La Comisión de Control y Transparencia de la Policía Vasca ha determinado que el desalojo de un túnel en Barakaldo en marzo de 2024, donde un agente usó su arma y dos personas resultaron gravemente heridas, se llevó a cabo “con improvisación y ninguna instrucción o protocolo”. Este proceder, según el órgano, “contravino los principios de congruencia y oportunidad” que deben regir las operaciones policiales, evidenciando una falta de un plan “adecuado” que asegurara un desalojo “coordinado, eficiente y seguro” de los presentes en el lugar.
En la presentación de la Memoria de Actividades correspondiente al bienio 2023-2024, Juan Luis Ibarra, presidente de la Comisión, y la vocal Miren Ortubay, destacaron ante el Parlamento Vasco la necesidad de mejorar la planificación en futuras operaciones, tras constatar que no se realizó una investigación previa que permitiera identificar la presencia de personas sin hogar en el túnel.
Asimismo, resaltaron la “falta de colaboración” de ciertos entes en la aclaración de procedimientos, como en el caso de una mujer lesionada durante las cargas policiales en un encuentro de Champions League en Anoeta. Ibarra mencionó que, aunque han revisado exhaustivamente la documentación, la investigación sigue en curso y un informe final podría no estar listo hasta el año 2025.
En otros eventos, como la intervención en los Carnavales de Tolosa y un accidente en Errenteria, la Comisión consideró que la actuación policial fue adecuada. No obstante, ciertos expedientes disciplinarios están paralizados a la espera de resoluciones judiciales, complicando la conclusión de las investigaciones administrativas.
La Comisión también ha enfrentado problemas para acceder a documentación judicial necesaria, lo que ha retrasado varios de sus informes y recomendaciones, especialmente ante la interpretación restrictiva de ciertas normas por parte de la magistratura. Ante estas dificultades, se sugiere revisar las estrategias procesales para mejorar el seguimiento de las acciones judiciales relacionadas.