QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Los líderes de los Veintisiete cierran esta semana el año en Bruselas con la última cumbre del Consejo Europeo. Los más optimistas en la capital comunitaria pronostican negociaciones de dos días, los más escépticos barajan la opción de que las conversaciones se puedan prolongar hasta el sábado. En realidad, es un único punto el que puede hacer que las discusiones se enquisten.
Podría ser la última bala de la Comisión Europea para alcanzar un acuerdo sobre la movilización de los activos rusos congelados en bancos europeos para financiar la reconstrucción en Ucrania. Si bien es verdad que, en los últimos días, los Estados miembros han ido dando pasos que podrían desembocar en un acuerdo.
Las capitales dieron luz verde, con el voto en contra de Hungría y Eslovaquia, a la inmovilización de estos fondos hasta que “el Kremlin termine la guerra”, recurriendo al artículo 122 del reglamento y a una mayoría cualificada. Si bien es cierto, esta decisión ha levantado algunas dudas sobre su legalidad, así como sobre la posible intromisión del Ejecutivo en competencias que no le corresponderían. España está entre los países más favorables a la medida. Cabe recordar que el grueso de estos 210.000 millones se encuentra en la entidad Euroclear, con sede en Bélgica.
“En nuestra próxima reunión, debemos decidir cómo implementar nuestro compromiso. Mientras escribo esta carta, continúan los esfuerzos diplomáticos para lograr una paz justa y duradera en Ucrania”, trasladó a través de una misiva el presidente del Consejo, Antonio Costa. El dirigente celebró el paso dado por las capitales para dicha inmovilización, apuntando que el próximo paso sería “asegurar las necesidades financieras de Ucrania para 2026-27”. La Moncloa se siente cómoda con esta propuesta porque, según expresó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, “estamos de acuerdo en la urgencia de la necesidad que tiene Ucrania en términos de financiación y en la urgencia, por tanto, de ser capaces de tomar una decisión”.
El próximo año será clave en cuanto a las negociaciones de cara al nuevo Marco Financiero Plurianual. De hecho, los Veintisiete tendrán que llegar a un acuerdo antes de finales de 2026 si quieren cumplir el calendario estipulado para implementar los nuevos programas de financiación desde principios de 2028. España se muestra contraria al modelo de gobernanza que presenta este plan y algunas voces ya califican de “maquillaje” a los cambios presentados por la Comisión Europea al respecto. El equipo de Von der Leyen augura, por esta razón, que las negociaciones que ahora se abren sean largas y difíciles.
¿Cómo lo ven en en Spinelli?
Antes de la cita en la rotonda Schuman, los eurodiputados, como es habitual, discutirán en Estrasburgo las prioridades que deberían seguir los líderes. Durante el Pleno, es previsible que los discursos se centren en los esfuerzos para garantizar una paz justa para Ucrania, las relaciones con los Estados Unidos y la autonomía estratégica de la Unión.
En declaraciones a Demócrata, el jefe de la delegación española de los socialistas, Javier Moreno, manifiesta la necesidad de que la Unión pase a asumir una mayor responsabilidad y utilice “los activos rusos congelados para reforzar la defensa de Ucrania y financiar la reconstrucción en beneficio de su pueblo”.
Los socialistas defienden que los intentos que viene liderando la Casa Blanca por acordar un plan de paz en Kiev se deben basar “en el derecho internacional, el respeto a la integridad territorial y la plena soberanía del país”.
Moreno revela que para su grupo es prioritario dibujar una respuesta europea al nuevo contexto internacional “marcado por la nueva Estrategia de Seguridad de Trump que trata a la Unión Europea como un adversario”. “Esta nueva situación tiene efectos claros sobre nuestra economía y nuestra seguridad en un sentido amplio, que incluye no solo la defensa, sino todos los ámbitos económicos y sociales”, justifican.
¿La solución? En las filas socialistas parecen tenerlo claro: “avanzar en nuestra autonomía estratégica, con más inversión para la industria, la energía y la innovación, y tejer nuevas alianzas o reforzar las existentes con otras regiones del mundo, como los acuerdos con México y con Mercosur, que son claves para nuestro futuro”.
Por su parte, ante las discusiones sobre el presupuesto de la Unión a largo plazo, el eurodiputado popular Adrián Vázquez explica que, en un momento como el actual, “alcanzar posiciones comunes que defiendan los intereses de todas las Comunidades Autónomas” no “solo es necesario, sino que es más urgente que nunca”.
Las discrepancias de los populares con la propuesta del MFP del Ejecutivo se basan en un punto fundamental. “Renacionalizar el presupuesto sería un paso atrás en la construcción de la ciudadanía europea”, resume Vázquez, a la vez que apunta que “Europa no puede convertirse en un simple cajero de los gobiernos nacionales”.
“Es imprescindible contar con un presupuesto definido, claro y suficiente para cohesión, agricultura y pesca”, fijan desde la bancada azul. Advierten que, de no equilibrarse las partidas o aumentarse la dotación total, el Marco Financiero “corre el riesgo de no superar el filtro del Parlamento Europeo”.
En La Izquierda piden a los Veintisiete “un ejercicio de coherencia y credibilidad” en la acción exterior de la Unión. En un análisis con Demócrata, el eurodiputado valenciano Vicent Marzà reclama una revisión de la política comercial comunitaria “sin precipitar aquellos acuerdos que no están maduros (como el de India o Mercosur)”.
Desde el ala progresista del Parlamento apuntan a evitar sucumbir a los intereses de Trump o de cualquier otra potencia que busque debilitar al continente. “Europa debe proteger sus sectores estratégicos, al mismo tiempo que construye alianzas verdaderamente win-win que impulsen el desarrollo sostenible del Sur Global”, sentencia Marzà.
Un paso más allá que los socialistas, piden “mucha más transparencia” en el marco del Global Gateway. Un instrumento que, para Marzà, “debería ser una herramienta para fortalecer la cooperación, no un instrumento opaco al servicio de prioridades corporativas poco estructuradas”.
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Y nos dieron las diez…
Sobre la mesa de los Veintisiete también estarán puntos como la nueva política migratoria comunitaria, que la izquierda tacha de “vergüenza colectiva”, y para la que la derecha propone “criterios firmes y justos para distinguir entre la legal y la ilegal”. Junto con esto, discutirán los nuevos pasos hacia la ampliación del proyecto comunitario y los cumplimientos por parte de los países candidatos de los distintos capítulos de adhesión.
En noviembre, la Comisión Europea hizo públicos los informes de 2025 sobre los procesos de adhesión abiertos, lo que viene a ser un examen sobre en qué punto está cada candidato, entre ellos Ucrania. En el texto se destacan los avances sobre los ítems que las capitales han ido cumpliendo para acelerar el proceso, pero, sobre todo, se pone énfasis en aquellos asuntos pendientes para culminar dicho recorrido.
El país que dirige Volodímir Zelenski se ha alineado prácticamente al completo con la política exterior europea, a la vez que mantiene abiertos los retrasos en materia de independencia judicial y transparencia, según el documento.
“Como siempre, me esforzaré por mantener nuestra reunión para un día. Pero mi principal prioridad es cumplir con las decisiones importantes que deben tomarse, a saber, sobre la financiación de Ucrania”, dice Costa ante unas jornadas que no se prevén ligeras en la capital comunitaria.
