Ya hay fecha para la entrada en vigor del acuerdo de libre comercio entre el bloque de Mercosur y la Unión Europea. La Comisión habría notificado este lunes a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay su aplicación provisional a partir del 1 de mayo.
Así, Bruselas culmina el último paso necesario para la puesta en funcionamiento de la nueva relación transatlántica al enviar su "nota verbal" a Paraguay, que actualmente ostenta la presidencia de la alianza. Este paso garantiza la eliminación de los aranceles sobre determinados productos desde ese mismo día, "estableciendo normas predecibles para el comercio y la inversión".
En el gabinete de la presidenta Ursula von der Leyen celebran que empresas, consumidores y agricultores comunitarios podrán empezar a "beneficiarse del acuerdo de inmediato", mientras que los sectores de la economía de la Unión "quedan plenamente protegidos por sólidas salvaguardias".
Objetivo: activar el potencial económico
"La prioridad ahora es convertir este acuerdo en resultados concretos, brindando a los exportadores comunitarios la plataforma que necesitan para aprovechar nuevas oportunidades de comercio, crecimiento y empleo", ha afirmado el titular de comercio europeo, Maros Sefcovic.
En Bruselas esperan que el acuerdo "alcance su máximo potencial, fortaleciendo nuestra economía y reforzando nuestra posición en el comercio mundial".
Un movimiento inédito en el Parlamento Europeo
En enero, el Parlamento Europeo dio un paso insólito hasta ahora en el seno de la Unión Europea. Una mayoría de 334 eurodiputados aprobó la petición de solicitar una opinión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si el texto del acuerdo UE-Mercosur es compatible con los Tratados Fundamentales de la Unión.
Esta decisión retrasaría su ratificación por parte de la Eurocámara, pero la partida no había terminado ahí y la Comisión Europea se guardaba el as de la aplicación provisional bajo la manga.
La votación sobre las dos peticiones de consultar al alto tribunal el pacto con Mercosur —una presentada por la Izquierda y otra por los Conservadores— mantuvo todos los escenarios abiertos hasta el último voto.
Sin embargo, el Ejecutivo comunitario preveía que este recurso saldría adelante, según ha podido saber Demócrata. Por esta razón, los servicios jurídicos trabajan ya en la forma de poder activar el texto pese a la decisión adoptada por Estrasburgo. ¿La respuesta sobre cómo hacerlo? En las normas fundamentales del proyecto europeo.
Impacto económico en España
Para España, el tratado supone oportunidades de crecimiento económico, con un aumento estimado del PIB del 0,23% y más de 22.000 empleos a largo plazo. El acuerdo impulsa las exportaciones españolas hacia el bloque (+36,8%) y favorece la inversión y la contratación pública, especialmente en servicios avanzados.
Aunque la agricultura genera reticencias, el tratado incluye salvaguardias y protección de indicaciones geográficas, combinando beneficios económicos y estratégicos para España y la UE.
Sin embargo, en un contexto geopolítico marcado por las tensiones multipolares, esta decisión podría marcar una grieta en las relaciones entre los colegisladores europeos. Miembros del Parlamento reconocen que podría ser interpretado como una "falta de respeto" a la legitimidad y soberanía de la cámara parlamentaria.
La vía jurídica que estudiaba Bruselas
Para esquivar el obstáculo impulsado por los grupos más escorados a uno y otro lado del Parlamento, tal y como explican fuentes comunitarias a Demócrata, la Comisión puede tomar la decisión de aplicar el acuerdo de forma provisional hasta que el Tribunal emita su posición.
El artículo 218, apartado 5, de los Tratados establece que el Consejo, a propuesta del Ejecutivo comunitario, puede decidir la aplicación provisional de un tratado internacional o de algunas de sus partes. Como el Consejo ya ratificó en enero el acuerdo, la Comisión solo tenía que dar este paso adicional.
Desde su primer artículo, el texto deja claro que no se trata solo de comercio. El respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de derecho se define como un “elemento esencial” del acuerdo, lo que permite incluso su suspensión si se producen vulneraciones graves y sistemáticas. Este enfoque dota al tratado de una cláusula política fuerte, similar a la que la UE utiliza en sus acuerdos con terceros países estratégicos. La lógica es clara: el acceso privilegiado al mercado europeo va acompañado de compromisos políticos y jurídicos exigentes.
