Hace 365 días, Valencia y sus alrededores sufrieron una de las mayores catástrofes naturales registradas en el continente europeo. La lluvia y sus derivadas arrasaron noventa municipios valencianos. El resultado: 229 fallecidos y una región por reconstruir. Desde entonces, la Unión Europea está trabajando en la forma de responder ante la tragedia y participar en la reconstrucción. Sin embargo, el foco no está únicamente en la reparación: el reto es garantizar que, si vuelve a ocurrir, existan mecanismos para evitar lo sucedido.
“La abrumadora magnitud del sufrimiento humano observado en la Comunidad Valenciana y en toda España nos ha conmovido profundamente”, declaró la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen. La Comisión Europea propuso al Parlamento y al Consejo asignar a España una ayuda de 945 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la UE (FSUE) para reforzar la recuperación.
La eurodiputada socialista Sandra Gómez (1985) ha sido la encargada de elaborar la propuesta de informe de la Eurocámara para movilizar los recursos. Gómez, que fue vicealcaldesa de Valencia durante ocho años y actualmente es la coordinadora de su grupo en la Comisión de Peticiones, afirmaen conversación con Demócrata que las ayudas planteadas únicamente cubrirán el 10 % de los daños causados.
De esta forma, su informe detalla la magnitud de las consecuencias en cada región, superando los umbrales de desastre mayor y regional del FSUE. A lo largo del texto, la Eurocámara expresa su solidaridad con las víctimas y subraya la creciente necesidad de invertir en medidas de mitigación y adaptación climática, recomendando la rápida aprobación de la ayuda como muestra de apoyo de la Unión.
Pregunta: ¿Está haciendo Europa más que otras instituciones por los afectados de la DANA?
Respuesta: El Gobierno de España ha tenido una implicación desde el primer día para ayudar; ahí están los datos, tanto de ayudas como de inversiones que se han realizado. Ahora, Europa sí que está haciendo todo lo que está en sus manos para cumplir con su parte de responsabilidad en el territorio.
Cuando ocurrió la emergencia, se activó el sistema Copernicus y las ayudas de Protección Civil. En el momento de la reconstrucción, se ha activado una aportación histórica del Fondo de Solidaridad, que va dirigida a cubrir los daños causados por catástrofes naturales. Nuestro país va a ser beneficiario de unas partidas que suponen casi mil millones de euros.
Aun así, tenemos que destacar que lo que sí ha ejercido Bruselas es una empatía y una humanidad que la Generalitat Valenciana, por ejemplo, no ha tenido. Se vio cuando las instituciones comunitarias recibieron a las entidades que representan a las víctimas; eso no se ha hecho siquiera en Valencia.
Se reunió con ellas la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; la vicepresidenta Teresa Ribera y la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola. Gracias al trabajo de los socialistas, conseguimos que vinieran a la Comisión de Peticiones de la Eurocámara. En ese sentido, podemos decir que Europa está a la altura.
Aún así, somos críticos y exigentes, y también entendemos que se puede hacer más.
P: ¿Cómo define el valor de la decisión de movilizar este fondo social del que habla?
R: Es una ayuda que alcanza casi los mil millones de euros, algo histórico en el seno de la Unión. Nunca el Fondo de Solidaridad había movilizado tal cantidad de dinero para un territorio. Lo que observamos es que, por desgracia, no deja de suponer el 10 % del total del daño causado. Por eso entendemos que Europa debe ir más allá.
La propuesta que acompaña nuestro informe exige a la Comisión Europea que, de cara al próximo marco financiero, se dote de más presupuesto al Fondo de Solidaridad. La realidad es que este tipo de catástrofes son cada vez más frecuentes y, a la vez, más dañinas.
Este tipo de fenómenos está afectando de manera más extrema a nuestros territorios. Estamos viendo cómo la intensidad y la frecuencia son cada vez mayores. Por lo tanto, no podemos mantenernos con el Fondo de Solidaridad que se diseñó para otro momento histórico.
Para que se entienda: este es un fondo que fue diseñado hace mucho tiempo. Hay que redefinirlo y adaptarlo a las nuevas necesidades. Aunque hacemos una valoración positiva de lo que va a recibir nuestra tierra por la DANA, en realidad sigue siendo insuficiente.
