La Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza “no ha podido detectar ninguna conducta merecedora de reproche penal o disciplinario” en relación con la desaparición de pruebas vinculadas al test de drogas positivo del hijo de un responsable de la comisaría de la Ertzaintza en Ondarroa (Bizkaia). No obstante, el organismo interno sí ha constatado “un déficit en el control riguroso sobre los lugares donde se custodian las evidencias”, tal y como ha expuesto el viceconsejero de Seguridad, Ricardo Ituarte.
Ituarte ha intervenido este miércoles ante la Comisión de Seguridad del Parlamento Vasco, a instancias del PP, para ofrecer detalles sobre este caso. La representante popular Ainhoa Domaica ha exigido aclaraciones sobre la actuación de un jefe de la comisaría de Ondarroa “que pidió a los agentes que pillaron a su hijo con porros explicaciones de por qué le habían sancionado”.
La parlamentaria ha remarcado que Asuntos Internos abrió diligencias por la desaparición de dos denuncias formuladas en 2024 contra el hijo del comisario de Ondarroa, una por tenencia de drogas y otra por un resultado positivo en un test de drogas. A su juicio, la investigación se ha limitado a “maquillar las deficiencias de gestión en un ánimo evidente de no controlar dos expedientes sancionadores que afectaban a un familiar del comisario”, y ha reclamado “el cese inmediato” del responsable de la comisaría y la remisión del caso al juzgado “por si pueden ser constitutivos de delito”.
En su contestación, el viceconsejero ha precisado que “no se observó responsabilidad disciplinaria” en la actuación del jefe de Unidad al solicitar información sobre lo ocurrido “más allá de la oportunidad o procedencia de tal solicitud”. Ha detallado que se tomó declaración al denunciante, al instructor jefe y al jefe de Patrullas, este último encargado de elaborar el informe requerido por el jefe de Unidad sobre la intervención policial en la que se vio implicado su hijo.
Según ha explicado, respecto al informe pedido por el jefe de la comisaría sobre la actuación desarrollada, “más allá de la oportunidad o lo adecuado de tal petición, no se ha detectado la existencia de responsabilidad disciplinaria por este proceder, porque se entiende que las funciones del jefe de Unidad le amparaban para pedir explicaciones por un incidente policial”.
En cuanto a la instrucción del atestado, Ituarte ha indicado que el responsable operativo “trasladó los hechos para que fueran investigados por Asuntos Internos en el transcurso de la investigación y no se detectó ninguna conducta constitutiva de ilícito penal, más allá de un déficit en el control de evidencias”. Por ello, “al no existir ilícito penal, no se ha instruido atestado”.
Deficiencias en la cadena de custodia y archivo provisional
Sobre las posibles irregularidades en la cadena de custodia de los test, el viceconsejero ha subrayado que “no cabe duda de que ha existido una investigación rigurosa y transparente”. Las pesquisas, ha añadido, apuntan a “un déficit en el control riguroso sobre los lugares donde se custodian las evidencias o test realizados y sobre los procedimientos para asegurar una íntegra trazabilidad de los mismos”, lo que obligará a introducir mejoras en los protocolos internos.
Ituarte ha detallado que, en el marco de la investigación de Asuntos Internos, se analizó la gestión de las denuncias y de las actuaciones policiales, se solicitaron grabaciones de emisora y de teléfonos oficiales y se tomó declaración a cinco ertzainas en calidad de testigos. También se recabó información de la Secretaría General, de la responsable de la Oficina Territorial de Tráfico de Bizkaia y de Policía Científica, con el objetivo de esclarecer, entre otros extremos, la trazabilidad de las denuncias de tráfico, de LSC y de las evidencias como sustancias estupefacientes o un test salival positivo en drogas.
Paralelamente, se efectuó una inspección en las dependencias de la Ertzain Etxea de Ondarroa, especialmente en la zona destinada a la conservación de este tipo de pruebas. De todo ello, “se concluyó que sería deseable y exigible que en la preservación y supervisión de las evidencias existiera un mayor celo en su custodia y trazabilidad”.
Según ha indicado, Asuntos Internos acordó el archivo provisional de las diligencias “por no poder acreditar si la supuesta sustracción o desaparición de las evidencias a su normal proceso de tramitación se debió a una negligencia o a una actuación dolosa por parte de actores interesados, que tampoco habría posibilidad de identificar”. En la misma línea, ha reiterado que “tampoco se observó responsabilidad disciplinaria del jefe de Unidad en la petición de información sobre lo acontecido en la playa de Karraspio, más allá de la oportunidad o procedencia de tal solicitud”.
En conclusión, el viceconsejero ha reiterado que Asuntos Internos “no ha podido detectar ninguna conducta merecedora de reproche penal o disciplinario” en este caso, si bien ha admitido la necesidad de reforzar los mecanismos de control y custodia de las evidencias para garantizar su trazabilidad.