Un 10% de los ciudadanos europeos que viven en las capitales destina más del 40% de su renta al alquiler, según un informe de Eurostat. La presidenta de la Comisión Europea marcó la Vivienda sobre uno de los ejes sobre los que pilotar sobre su programa político. De hecho, por primera vez se creó la figura de un comisario para la Vivienda, que une sus competencias a las de Energía. Los datos que maneja el máximo organismo comunitario apuntan a que en los últimos años los precios de la vivienda aumentaron de media en la UE un 48%.
A finales de 2024, el Parlamento aprobó con una amplia mayoría la creación de una Comisión especial sobre la crisis de la Vivienda en la Unión Europea que durante un año tratará de estudiar iniciativas legislativas para resolver la situación. Su vicepresidente, entre otros tres, es el español Vicent Marzà (Castellón de la Plana, 1983).
El eurodiputado de Compromís-Sumar recibe a Demócrata en la sede la formación valencianista cuando se cumple prácticamente un mes de la constitución de la Comisión que deberá presentar unos resultados propositivos a final de este 2025. Eso sí, avisa que a ellos les hubiese gustado presentar la batería de medidas ahora y no tener que esperar 365 días.
¿Cómo valoran los primeros días de trabajo de la comisión especial?
Lo valoramos muy positivamente, se ha constituido una Comisión Especial de Estudio sobre la crisis habitacional, hasta el momento no había nada en el Parlamento que tuviese una competencia específica de vivienda. Las primeras reuniones han ido bastante bien, en tanto que estamos trabajando con un plan de trabajo, con comparecencias, estudio y visitas para determinar qué realidades hay en el acceso a la vivienda en el conjunto de Europa. Con toda esta información podremos hacer ese informe que debería salir a finales de este año, principios del que viene. A raíz del documento, la Comisión tendrá que hacer un proyecto específico sobre esta materia.
Von der Leyen apostó por la Vivienda al inicio de este mandato, ahora se ha constituido este organismo, ¿se ha dado cuenta la UE de que esto responde a un problema de carácter comunitario?
Ha habido dos factores, uno, la movilización social, y por otro lado, todos los estudios en la Unión Europea marcaban como uno de los principales problemas el acceso a la vivienda, no solo de jóvenes, no solo de personas con riesgo de exclusión, sino incluso de clases medias trabajadoras, de trabajadores que no pueden acceder tampoco a una vivienda. Es un problema generalizado de diferentes casuísticas y causado por diferentes factores en cada estado, pero que afecta a todo el territorio y por eso ha entrado dentro de la agenda.
Fuimos los grupos políticos los que exigimos que la Vivienda fuera una prioridad
Realmente, fuimos los grupos políticos, socialdemócratas, los verdes y la izquierda, los que exigimos que esto fuera una prioridad para la nueva Comisión Europea. Apretamos mucho para que esto estuvieran en la agenda, porque era una realidad social que estaba al margen.
En materia de Vivienda entramos en juego de competencias, en nuestro país pertenecen a las autonomías, ¿qué papel juega la UE entonces?
Es cierto que las competencias son muy limitadas. Pero, la realidad es que la Comisión está tomando cartas en asuntos importantísimos que no son de su competencia. Por ejemplo, la cuestión de la Seguridad y la Defensa.
Nadie está cuestionando que la Comisión diga que hay que hacer una política común de Defensa. Lo cierto es que tiene las mismas competencias la Comisión Europea en Defensa que en Vivienda. Por lo tanto, hay mucha capacidad para trabajar. Sobre todo, se puede marcar el rumbo, se puede trabajar en una directiva marco que establecería objetivos para cada estado, de vivienda social, de vivienda asequible, de vivienda a precios mucho más bajos. Esto se ha hecho con la directiva de sueldos mínimos o con objetivos medioambientales.
Se puede marcar el rumbo, se puede trabajar en una directiva marco que establecería objetivos para cada estado
En resumen, existe el marco de la voluntad política para atajar este problema y las condiciones para hacerlo.
Habla de una directiva europea sobre Vivienda, ¿en qué consistiría?
En cuestiones muy concretas, por ejemplo, que se vinculara el esfuerzo de cada ciudadano para acceder a una vivienda con su sueldo. Es decir, que el ciudadano no tuviera que destinar más del 30 % por ciento de su sueldo a pagarse una vivienda en propiedad, que es la gran diferencia también de lo que se está planteando en otros espacios. Está muy bien el alquiler social, está muy bien el alquiler asequible, pero la propiedad es un elemento de cohesión social.
Que el ciudadano no tuviera que destinar más del 30 % por ciento de su sueldo a pagarse una vivienda en propiedad
No puede ser una directiva que marque unos objetivos uniformes, pero sí que marque hacia dónde debe caminar y cómo se hacen políticas para ayudar a cada estado y a cada región. Por lo tanto, fondos, condicionalidades a esos fondos y normativa comunitaria que marque un objetivo para que todos nos pongamos a remar juntos.
