Moncloa llegaba a la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en Bruselas con sus cartas a favor. Iba a ser la primera vez que se abordase en una cumbre de estas características el asunto de la vivienda, algo que en el Ejecutivo venían exigiendo desde el inicio de la actual legislatura europea. Además, en el orden del día estaban reflejados otros puntos en los que el presidente Pedro Sánchez suele sentirse cómodo a la hora de debatir: Oriente Medio, Ucrania y los objetivos climáticos.
Vivienda
Durante las discusiones, Sánchez ha propuesto que se articulen medidas legales para limitar la compra de vivienda de uso no residencial. Junto con esto, ha pedido medidas palanca que sean capaces de hacer frente a las zonas tensionadas, entre otras cuestiones, por el turismo. La última iniciativa que ha propuesto el Ejecutivo español ha sido la de un fondo europeo destinado exclusivamente al asunto de la vivienda asequible. “Estamos hablando de un problema europeo que compartimos todos los ciudadanos del continente”, ha explicado el líder socialista.
Fuentes cercanas al presidente se muestran satisfechas por las conclusiones adoptadas en este punto y explican que durante la jornada se ha podido ver que esta cuestión supone una preocupación compartida en el territorio comunitario. En concreto, el Consejo ha aprobado:
«A la luz de los problemas de vivienda a los que se enfrentan muchos ciudadanos de la Unión Europea, incluido el acceso a una vivienda asequible, El Consejo Europeo pide a la Comisión que presente rápidamente un plan ambicioso y global sobre vivienda asequible, cuyo objetivo sea apoyar y complementar los esfuerzos de los Estados miembros, también en el marco de la agenda de simplificación, respetando el principio de subsidiariedad y las competencias nacionales«, dice el comunicado final de la cumbre.
En declaraciones a la prensa al concluir los debates, Sánchez ha reincidido en la idea de que «hablar del pilar social, exige atender la emergencia habitacional» y ha asegurado que lo han «defendido desde la familia socialista europea». Pese a que las conclusiones alcanzas se encuentran lejos de las peticiones marcadas por Moncloa, el presidente ha asegurado que se siente «satisfecho» con que el tema se haya convertido en una prioridad europea. «Ningún socio ha expresado lo contrario», ha concluido.
Transición ecológica
Los Veintisiete han llegado a la conclusión de la necesidad de establecer un objetivo climático intermedio de cara a 2040 “que tenga en cuenta la contribución realista de las absorciones de carbono”, sin que otros sectores lleguen a pagar el precio si esas absorciones fallan. Así, se ha destacado que la Unión debe contribuir a la reducción global de las emisiones de forma ambiciosa sin perder de vista la rentabilidad. Por este motivo, se ha reclamado una cláusula de revisión que sirva para ajustar el objetivo según los avances científicos.
El Gobierno vincula el debate sobre la competitividad, en el que los dirigentes han apostado por la simplificación regulatoria, a la transición energética. En ese punto, la discusión se ha centrado en torno a la revisión de la ley de cambio climático, que plantea la descarbonización total europea de cara a 2050. España avala la posición adoptada porque justifica que está inspirada en los planteamientos de la actual vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, Teresa Ribera, ex titular de la cartera de Transición Ecológica en el Ejecutivo de Sánchez. Ahí, Moncloa ha explicado su predisposición a introducir cláusulas de flexibilidad siempre y cuando no se desvirtúen las metas estipuladas para 2040.
En cuanto al punto sobre simplificación, en el que los Estados miembros han instado a la Unión a aprobar rápidamente los paquetes de simplificación sobre sostenibilidad, diligencia debida, agricultura, digitalización, defensa y productos químicos, antes de 2026, los de Sánchez han trasladado su apoyo. Sin embargo, no han ocultado su preocupación por el hecho de que esta simplificación pueda derivar en un exceso de desregulación. Una conversación que se ha producido la misma semana en la que el primer paquete de simplificación, conocido como Ómnibus I, ha caído en el Pleno del Parlamento Europeo por la ruptura de la disciplina de voto en el seno de la familia socialista.
A lo largo de este bloque, según narran fuentes presentes, se ha desarrollado el “primer debate serio” sobre la soberanía digital europea con la idea de reducir las vulnerabilidades que se detectan en asuntos
Paz en Oriente Medio
Sánchez ha pedido a sus homólogos europeos seguir manteniendo la presión sobre todas las partes involucradas en el conflicto en la Franja de Gaza. El Ejecutivo piensa que se deberían mantener las sanciones, que la UE ya ha anunciado que congelará, así como suspender el acuerdo comercial que Bruselas mantiene con Israel.
Así, el gabinete del presidente ha trasladado la importancia de que la ayuda humanitaria entre en los territorios afectados en cantidades razonables. La propuesta española pasa por impulsar la coordinación europea para estudiar de qué manera se va a insertar Europa en el sistema de gobernanza en la Franja, y plantean reflexionar sobre el rol que jugará el continente.
Apoyo financiero a Ucrania
El asunto que ha enquistado las negociaciones ha sido la posibilidad de desbloquear los activos rusos congelados, por valor de 140.000 millones de euros, para ofrecérselos como préstamos a Kiev. Desde el principio, Estados como Bélgica habían puesto sus cartas sobre la mesa exigiendo respaldos legales que esquivasen posibles riesgos futuros en cuanto a su devolución.
Finalmente, los líderes han llegado a un consenso que fuentes comunitarias tildan como “tibio”, por el que se invita a la Comisión Europea a buscar nuevas medidas de apoyo financiero al país de Volodímir Zelensky. El Gobierno español detalla que en ningún momento de las conversaciones se ha visto la voluntad de llegar a una decisión definitiva y se emplaza a la próxima cumbre de diciembre.
Al ser preguntado por el compromiso español con la OTAN, Sánchez ha hecho uso de la actuación de dos cazas rusos en el espacio aéreo de Lituania para tratar de ejemplificar que el país «es un socio confiable de la Alianza».