El Ejecutivo comunitario ultima los detalles del plan de Vivienda asequible que presentará el próximo martes. En el documento, tal y como revelan fuentes a las que ha tenido acceso Demócrata, se incluirán reformas que afectarán a la legislación europea.
Lo cierto es que la Comisión ha consultado diversas fuentes ante la elaboración del documento que busca servir como solución para la crisis que ya afecta a todo el continente. “El Consejo Europeo pide a la Comisión que presente rápidamente un plan ambicioso y global”, decían las conclusiones aprobadas por los Veintisiete en octubre que ponían el balón sobre el tejado de los de Von der Leyen.
El fin principal de la estrategia sería el de generar una nueva oleada de inversiones. “Tenemos previsto inyectar más recursos del presupuesto de la UE y revisar las normas sobre ayudas estatales, de modo que los países, las ciudades y las regiones puedan destinar más fondos públicos a viviendas sociales y asequibles”, afirmó el titular de la cartera de Vivienda, Dan Jorgensen.
Esfuerzos compartidos
En un principio, los líderes del continente planteaban la opción de que la Comisión complementase los esfuerzos de los Estados a la vez que se respetaba el principio de subsidiariedad y las competencias nacionales. Bien es cierto que las competencias de Vivienda corresponden a cada Estado miembro o, por ejemplo, como en España, a las propias comunidades autónomas.
Sin embargo, el Ejecutivo cree haber encontrado la forma de responder ante la problemática sin atacar a las competencias de las capitales. Según ha podido saber este medio, el documento incluirá medidas que estarán relacionadas con el impulso de la oferta para atajar la crisis.
¿Ómnibus sobre Vivienda?
En paralelo, un informe, que se encuentra en negociación en el Parlamento Europeo y servirá de guía para la política comunitaria en este ámbito, abre la puerta a que la simplificación normativa sirva para ampliar dicha oferta europea. Además, se propone que esta flexibilización se amplíe a los procesos de concesión de permisos para hacerlos significativamente más rápidos.
Esto pasaría por la introducción del principio de silencio administrativo positivo para la emisión de licencias de construcción. Esto iría acompañado de una movilización de terreno de propiedad pública para facilitar los procesos de zonificación. “Ha llegado el momento de acabar con todas las barreras innecesarias en lo que respecta a la planificación, la concesión de permisos y la contratación pública”, explicó Jorgensen a Demócrata.
En este proceso de elaboración de la estrategia europea, la Comisión habría mantenido contactos con algunos de los negociadores del texto de la Eurocámara. Ahí se incluye la demanda de acabar con las cargas regulatorias a lo largo de toda la cadena de valor. Para avanzar en este camino, se ha propuesto una auditoría regulatoria conjunta por parte de la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo de la legislación comunitaria que pueda estar obstaculizando la creación de nueva vivienda.
Además, en estas negociaciones se ha puesto sobre la mesa la idea de promover un sistema fiscal basado en incentivos; se consideraría beneficioso evitar el control de alquileres e introducir flexibilidad en las relaciones entre arrendadores e inquilinos.
Fuentes parlamentarias muestran su satisfacción por cómo se puedan ver estas negociaciones plasmadas en el documento comunitario final. Al igual que esperan que las principales demandas que venía reclamando la Eurocámara se introduzcan en ese plan.
No habrá topes de precios
En respuesta a una pregunta planteada por el Partido Popular Europeo, el Ejecutivo ha reconocido que no prevé regular los precios de alquiler y de compra en dicha estrategia. “Queremos subrayar que la Comisión no tiene intención de regular los precios de la vivienda como parte del próximo Plan de Vivienda Asequible”, recoge la carta enviada esta semana.
Esto llega después de que en un encuentro con la Comisión especial de Vivienda en el Parlamento Europeo, la vicepresidenta ejecutiva Teresa Ribera abrió la puerta a la posibilidad de que se estableciesen topes a los alquileres en el marco de este plan. Una medida que ahora descartan en el departamento de Von der Leyen. En el PP confían en que se apostará por “más y más vivienda, menos burocracia y seguridad jurídica para los propietarios frente a la ocupación ilegal”.
España, al telefono
Las conversaciones ante esta iniciativa no se han reducido al ámbito europeo. Desde el Ministerio de Vivienda confirman contactos con Jorgensen desde el inicio de los trabajos del actual Colegio de Comisarios. A principios de este 2025, la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, se reunió con su homólogo europeo. Aunque afirman que “a nivel técnico se ha colaborado durante todo el año”.
En Moncloa hacen hincapié en la idea de que buscar una solución a la crisis habitacional “es una tarea de todos”. En respuesta a Demócrata, Rodríguez señaló que espera que en la estrategia aparezca un apartado específico que aborde los alquileres de corta duración. “Es importante que se sigan dando herramientas a los Estados miembros para perseguir ese fraude que estamos viendo en los alquileres de corta duración”, declaró la ministra.
Una vez se concrete la propuesta comunitaria, el Consejo Europeo se posicionará al respecto sobre las reformas legislativas que en ella se planteen. España presionará para que los anclajes jurídicos que se adopten estén relacionados con los efectos del libre mercado. El Ejecutivo traslada la idea de que la Unión está en disposición de poder actuar para combatir la especulación.
Inversiones
Con todo, en el gabinete de Rodríguez apuntan a la importancia de que el nuevo plan incluya financiación adecuada para expandir el inventario de vivienda pública. En este punto podría jugar un papel relevante el Banco Europeo de Inversiones, dirigido por la española Nadia Calviño.
Pese a que en la entidad bancaria no descifran si participarán en el plan, el Banco sí que trabaja ya en una Plataforma Paneuropea de Inversión para canalizar fondos hacia viviendas sociales, residencias de estudiantes y hogares asequibles.
Así, se está trabajando para duplicar el apoyo a la vivienda a través de la Política de Cohesión. Defienden en Bruselas que en el próximo Marco Financiero Plurianual se garantizará que los Estados y las Administraciones locales puedan destinar más fondos a este asunto.
Junto con esto, se revisarán las normas sobre ayudas estatales para tratar de permitir que las inversiones puedan ser flexibles en este sector. Esto no solo abordaría la escasez de viviendas, sino que también estimularía la economía al canalizar fondos hacia la construcción y renovación.
De las palabras de los miembros de la Comisión se deduce el reconocimiento por del «papel vital» de la inversión privada. Aun así, se tomarán medidas contra la «especulación egoísta» y la financiarización del parque de viviendas.
Cuestión social
El propio comisario europeo adelantó que se va a incluir una nueva legislación que afectará a los alquileres de corta duración. “El alquiler de una segunda vivienda o de una habitación en la vivienda familiar aporta ingresos adicionales a los hogares”, afirmó el danés.
La Comisión está convencida de que no puede dejar que “las prácticas abusivas expulsen a la población local de sus barrios”. “Encontraremos el equilibrio adecuado con un enfoque firme pero justo, sin olvidarnos de los más afectados por esta crisis: nuestros jóvenes, especialmente los estudiantes, y las personas sin hogar”, desgranó Jorgensen ante un plan para que la vivienda “no sea un privilegio”.
En su momento, el Ejecutivo encargó a un grupo de quince expertos la elaboración de una propuesta preliminar. Ese informe acabó marcando la necesidad de introducir un cambio de paradigma para que este sector se entendiese como una infraestructura social esencial.
Dichas recomendaciones abogaban por impulsar la coordinación entre las instituciones comunitarias y los organismos nacionales competentes en hasta seis carpetas distintas, como podría ser el sinhogarismo y la financiación de desarrollos asequibles.