QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
A la espera de que el Congreso de los Diputados o las Cortes Valencianas lo hagan, el Parlamento Europeo ha acogido la comparecencia de las principales asociaciones de víctimas de la riada que afectó a distintos municipios de Valencia el pasado 29 de octubre. Ha sido en la Comisión de Peticiones donde Rosa Álvarez y Mariló Gradolí, portavoces de las dos principales asociaciones, se han pronunciado para pedir a las instituciones comunitarias «que revisen el incumplimiento de algunas directivas europeas».
La Comisión de Peticiones de la Eurocámara trata de atender las demandas de la ciudadanía de los Veintisiete, y con esta motivación ha celebrado esta cita durante su sesión. Inicialmente se había registrado una demanda para que los eurodiputados realizaran una visita en forma de misión; sin embargo, en una reunión de los coordinadores de este organismo la propuesta no prosperó. Lo cierto es que los grupos se han comprometido a «mantener abierta la petición de las víctimas de investigar lo sucedido» y abren la puerta a un futuro viaje a Valencia. «Agradecer a la institución europea que está dispuesta a ayudarnos y a esclarecer lo que sucedió», ha manifestado Gradolí a la salida.
Desde los grupos de la izquierda acusan al Partido Popular de «obstruir dicha posible misión haciendo uso de su mayoría en la mesa de los coordinadores». Fuentes del partido confirman que su negativa inicial se produjo puesto que la petición provenía de una estudiante gallega y afirman su disposición a «apoyar una misión a Valencia siempre y cuando venga como consecuencia de esta petición impulsada por las asociaciones de víctimas». Desde Génova matizan que en esa misión se deberían mantener reuniones «con todas las administraciones».
La petición de los afectados
Desde las asociaciones piden a la Comisión Europea que ponga en marcha medidas vinculantes para que las directivas europeas relacionadas con lo ocurrido se apliquen en la práctica. En concreto, la Directiva de Inundaciones establece un marco normativo para evaluar y gestionar los riesgos de inundación. La directiva clave es la 2007/60/CE, que obliga a los Estados miembros a:
- Realizar una evaluación preliminar del riesgo de inundación.
- Elaborar mapas de peligrosidad y riesgo en las zonas identificadas.
- Diseñar planes de gestión del riesgo de inundación, coordinados entre todas las administraciones.
«Lo que pedimos hoy a Europa no es solo reparación. Pedimos que se escuche a las víctimas, que se pongan en marcha medidas reales y que nunca más se permita que un gobierno regional mire hacia otro lado mientras su gente muere», ha sentenciado Álvarez, levantando los aplausos de parte de la sala.
De la misma manera, reclaman que se revisen todos los servicios de emergencia europeos «para que nadie tenga que pasar por lo vivido en Valencia». Gradolí ha apelado a la «valentía europea» porque «no se pueden seguir permitiendo perder vidas».
Cruce de acusaciones
El Partido Popular ha defendido una postura no reconocida hasta ahora en público, como ha manifestado el jefe de la delegación española, Esteban González Pons. «Me hago cargo de la herida de las víctimas, de la misma forma que afirmo que los políticos no somos víctimas», ha sentenciado Pons. Antes de la sesión de hoy, el dirigente popular ya había mantenido contactos con las asociaciones, que según él «no representan a todas las víctimas». Al acabar, Pons ha mostrado su respeto a los afectados allí presentes.
Esteban González Pons y otros eurodiputados junto a las víctimas
Por su parte, la eurodiputada socialista Sandra Gómez ha defendido que «la directiva europea de emergencias reconoce la obligación clara de las autoridades de proteger a sus ciudadanos». «Cuando un ciudadano viene a Bruselas es porque en su ciudad no le escuchan. Se las ha ninguneado, se les ha insultado», ha señalado la valenciana.
Gómez hacía referencia a la Directiva de Emergencias, que abarca un conjunto de normas y estrategias enfocadas en la gestión y respuesta ante crisis, catástrofes y amenazas graves, especialmente dentro del marco del Mecanismo de Protección Civil de la UE y la reciente Directiva de resiliencia de entidades críticas (CER).
En esta línea, el eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, ha afeado a las instituciones que «esta comparecencia se produzca antes en Bruselas que en el Congreso de los Diputados o en las Cortes Valencianas».
El Ejecutivo comunitario ha mostrado su solidaridad con las víctimas y se ha comprometido a colaborar con todas las partes en la investigación. Representantes de todos los grupos parlamentarios han transmitido su pésame a las víctimas tras lo que el presidente de la comisión de Peticiones, Bogdan Rzonca, ha descrito como una ‘emotiva’ presentación de las asociaciones.