Esta comisión trata de analizar diferentes propuestas de los países europeos, en Italia se ha establecido un sistema de incentivos para propietarios que huye de las obligaciones. Aquí en España, el PSOE plantea una exención total del IRPF a dueños que alquilen vivienda según el índice de referencia. ¿Cómo lo ven ustedes?
Nosotros pensamos que hay que combinar las propuestas. Por ejemplo, vemos que es muy interesante una propuesta que hay en Alemania y es que el alquiler sea indefinido. Que no haya una renovación cada pocos años de los alquileres. Igual que uno cuando tiene una estabilidad laboral hace más inversiones, cuando tiene una estabilidad también en el marco legal para tener alquilada una casa pues tiene una seguridad. Sería una propuesta que podría funcionar bien en nuestro país.
Nadie nos puede decir ,que si uno tiene un alquiler indefinido, pues luego ya no va a quitarse su casa, no va no va a querer dejar ese alquiler si lo necesita el propietario. No es verdad. Ya pasa en Alemania, pasa en Holanda y funciona bien.
No tiene ningún sentido que se invierta dinero público en construcción de vivienda de protección oficial que a los pocos años caduca su condición
Otro ejemplo a seguir es el de la función social de las viviendas en propiedad. No tiene ningún sentido que se invierta dinero público, como se ha hecho en España, en construcción de vivienda de protección oficial que a los pocos años caduca su condición y pasa al mercado libre. Eso ha hecho que 2,7 millones de viviendas en España subvencionadas con dinero público, ahora están en venta.
Hay también espacio también para la colaboración entre empresas y fondos para crear vivienda asequible. Esto ocurre en Francia. Las empresas ponen dinero para que sus trabajadores puedan tener una vivienda asequible.
Desde la Comisión especial se ha señalado al turismo como una de las casuísticas de la crisis habitacional
Lo cierto es que hay una tensión. Ahora mismo, hay mucha más gente que está buscando un alquiler porque cree que no puede acceder a una propiedad. Personas que antes accedían a la propiedad porque tenían un trabajo estable ahora no lo pueden hacer y buscan alquiler. Esto se junta a que hay menos casas en la oferta de alquiler continuado, porque salen a alquiler turístico.
Tenemos que ser eficientes en la aplicación de la directiva que entrará en vigor el año que viene sobre el alquiler de corta duración
Entonces, hay que incidir en que las casas deben salir a alquiler de larga temporada. Tenemos que ser eficientes en la aplicación de la directiva que entrará en vigor el año que viene sobre el alquiler de corta duración. En la norma, se recoge la transparencia entre las plataformas que ofertan y las administraciones que son las que tienen las licencias.
Respecto a los apartamentos ilegales, se tienen que perseguir y acabar. Tienen que desaparecer del mercado de larga duración. Esta actividad económica debería tener una tasación mucho más alta para que no sea tan rentable. Nosotros defendemos una moratoria de prohibición total de nuevas licencias de pisos turísticos.
La primera visita de la presidenta de la Comisión Especial va a ser a Barcelona. ¿La Ley de Vivienda del Gobierno de España que se está aplicando es una referencia?
Así se ve por lo menos en Europa. Más allá de las discusiones partidistas que genera en el estado español, en Europa hay diputados de partidos de derechas que dicen que es un buen ejemplo. En general, la ven como una buena práctica. Al final uno va a los datos y observa las referencias objetivas.
Nuestro grupo ha propuesto que se escuche a los sindicatos de inquilinos, no solo a las grandes inmobiliarias
En Barcelona, donde se está aplicando la ley, el precio del alquiler se ha incrementado un 6,7% y donde no se está aplicando esta ley ha subido más de un 22% en el mismo periodo de tiempo. Como mínimo, la norma pone freno a la subida, incluso se baja un poco. Eso sí, esto hay que combinarlo con otras políticas.
Nuestro grupo ha propuesto que, en esa primera visita, que será en mayo, se escuche también a los inquilinos, a los sindicatos de inquilinos. Es la gente la que se está movilizando y, que está viendo cuál es el problema, dónde están las dificultades. No podemos escuchar solo a los grandes tenedores, a las grandes inmobiliarias o a las constructoras.
Sin embargo, esta ley no se está aplicando en algunas comunidades autónomas
Lo cierto es que en el estado hay un nivel de cogobernanza que se debe respetar. La ciudadanía tiene la suficiente madurez para valorar después si sigue votando determinados partidos que vetan una cosa tan sencilla como regular el precio del alquiler. Eso, por un lado, por el otro, el Gobierno puede hacer políticas mucho más activas.
Tenemos que construir más vivienda asequible, no hay la suficiente. Para que haya las suficientes viviendas a precio asequible, tenemos que hacer vivienda pública que luego no pase a manos privadas. Si es vivienda de protección oficial, tiene que serlo para toda la vida. No puede luego privatizarse. Esto debe de ir acompañado de un incentivo a la rehabilitación de las viviendas.
