En un momento en el que Europa parece girar hacia posiciones más conservadoras en las políticas relacionadas con el cambio climático, un grupo de cinco países —entre ellos España— ha dado un golpe sobre la mesa. Reclaman mantener intacta la actual arquitectura verde comunitaria, incluido el sistema de comercio de emisiones, frente a posturas contrarias como la de Italia.
España, Dinamarca, Finlandia, Portugal y Suecia consideran que este sistema de créditos de carbono sigue siendo el instrumento más “eficaz y eficiente” con el que cuenta la Unión Europea para reducir emisiones y orientar la inversión. Estos países señalan que un precio robusto del carbono es una de las piezas “indispensables” para la transformación industrial de Europa.
Presión de Italia contra el mercado de carbono
En febrero, el ministro italiano Adolfo Urso pidió acabar con el mercado de carbono, al menos hasta que la Comisión Europea presente la nueva reforma prevista para el próximo trimestre. “Todos somos conscientes de que el mecanismo del ETS, tal como está redactado actualmente, es solo un impuesto, una tarifa para las empresas de alto consumo energético que luchan por mantenerse competitivas”, expresó entonces.
El Gobierno de Giorgia Meloni, junto con Hungría o Polonia, trata de alertar de un supuesto “colapso de la industria química” para que las instituciones comunitarias no esperen al momento de las negociaciones “para encontrar una solución”. En esta alianza se sitúan también Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia, que pretenden proteger sus industrias estratégicas y otorgarles lo que denominan “alivio inmediato”.
Ante este escenario, las capitales firmantes del texto remitido al presidente del Consejo Europeo, António Costa, sostienen que estos intentos socavarían la confianza de los inversores, penalizarían a quienes se han adelantado en la transición y ralentizarían la transformación de las economías europeas. Los países apuntan que la eliminación progresiva de la asignación gratuita de derechos de emisión garantizaría incentivos para que la industria avance en la descarbonización.
No obstante, dejan abierta la puerta a “ajustes técnicos” siempre que no comprometan la previsibilidad ni la integridad del sistema. Para la delegación española, estos ajustes solo deberían considerarse para preservar la estabilidad de la señal de precios en periodos de volatilidad, sin comprometer su finalidad ni su capacidad de incentivar la descarbonización.
Fuentes del Gobierno de Pedro Sánchez subrayan que los ingresos procedentes de las subastas del ETS son relevantes para apoyar el desarrollo de tecnologías limpias en Europa.
Un EUCO en el horizonte
Esta posición llega una semana antes de la reunión del Consejo Europeo en Bruselas, que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete y que tendrá la política energética en el centro de su agenda. España quiere que la cita sirva para reafirmar el compromiso colectivo con la ambición climática. “Confiamos en que nuestras conclusiones reflejen esa visión y marquen el rumbo hacia una acción decisiva en los próximos meses”, concluye la misiva remitida este jueves.
Desde La Moncloa aseguran que avanzar hacia la descarbonización es esencial para preservar la competitividad económica, garantizar el futuro de la industria europea, reforzar la seguridad de la Unión y reducir el precio de la energía.
Claves de la revisión de la ley del precio del carbono
Las conversaciones sobre la revisión de la ley de fijación del precio del carbono en la Unión Europea, que regula cuánto deben pagar las industrias por sus emisiones, se prolongarán durante el primer semestre del año. Existen puntos críticos, ya que la normativa afecta directamente a las industrias más contaminantes. Entre los aspectos en discusión está la eliminación progresiva de la asignación gratuita de derechos de emisión, que desaparecerá completamente en 2034.
Además, cuando el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) esté plenamente operativo, habrá un control total sobre el CO₂ importado y producido. Uno de los debates centrales gira en torno a la velocidad con la que las empresas deberán reducir sus emisiones, así como a la posibilidad de compensarlas mediante proyectos de reducción de CO₂ en otros lugares.
Alcance de la reforma
La reforma representa un cambio profundo en el ecosistema empresarial europeo. El sistema pasa de ser una herramienta principalmente ambiental a convertirse en un pilar central de la estrategia económica y financiera de la Unión Europea. La Comisión Europea pretende cubrir aproximadamente el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero, mediante la inclusión de nuevos sectores y el refuerzo de los ya existentes.
El ETS ya incluye al sector marítimo para grandes buques desde 2024, con la obligación de entregar el 100% de los derechos de emisión a partir de 2027. Las compañías también deberán prepararse para la posible inclusión de buques más pequeños.
En el sector de la aviación se están empezando a monitorizar los efectos no relacionados con el CO₂, como los óxidos de nitrógeno, lo que podría ampliar el alcance del sistema y aumentar los costes de cumplimiento.
De cara a julio, el Ejecutivo comunitario evaluará también la inclusión de la incineración de residuos municipales en el ETS, lo que implicaría requisitos de cumplimiento desde 2028. Las empresas del sector tendrían entonces que invertir en eficiencia energética o en tecnologías de captura de carbono para mantener su rentabilidad.
Además, los servicios de la Comisión analizan la posible incorporación de instalaciones con una capacidad inferior a 20 MW, lo que afectaría a sectores como el refinado de aceites y el procesamiento de metales no ferrosos, hasta ahora exentos.
Incentivos a la innovación
En Bruselas se estudia el diseño de nuevos mecanismos para incentivar la innovación tecnológica, permitiendo que las emisiones negativas se conviertan en activos estratégicos. Actualmente se están definiendo metodologías para certificar tecnologías como la captura directa de aire y la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS).
Para el sector empresarial, esto abriría la puerta a modelos de negocio basados en emisiones negativas para compensar emisiones difíciles de eliminar. Las compañías también podrán reducir sus obligaciones de entrega de derechos de emisión si el CO₂ queda químicamente fijado de forma permanente en productos, como los carbonatos minerales utilizados en la construcción.
Al mismo tiempo, la Comisión estudia cómo incentivar también el uso no permanente de CO₂ (CCU) a lo largo de la cadena de valor.
Del ETS al CBAM
El modelo de protección de la industria europea está evolucionando desde la asignación gratuita de derechos hacia el mecanismo CBAM. Los sectores que no estén cubiertos por este sistema seguirán recibiendo asignaciones gratuitas, pero basadas en los estándares del 10% de las instalaciones más eficientes.
Uno de los puntos más sensibles para la planificación empresarial es el llamado “escenario final”, en el que la oferta de derechos de emisión tendería a cero. El mecanismo de reserva de estabilidad del mercado (MSR) regula actualmente la oferta de derechos para evitar volatilidad. La revisión prevista para julio ajustará sus umbrales, lo que podría afectar directamente al precio del carbono y al flujo de caja de las empresas intensivas en energía.
Bruselas no busca únicamente imponer costes. Parte de los ingresos generados por la subasta de derechos se destina a fondos de innovación y modernización para apoyar proyectos bajos en carbono. A ello se sumará el Banco de Descarbonización Industrial, propuesto para 2026, que pretende movilizar hasta 100.000 millones de euros en inversiones para sectores intensivos en energía.