El grupo Patriotas por Europa han vuelto a llevar al límite el pulso político en Bruselas. La formación ha registrado por segunda vez en esta legislatura una moción de censura contra la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, esta vez centrada en la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. La iniciativa, impulsada junto a sus aliados, ha recabado más de 100 firmas de eurodiputados, entre ellas apoyos procedentes de otros grupos como ECR y ESN, y busca forzar un debate político de alto voltaje sobre el futuro del campo europeo y los límites democráticos de la Comisión.
Una ofensiva política contra Mercosur
Los promotores de la moción consideran que el acuerdo con Mercosur representa “un ataque frontal a la soberanía alimentaria europea” y una amenaza directa para agricultores y ganaderos, especialmente en países como España. A su juicio, el tratado abre el mercado europeo a la entrada masiva de productos agroalimentarios de terceros países que no cumplen los estándares sanitarios, medioambientales y laborales exigidos dentro de la UE.
Según denuncian, esta asimetría normativa genera una competencia desleal que pone en riesgo miles de explotaciones agrarias y, con ellas, el sustento de miles de familias. VOX y Patriotas por Europa insisten en que el impacto del acuerdo no se limita al ámbito económico, sino que afecta a la seguridad alimentaria, al equilibrio territorial y al futuro del mundo rural.
Críticas a Von der Leyen
En el texto de la moción, los firmantes acusan a Von der Leyen de haber ignorado de forma deliberada las protestas del campo, así como las advertencias de varios Estados miembros y resoluciones del propio Parlamento Europeo. Lejos de dar marcha atrás, sostienen, la presidenta de la Comisión habría optado por imponer el acuerdo “a toda costa”, sacrificando a agricultores y ganaderos en nombre de una agenda global que consideran alejada de la realidad del sector primario.
Desde VOX subrayan que Mercosur no es un episodio aislado, sino que se suma a una cadena de decisiones comunitarias que, a su juicio, han debilitado la producción europea, reducido su competitividad y aumentado la dependencia de importaciones externas, mientras se incrementan los impuestos y las exigencias normativas a los productores internos.
Producción debilitada y acusaciones de opacidad
Uno de los ejes centrales de la crítica es el procedimiento seguido por la Comisión en los últimos meses de negociación. VOX denuncia que el cierre del acuerdo se ha acelerado de forma “oscura y antidemocrática”, sin un debate transparente ni el debido control institucional.
En particular, la formación alerta sobre la fragmentación del acuerdo en dos mitades, una maniobra que permitiría que una parte sustancial del tratado no sea sometida a la ratificación de los Parlamentos nacionales, incluido el Congreso de los Diputados. Para VOX, este paso supone una vulneración del principio de soberanía nacional y una muestra de desprecio por los mecanismos democráticos, con la complicidad —según afirman— de las mayorías sostenidas por PP y PSOE.
Segunda moción de censura
Esta no es la primera vez que VOX y Patriotas por Europa intentan derribar políticamente a Von der Leyen. En octubre de 2025 ya presentaron una primera moción de censura, que fue rechazada por el pleno del Parlamento Europeo. En aquella votación, Partido Popular y Partido Socialista Europeo, junto a la extrema izquierda, votaron conjuntamente para mantener a la presidenta de la Comisión en el cargo.
Ahora, con esta segunda iniciativa, VOX busca liderar la oposición frontal a una Comisión que consideran deslegitimada y hace un llamamiento al resto de fuerzas políticas para que abandonen su apoyo a Von der Leyen y se posicionen, dicen, “del lado del campo, de la soberanía alimentaria y de la democracia”.
El recurso al Tribunal de Justicia de la UE
De forma paralela a la moción de censura, VOX ha impulsado en Bruselas una resolución para solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se pronuncie sobre la legalidad del acuerdo UE-Mercosur. Esta iniciativa, registrada junto a Patriotas por Europa ya en octubre, cuenta con la firma de todos los eurodiputados de Patriotas y de una veintena de ECR.
La propuesta prevé activarse y votarse la próxima semana durante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, una vez que el acuerdo con Mercosur haya sido firmado oficialmente. En caso de aprobarse, la Cámara elevaría una consulta formal al TJUE, al amparo del artículo 211.11 del Tratado de Funcionamiento de la UE, para que determine si el acuerdo es compatible con los Tratados comunitarios.
Posible suspensión del acuerdo
Uno de los elementos clave de esta estrategia es el efecto suspensivo que podría tener la consulta. Durante el tiempo que el Tribunal tarde en pronunciarse, la aplicación del acuerdo podría quedar temporalmente paralizada. Si finalmente el TJUE dictaminara que se han vulnerado los Tratados, el acuerdo podría bloquearse total o parcialmente de manera definitiva.
VOX reconoce abiertamente que su objetivo es frenar o, al menos, retrasar al máximo la entrada en vigor de Mercosur, con la intención de ganar tiempo para los productores españoles y europeos que, según advierten, verían amenazado su modo de vida desde el primer momento de aplicación del tratado.
En el caso de que lleguen al pleno dos iniciativas distintas que soliciten una consulta al TJUE —aunque coincidan en el objetivo—, lo previsible es que se celebren dos votaciones separadas, como ya ocurrió con la moción de censura presentada en octubre.
Un acuerdo dividido para esquivar a los Parlamentos
Otra de las denuncias centrales de VOX se refiere a la "intención de la Comisión de trocear el acuerdo UE-Mercosur en un Acuerdo Comercial Interino y un Acuerdo de Asociación". Esta división permitiría, según la formación, evitar la ratificación por los Parlamentos nacionales y forzar la entrada en vigor por la vía rápida.
Para VOX, esta operación vulnera los Tratados, rompe el equilibrio institucional y recorta los derechos democráticos de los Estados miembros. La formación sostiene que esta división no figura en el mandato negociador aprobado por el Consejo, que exigía expresamente un acuerdo único y mixto, y acusa a la Comisión de carecer de competencias para alterar unilateralmente la naturaleza jurídica del tratado.
Impacto en el campo y seguridad alimentaria
VOX alerta de que la aplicación provisional del acuerdo abriría la puerta a la entrada masiva de productos agroalimentarios de Mercosur sin las mismas exigencias sanitarias, medioambientales y laborales que se imponen a los productores europeos. A su juicio, esto supondría un grave perjuicio para el campo español, además de riesgos para la seguridad alimentaria de los consumidores.
La formación concluye que el acuerdo, tal y como está planteado, es incompatible con los objetivos agrícolas, sanitarios y medioambientales de la Unión Europea y exige que sea el Tribunal de Justicia quien determine si la Comisión ha actuado fuera de la legalidad, ha invadido competencias nacionales y ha tratado de imponer un tratado rechazado por varios países saltándose el control democrático.