La plataforma Araba Bizirik se ha concentrado este miércoles ante la sede de la Diputación Foral de Álava para “exigir la paralización de la central eólica de Labraza” coincidiendo con el debate celebrado en el Pleno de las Juntas Generales sobre este proyecto.
En una nota, el colectivo ha calificado la iniciativa como “un atentado medioambiental”, subrayando que se impulsa “contra la voluntad del pueblo de Labraza”, titular de los terrenos afectados, que “no ha permitido el uso de los caminos públicos que les pertenecen”, pese a que, según denuncian, “se están utilizado ilegalmente”.
Asimismo, la plataforma ha cargado contra el Ayuntamiento de Oyón, que “aprobó ilegalmente el plan especial para la construcción de la central eólica de Labraza”, y ha remarcado que “los Ayuntamientos no están obligados a aprobar estos planes especiales” porque, de hacerlo, “irían en contra de las Directrices de Ordenación Territorio”.
En esta línea, Araba Bizirik ha señalado, citando al catedrático Iñaki Lasagabaster, que esa actuación “sería ilegal” y que los planes especiales serían “nulos de pleno derecho”, recordando además que, “al contrario, los Ayuntamientos están obligados a no aprobar los planes especiales”.
La plataforma ha reclamado por todo ello a los consistorios “que no aprueben los planes especiales que les tocarán” al considerar que Álava “está en grave peligro” ante la existencia de “más de 100 proyectos están en marcha en estos momentos”.
Según Araba Bizirik, “a pesar de que nos quieren engañar, diciendo que estos proyectos obedecen a una supuesta transición energética, cada día está más claro que la verdadera intención es abastecer al macrocentro de datos que están construyendo en Arasur, que consumirá la misma electricidad que todo Álava, y para que Repsol, la empresa dirigida por el lacayo de Trump, Josu Jon Imaz, pueda exportar hidrógeno verde a Europa”.
En paralelo a la protesta, el Pleno de las Juntas Generales de Álava ha abordado este miércoles el proyecto eólico de Labraza a propuesta de Elkarrekin Araba, que ha llevado una moción para reclamar su paralización. Sin embargo, ninguna de las iniciativas registradas por la coalición morada, EH Bildu y PNV-PSE ha obtenido el respaldo suficiente de la cámara alavesa para ser aprobada.