directamente relacionada con el uso y desarrollo adecuados de los servicios digitales”, señaló.
En este sentido, defiende que un mercado abierto y transparente, sin abusos por parte de ciertos operadores, es clave para fomentar nuevas ideas y proyectos empresariales, especialmente en un sector que no existía hace apenas dos décadas y que hoy constituye uno de los pilares de la economía global.
Ribera ha concluido reivindicando su papel al frente del equipo responsable de la Ley de Mercados Digitales y su compromiso con un diálogo abierto con la sociedad para evaluar qué funciona y qué no, incluyendo el debate sobre el uso de contenidos digitales sin permiso ni remuneración. Un enfoque que, según afirmó, busca preservar el ADN del mercado europeo y adaptarlo a los rápidos avances tecnológicos sin renunciar a los valores fundamentales de la Unión.