Tenemos que hacer vivienda pública que luego no pase a manos privadas
Además, debe de ser una prioridad que estas políticas se movilicen con la tasación y con gravámenes mucho más altos a aquellos que acumulan propiedades y que las tienen retenidas sin salir al alquiler. Hablamos de personas o sociedades que tienen más de 10 viviendas y que no las sacan al alquiler. En algunos países se está grabando hasta el 90% y eso, evidentemente, incentiva.
En España, los Fondos Next Generation UE sirvieron para, entre otras cosas, aplicarlos a políticas de rehabilitación de viviendas, o para la promoción de vivienda asequible. ¿Qué otros mecanismos de inversión puede desplegar la UE ahora?
Actualmente, estamos en la negociación del marco financiero plurianual de los próximos siete años. Nuestro grupo está planteando que debe haber unos marcos específicos para los agentes, las administraciones competenciales en cada estado, para la creación de vivienda pública. La Comisión ya se ha comprometido a que se van a aumentar los fondos de cohesión dirigidos a vivienda.
También hay mecanismos que se están activando, como es la plataforma del Banco Europeo de Inversiones. Nosotros pensamos que estas inversiones deben estar condicionadas. Deberán ser para vivienda asequible, no para vivienda de renta libre o de segmentos de lujo o segmentos altos.
La Comisión ya se ha comprometido a que se van a aumentar los fondos de cohesión dirigidos a vivienda
Cuando estuvimos en el Gobierno de la Generalitat Valenciana, compramos casi 3000 viviendas y lo hicimos por un derecho que generamos que era el tanteo y retrato. El tanteo implicaba que a igualdad de condiciones, cuando venía un acuerdo entre dos privados, la administración tenía preferencia para comprar el bien por el mismo valor. Llegamos a comprar casas por un euro.
Las administraciones deberían poder hacer esto a nivel europeo para incidir en el mercado. Si un fondo de inversión compra paquetes de 50 casas, algunas de ellas a 1 euro, otras a 5, otras a 16. 000, otras a 200.000, debería hacerlo la administración pública para ampliar el parque. Por ejemplo, en el estado español, que el porcentaje de parque público y asequible es mucho más bajo que en el resto de Europa.
Mientras se construyen estas nuevas viviendas, ¿qué deben hacer los estados?
Por ejemplo, la moratoria de licencias de apartamentos turísticos o la moratoria de personas no residentes. El presidente del Gobierno lo planteó como no residentes de fuera de la Unión Europea. Sin embargo, tenemos un problema también con residentes de la Unión y, por lo tanto, esto puede ser un acuerdo entre diferentes estados. Que no se pueda comprar vivienda si no es para residir en ella durante un tiempo. Creemos que esto bajaría muchísimo la presión.
En Alicante, el 87% de las viviendas que se compraron en el último año, se compraron a tocateja, sin una hipoteca detrás. Sinceramente, esto una persona que va a residir no lo hace. Lo que significa es que estas compras de viviendas son para su especulación.
Que no se pueda comprar vivienda si no es para residir en ella durante un tiempo
Mientras diseñamos otras políticas de ampliación del parque, aprobar esta moratoria ayudaría a bajar la tensión y el precio de la vivieda.
Las resoluciones que acabe aprobando la Comisión especial para la crisis de la Vivienda tendrán que salir con una mayoría que abarque, entre otros, al Partido Popular. ¿Les preocupa?
Nos preocupa si se pone por encima el interés partidista o de determinados lobbies o estructuras económicas. El Partido Popular tiene que ser coherente con las declaraciones públicas que está haciendo y con lo que estamos escuchando de la realidad en el conjunto de Europa, así como las propuestas que está haciendo el Comité Económico y Social con un apoyo del 90%.
Organizaciones empresariales de construcción de vivienda, trabajadores y empresarios que están viendo la situación apoyan estas medidas. Si escuchan de verdad toda esta representación europea, no nos preocupa porque todos están coincidiendo en el diagnóstico y en las soluciones.
Nos preocupa si se pone por encima el interés partidista o de determinados lobbies o estructuras económicas
Nosotros trabajamos directamente con todo el mundo, con las propuestas encima de la mesa y con la voluntad de llegar a acuerdos. Hemos venido al Parlamento Europeo a construir una solución. Nuestra posición es la de la propuesta. Queremos trabajar con todos los actores.
¿Qué otros asuntos lleva Compromís en su agenda europea?
Estamos trabajando en defender los intereses valencianos, en el sentido de los intereses productivos, los trabajadores de la agricultura. Por eso, también estamos en la Comisión de Comercio Internacional.
No se pueden utilizar fondos públicos para reconstruir sin que haya una protección para que no vuelva a pasar
Por otro lado, estamos levantando la voz para defender a las víctimas de la Dana. Es crucial que esto no vuelva a ocurrir en ningún territorio de Europa. Para que eso pase, se deben hacer políticas que no nieguen el cambio climático.
Desde nuestra formación avisamos que no se pueden utilizar fondos públicos para reconstruir en los mismos sitios donde ha habido una inundación sin que haya una protección para que no vuelva a pasar.