P: Ahora que empiezan las negociaciones sobre ese próximo Marco Financiero Plurianual, ¿cómo se puede introducir esta expansión de las ayudas?
R: De cara a ese próximo presupuesto, hemos exigido que se dote de mayores cuantías. Es algo muy sencillo: se trata de meter más dinero. En la propuesta de la Comisión esto no se ve reflejado. Es una de las cuestiones por las que nosotros queremos trabajar de aquí a 2027. Se trata de que esa exigencia sea contemplada, porque la realidad es que, al final, por desgracia, el fondo se va a agotar.
No solo tenemos que poder ayudar a más territorios, sino que, como hablábamos antes, los daños son cada vez mayores. Pensemos que cuando es un daño grave, la cuantía es del 10 % del total de los daños causados, lo que en Valencia serán esos mil millones. Bien, en las tragedias que se consideran menos graves se cubre únicamente el 2 %.
Lo dicen los científicos, los estudios y las personas que trabajan en este tema. Los fenómenos naturales en todo el arco mediterráneo van a ser cada vez más frecuentes. Resulta necesario, entonces, adaptar los recursos de los que disponemos para defendernos.
P: ¿Estaría Europa preparada ahora si una catástrofe así vuelve a suceder?
R: Lo que nosotros estamos planteando, en paralelo a la movilización de los fondos de solidaridad, es que dentro de los fondos de cohesión se introduzcan nuevos criterios. Se trataría de un parámetro para dotar a nuestras infraestructuras de la resiliencia necesaria para hacer frente a este tipo de situaciones. Buscamos que no solo se hable de cómo destinar dinero a reparar los daños, sino que el dinero vaya justamente a prevenirlos. Hay que invertir en prevención, no en reparación.
Necesitamos presupuestos para resiliencia, para preparación. Para que cuando venga una riada, como la que hemos sufrido, nuestras infraestructuras logísticas —trenes, aeropuertos, carreteras, puentes— estén mejor preparadas. Esto no quiere decir, obviamente, que no vayan a sufrir daños, pero al menos que los daños no sean tan catastróficos como lo ocurrido hace un año.
P: Algunos municipios han mostrado su preocupación por la agilidad con la que los fondos podrían llegar.
R: En estos casos hay que explicar que los fondos ya los ha adelantado España. Para que se entienda mejor, no es que aquí nadie haga nada hasta que Europa movilice los fondos. Cualquiera puede ver que en los municipios afectados el tren funciona, que la V-30 está operativa casi desde el primer mes. Esto demuestra que la inversión está hecha. El Gobierno de España ha cumplido con su parte y no se ha esperado a que Europa “venga a arreglarlo”.
Lo cierto es que ha habido un trabajo enorme de reurbanización y reconstrucción de nuestros municipios durante estos meses. Por supuesto, aún queda mucho por hacer.La celeridad de este tipo de fondos es importante, pero también quiero dejar claro que la inversión ya está hecha por parte del Ejecutivo.
P: ¿Cómo se explica que el primer sitio donde comparecieron las asociaciones de víctimas fuera el Parlamento Europeo hace apenas un mes?
R: Efectivamente. No fue un camino fácil llegar hasta esa comparecencia. Los socialistas insistimos hasta conseguir que la Comisión de Peticiones les recibiera. Es el Partido Popular el que ha estado bloqueando que las víctimas de la DANA pudieran venir a Bruselas. Tendrían que haber venido mucho antes, en el momento en que se presentó la primera petición, después de la Navidad del año anterior.
A lo largo de estos meses, reunión a reunión, han ido paralizando la celebración de la comparecencia. Sí que es una buena noticia y hay que poner en valor que finalmente se consiguiera, pero no voy a dejar de recordar nunca el maltrato político que hemos vivido. Se les estaba vetando, por parte del PP, de forma irracional, por un tema partidista. La Comisión de Peticiones está para escuchar a los ciudadanos.
