La Diputación Foral de Álava ha decidido introducir cambios en las próximas convocatorias de ayudas del bonotaxi. Entre las novedades destaca un modelo de concesión más progresivo, que situará en primer lugar a las personas con mayores dificultades de movilidad, de forma que percibirán una “mayor cuantía económica”.
El diputado foral de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, detalló estas modificaciones este miércoles durante el pleno de control de las Juntas Generales de Álava, en respuesta a una pregunta formulada por su propio grupo juntero (PNV).
Urtaran explicó las nuevas bases de la convocatoria de 2026 para el uso del taxi como alternativa al transporte colectivo, dirigidas a personas con movilidad reducida, el conocido bonotaxi. Subrayó que “no resultan equiparables las necesidades de apoyo de aquellas personas que presentan limitaciones leves con las de quienes requieren de forma permanente el uso de silla de ruedas u otros apoyos técnicos para cualquier desplazamiento”.
El bonotaxi se concibe como un sistema de transporte alternativo para mayores de 12 años con grandes discapacidades motoras. Su finalidad es “mejorar la calidad de vida, autonomía personal e inclusión social de aquellas personas con movilidad reducida y capacidad para el desarrollo de una vida social autónoma”, mediante una ayuda económica que compense, total o parcialmente, el coste del servicio de taxi frente al transporte colectivo convencional.
Estas ayudas se materializan a través de una tarjeta prepago nominativa, en la que se ingresa el importe concedido para utilizarlo exclusivamente en servicios de taxi. En la convocatoria correspondiente a 2025, resultaron beneficiarias 773 personas.
Según ha indicado Urtaran, la revisión del sistema de ayudas responde a una sentencia judicial derivada de un recurso presentado por la asociación Eginaren Eginez. El fallo obliga a actualizar y hacer más flexibles los criterios del baremo de movilidad que se venían aplicando hasta ahora.
Nuevos criterios y baremos de movilidad
La principal modificación afecta al umbral de puntuación y al porcentaje exigido para acreditar la existencia de dificultades de movilidad. Se han suavizado los requisitos, así como la puntuación y el porcentaje necesarios para demostrar problemas en el uso del transporte colectivo.
De este modo, para quienes tengan reconocido un grado de discapacidad conforme al Real Decreto 1971/1999 o normativa anterior, el umbral baja de 9 a 7 puntos. En el caso de las personas valoradas al amparo del Real Decreto 888/2022, el porcentaje mínimo se reduce del 45% al 25%. Cuando el derecho derive de un reconocimiento de dependencia, se aplicará, tras la valoración correspondiente, al menos una equivalencia a 7 puntos o un 25%.
La flexibilización de estos criterios hará que, previsiblemente, se produzca “un incremento significativo en el número de solicitudes” que podrán acceder al programa, lo que ha obligado a rediseñar la distribución de la cuantía subvencionable.
En este contexto, Urtaran ha precisado que se implantará un sistema con “mayor progresividad”, de forma que, cuanto más elevado sea el grado de dificultad de movilidad y, por tanto, más complejo resulte utilizar el transporte público, mayor será la ayuda económica a percibir. En los casos de menor afectación, la cuantía será proporcionalmente más reducida. Además, se tendrá en consideración la situación económica de cada persona solicitante a la hora de fijar el importe definitivo.