Arquitectura institucional compleja y permanente
Uno de los aspectos más técnicos —y menos visibles— del acuerdo es su sofisticado entramado institucional, diseñado para garantizar su aplicación y evolución en el tiempo. El máximo órgano es el Consejo Conjunto UE–Mercosur, que se reunirá a nivel ministerial al menos cada dos años y tendrá capacidad para adoptar decisiones vinculantes, interpretar el acuerdo y resolver conflictos políticos o comerciales.
Por debajo se sitúa un Comité Conjunto, encargado del seguimiento cotidiano, y una red de subcomités especializados. Destaca también la creación de un Comité Parlamentario Conjunto, que conectará al Parlamento Europeo con el Parlamento del Mercosur, y varios mecanismos formales de participación de la sociedad civil. El acuerdo institucionaliza el diálogo político permanente entre ambas regiones.
Aunque el pilar comercial se desarrolla en la parte III del tratado, el texto general ya fija principios clave. La liberalización comercial se enmarca dentro de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y reconoce explícitamente el derecho de los Estados a regular en ámbitos como la salud pública, el medio ambiente, la educación o la cultura. El acuerdo protege además sectores sensibles mediante periodos transitorios, salvaguardias y excepciones, y presta especial atención a las pymes, uno de los colectivos llamados a beneficiarse del nuevo marco de previsibilidad jurídica.
Desarrollo sostenible como eje transversal
Uno de los elementos más relevantes del acuerdo es la incorporación explícita de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y del Acuerdo de París sobre el clima como marcos de referencia obligatorios.
El tratado compromete a las partes a promover un comercio que no degrade el medio ambiente ni los derechos laborales, y establece cooperación activa en:
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Protección ambiental
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Producción y consumo sostenibles
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Lucha contra la pobreza y la desigualdad
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Gobernanza climática
Aunque no introduce sanciones automáticas en este ámbito, sí crea mecanismos de seguimiento, diálogo y presión política, con participación de la sociedad civil.
Seguridad, justicia y lucha contra el crimen
Más allá del comercio, el acuerdo dedica capítulos completos a la cooperación en seguridad, un terreno especialmente sensible. UE y Mercosur se comprometen a trabajar conjuntamente contra:
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El terrorismo
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El narcotráfico
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El crimen organizado transnacional
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El blanqueo de capitales
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La trata de personas
También se refuerza la cooperación judicial, tanto en materia civil como penal, y se alinean compromisos con estándares internacionales como los del GAFI. Un punto clave es la protección de datos personales, reconocida como un derecho fundamental.
Migración y derechos humanos
El texto aborda de forma explícita la gestión de los flujos migratorios, desde un enfoque de corresponsabilidad y respeto a los derechos humanos. Incluye compromisos sobre:
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Readmisión de nacionales en situación irregular
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Protección de refugiados
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Lucha contra la trata y el tráfico de migrantes
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Migración regular, segura y ordenada
Todo ello enmarcado en el respeto al principio de no devolución y a los convenios internacionales de asilo. El acuerdo es también una declaración geopolítica. Ambas partes se comprometen a coordinar posiciones en foros multilaterales como la ONU, a reforzar el sistema internacional basado en reglas y a defender un orden global más justo y democrático. Se incluyen ámbitos emergentes como la ciberseguridad, la gobernanza de internet o la no proliferación de armas de destrucción masiva.
Mucho más que un tratado comercial
El Acuerdo de Asociación UE–Mercosur es, en esencia, un tratado de nueva generación. No solo regula intercambios económicos, sino que fija una relación política estable, con valores compartidos, instituciones permanentes y una agenda común para las próximas décadas.
Su ratificación y aplicación efectiva marcarán un antes y un después en las relaciones entre Europa y Sudamérica. Pero también abrirán debates intensos —especialmente en Europa— sobre agricultura, medio ambiente y soberanía regulatoria.
La letra pequeña deja claro que no estamos ante un simple acuerdo comercial, sino ante una alianza estratégica de largo recorrido.