Si existía una causa para el que este organismo tenía plenas competencias, era para las víctimas. Era un sinsentido también desde el punto de vista de para qué sirve este comité. Por fortuna, los parámetros aquí son otros y no pueden hacer lo que están haciendo en otras instituciones. Aquí, los populares conviven con otros países que tampoco entendían este veto.
Dicho esto, vinieron y pudieron expresar su denuncia. Se sintieron reconfortadas de que hubiera una institución que pudiera escucharlas.
P: Comenta que en otras delegaciones sorprendía este bloqueo, ¿así se lo trasladaban?
R: Yo lo he vivido en primera persona. Fui la coordinadora del comité y hablaba con el resto de capitales, también con el Partido Popular Europeo. Es cierto que no entendían la postura de Génova en este asunto, porque era evidente que tenían que venir; encajaba con el objetivo último del organismo.
P: Sugiere que se percibe una mayor sensibilidad en el Partido Popular Europeo que en la propia delegación española.
R: La mayor muestra de deslegitimación que ha sufrido el PP español en estos últimos meses en el Parlamento Europeo es que sus jefas, porque son sus responsables en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea, las recibieran. Fue la respuesta ante las noticias que cada vez más se recogían sobre la negación a que las víctimas pudieran acudir a la Eurocámara.
Repito la idea: tanto von der Leyen como Metsola quisieron corregir la posición de la familia popular española.
P: ¿En qué punto está la posibilidad de que una delegación de eurodiputados viaje a España para conocer desde el territorio lo sucedido?
R: Nosotros hemos propuesto, tanto en la Comisión de Peticiones como en la Comisión de Presupuestos, que gestiona el Fondo de Solidaridad, que haya una misión del Parlamento. El objetivo era estar en los municipios para hacer una valoración de los daños junto a la ciudadanía. Nuestra voluntad es conseguir incrementar los fondos y las ayudas; para eso era importante estar en el territorio. Queríamos que se pudiera conocer de primera mano todo lo sufrido.
Era una misión bien argumentada política y plenamente encajable en las competencias que tenemos como Parlamento. El Partido Popular la vetó. No quieren bajo ningún concepto que los eurodiputados viajen a Valencia. Tratan de esconder la tragedia y quitar el foco todo lo que puedan. Nosotros defendemos que los recursos aumentarán si el resto de los países conocen lo que sucedió.
P: El PP ha explicado que están dispuestos a que esa misión se produzca si el objetivo de esta se amplía a todas las instituciones, incluido el Ejecutivo central.
R: Lo que plantean no es cierto. El programa todavía no estaba hecho. Una vez se registra la propuesta, el programa de la misión se pacta entre todas las familias políticas.
Desde el primer momento, pusimos sobre la mesa la posibilidad de que la misión se reuniera tanto con el vicepresidente de la reconstrucción de la Generalitat Valenciana, como con la comisaria del Gobierno de España o la delegada Pilar Bernabé.
La idea era diseñar una misión que recogiera todas las voces y todos los puntos de vista. Que no nos confundan: son excusas para evitar poner el foco en Valencia. Es incómodo para ellos. Todo el mundo está de acuerdo en que la gestión de la tragedia fue un desastre y que Carlos Mazón fue un completo irresponsable.
P: En los planes de trabajo de la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados, se incluye el nombre de la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario, Teresa Ribera, como una de las comparecientes. ¿Cómo se puede ver esto en Europa?
R: No tiene ningún tipo de trascendencia. El Partido Popular intentó utilizar la DANA para intentar romper la candidatura de Ribera a la Vicepresidencia. Se trató de emplear cualquier argumento para torpedear su nombramiento, y la verdad se ha abierto paso.
Hoy hay un procedimiento judicial en el que hay distintos cargos de la Generalitat Valenciana imputados. Pese a la voluntad de algunos abogados —que vienen de la extrema derecha— de intentar hacer responsable a la delegada del Gobierno o a la vicepresidenta, la determinación de la jueza instructora ha demostrado que no tenían responsabilidad alguna.
Es un tema que está zanjado. La responsabilidad era de los dirigentes autonómicos, que son los que tenían la competencia en materia de prevención y de emergencias. El problema es que ese día fueron unos absolutos irresponsables. No prepararon a la población civil para la emergencia, pese a tener toda la información encima de la mesa.