“El trabajo continúa”, afirmó la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, tras una reunión virtual con la líder del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, y la primera ministra danesa Mette Frederiksen sobre la arquitectura del próximo presupuesto para 2028-2034. Horas antes, la Comisión había planteado la posibilidad de introducir cambios a su propuesta inicial. El objetivo: contener las críticas de un Parlamento que deberá dar su aprobación final y ya ha censurado prácticamente en su totalidad los primeros borradores.
La tensión entre instituciones se explica por los cambios que los de Von der Leyen quieren llevar a cabo respecto a los Marcos Financieros Plurianuales anteriores. La actual propuesta busca “tener una capacidad estructural más sólida para adaptarse a lo inesperado”. ¿Cómo? La idea en el Ejecutivo pasa por impulsar la flexibilidad.
Sin embargo, los principales grupos de la “mayoría Von der Leyen”, conformada por PP, PSOE, Liberales y Verdes, rechazan este punto porque utiliza el modelo del Fondo de Recuperación y Resiliencia (MRR) como «modelo para el gasto en gestión compartida después de 2027».
Así lo expresaron en una misiva conjunta remitida en octubre, que pudo leer Demócrata. Ahí Afirmaban que con el nuevo MFP se corría el riesgo de convertir la Unión en una “Unión a la carta”. De fondo, estaba el temor a una “re-nacionalización” donde las decisiones nacionales centralizadas pasarían por alto las prioridades de la UE.
El paso atrás de Von der Leyen
Ahora, la presidenta busca ganarse la confianza de aquellos que la invistieron hace poco más de un año con algunos cambios. En un texto remitido el domingo a Metsola y al que ha tenido acceso Demócrata, Von der Leyen abrió la puerta a reforzar significativamente el papel de las autoridades regionales y a revisar los Planes de Colaboración Nacional y Regional (PCNR).
En el texto, se prevé explícitamente la posibilidad de que existan capítulos regionales o territoriales dentro del Plan PCNR. Además, se propone que las autoridades regionales y territoriales responsables del diseño, programación, gestión e implementación del Plan puedan interactuar directamente con la Comisión.
La flexibilidad de la Comisión se lograría fusionando políticas y fondos —se ha propuesto combinar catorce fondos existentes—, pero el Parlamento exige mantener la estructura separada de las políticas clave.
Sobre las asignaciones regionales, para asegurar un nivel mínimo de previsibilidad y previsión, si la asignación de recursos a las regiones en transición y más desarrolladas se reduce en más del 25 % en comparación con el MFP 2021-2027, los Estados miembros deberán proporcionar una justificación basada en criterios objetivos.
Otra de las novedades es que se quiere identificar claramente los objetivos y la financiación de la Política Agrícola Común (PAC), dentro del gran paraguas del PCNR. Así, se introduce una nueva definición de «agricultor activo», que se determinará de manera que abarque principalmente a los agricultores que ejerzan una actividad agrícola en su explotación.
Junto con esto, Von der Leyen ha puesto sobre la mesa la idea de establecer un «objetivo rural». Este se expresaría como un porcentaje mínimo de la dotación de los Planes PCNR que debería destinarse al apoyo de las zonas rurales, todo ello excluyendo la dotación propia de la PAC y la PPC.
“Podría introducirse un objetivo específico que garantice la continuidad de la inversión en las zonas para asegurar la financiación de estos territorios”, afirma la alemana. En su equipo creen que esto contribuiría a la cohesión económica, social y territorial de las áreas rurales. “La participación de las autoridades regionales reservará el papel bien establecido de las regiones en la aplicación de la PAC”, explican.
¿Por qué ahora?
La líder del Ejecutivo tendrá que hacer frente el miércoles a un debate durante el Pleno del Parlamento sobre esta cuestión. Los principales grupos de la Cámara amenazaban con aprobar una resolución rechazando la propuesta de MFP. Lo cierto es que el apoyo de los eurodiputados es necesario para que la iniciativa salga adelante cuando culminen las negociaciones.
“Hemos escuchado las opiniones de todas las partes”, decía en su carta en la que defendía que la propuesta “respeta el equilibrio institucional de la Unión y refuerza el papel de ambos brazos de la autoridad presupuestaria”.
Antes de esa cita en la Eurocámara, ambas mandatarias comunitarias junto con Frederiksen, que actualmente ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión, mantuvieron una reunión este lunes.
“Las propuestas constituyen un buen paso adelante”, resumió Metsola tras el encuentro. Mientras, Von der Leyen optó por un “ahora comprendemos a fondo las propuestas y tenemos un camino claro a seguir”, en su cuenta en la red social “X”.
Por su parte, las distintas familias políticas se remiten a las demandas que venían defendiendo y que se veían reflejadas en el texto enviado a la jefa del Ejecutivo en octubre. “Nuestras peticiones están claras: queremos un papel relevante para las regiones, para el Parlamento y un impulso de las políticas agrícolas y de cohesión”, ha dicho el negociador popular y eurodiputado rumano, Siegfried Mureșan.
Lo que piden los partidos
Los grupos quieren “políticas autónomas” para la agricultura, la cohesión, la pesca y la política marítima, las políticas sociales y los asuntos de interior. Argumentan que agrupar estas políticas «diluye su función diferenciada».
Otro de los puntos calientes se encuentra en el diseño de la gobernanza multinivel. Los partidos sostienen que la versatilidad otorgada a los gobiernos centrales para diseñar los planes se opone al principio de subsidiariedad. La propuesta de julio de la Comisión suponía centralizar esa gobernanza, desvinculando a las regiones.
En la Eurocámara se insiste en que la política de cohesión no puede ser «diseñada y gestionada exclusivamente por los gobiernos centrales nacionales». Del mismo modo, exigen que las negociaciones directas y continuas entre las regiones y la Comisión sean «legalmente obligatorias» para fortalecer el papel de las autoridades regionales y locales.
Negociaciones con los Estados
Desde la presidencia de turno del Consejo, ejercida por Dinamarca este semestre, se señala que la reunión del lunes “confirma la ambición compartida” de alcanzar un acuerdo “a tiempo” sobre el presupuesto post 2027 que aborde los desafíos de la Unión, pero también las preocupaciones de varios Estados miembro sobre el papel de las regiones, la gestión de los fondos y una “PAC preparada para el futuro”.
La Comisión presentó en julio su propuesta legal para el marco financiero plurianual (MFF), que contempla un gasto de 2 billones de euros para el periodo 2028-2034, lo que representa el 1,26% del PIB europeo; con un aumento significativo en los fondos para defensa y una reducción en los recursos destinados a la PAC y cohesión. La meta es cerrar el presupuesto a finales de 2026 o a principios de 2027; un acuerdo que necesita la unanimidad de los Veintisiete y la ratificación del Parlamento Europeo.