El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha ratificado que España no violó los derechos políticos de Oriol Junqueras, Jordi Turull y Jordi Sànchez al mantenerlos en prisión preventiva tras los acontecimientos de 2017 relacionados con el procés. Un panel de cinco jueces rechazó este lunes la petición de los demandantes de que la Gran Sala revisara el caso, consolidando así la decisión publicada en noviembre de 2025.
Los exlíderes independentistas alegaban que su detención preventiva les impidió participar en procesos políticos en Cataluña, a pesar de haber sido elegidos para cargos institucionales. Argumentaron que las acciones judiciales buscaban silenciar una alternativa política e intimidarlos para abandonar la política.
El TEDH, sin embargo, indicó que las autoridades nacionales actuaron sopesando los intereses en juego, y que dichas medidas no afectaron la libre expresión del pueblo ni la esencia de sus derechos políticos.
La vía de la Gran Sala
El artículo 42 del Convenio Europeo de Derechos Humanos permite, en casos excepcionales, que las sentencias de una sala del TEDH sean revisadas por la Gran Sala. Un panel de cinco jueces de este órgano decide si se acepta la revisión, evaluando si el caso plantea cuestiones graves sobre la interpretación o aplicación del Convenio. En este caso, la solicitud fue rechazada.
Detención preventiva y participación política
Junqueras, Turull y Sànchez fueron mantenidos en prisión preventiva tras las manifestaciones de septiembre de 2017 y el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre. Según los demandantes, estas medidas les impidieron ejercer como diputados y participar en campañas electorales.
El TEDH concluyó que su prisión preventiva y la denegación de libertad provisional no fueron incompatibles con sus derechos a ser elegidos y ocupar cargos parlamentarios. Además, los jueces recordaron que los demandantes enfrentaban procesamientos por delitos graves, lo que justificaba las restricciones temporales.
La prueba de la participación política
El tribunal señaló que los partidos de Junqueras, Turull y Sànchez pudieron presentar candidatos en las elecciones del 21 de diciembre de 2017, y que la coalición independentista propuso a Sànchez y Turull para la presidencia de la Generalitat a pesar de su detención preventiva, lo que refuerza la decisión de que su participación política no fue bloqueada de manera ilegítima.