La Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza “no ha podido detectar ninguna conducta merecedora de reproche penal o disciplinario” en relación con la desaparición de pruebas vinculadas al test positivo en drogas del hijo de un jefe de la comisaría de la Ertzaintza en Ondarroa (Bizkaia). No obstante, el informe interno sí constata “un déficit en el control riguroso sobre los lugares donde se custodian las evidencias”, según ha expuesto el viceconsejero de Seguridad, Ricardo Ituarte.
Ituarte ha intervenido este miércoles ante la Comisión de Seguridad del Parlamento Vasco, a instancias del PP, para dar cuenta de este expediente.
La parlamentaria del PP Ainhoa Domaica ha exigido aclaraciones por el caso del jefe de la Ertzaintza de la comisaría de Ondarroa (Bizkaia) “que pidió a los agentes que pillaron a su hijo con porros explicaciones de por qué le habían sancionado”.
Domaica ha subrayado que la Jefatura de Asuntos Internos abrió diligencias por la desaparición de dos denuncias formuladas en 2024 contra el hijo del comisario de Ondarroa, una por tenencia de drogas y otra por haber dado positivo en un test de drogas.
En este contexto, ha censurado que la investigación se haya limitado a “maquillar las deficiencias de gestión en un ánimo evidente de no controlar dos expedientes sancionadores que afectaban a un familiar del comisario”. También ha exigido “el cese inmediato” del comisario jefe de la comisaría de Ondarroa y que los hechos se remitan al juzgado “por si pueden ser constitutivos de delito”.
En su contestación, Ituarte ha recalcado que “no se observó responsabilidad disciplinaria” del jefe de Unidad por su solicitud de información sobre lo sucedido “más allá de la oportunidad o procedencia de tal solicitud”.
El viceconsejero ha detallado que se tomó declaración al denunciante, al instructor jefe y al jefe de Patrullas, responsable último de elaborar el informe requerido por el jefe de Unidad sobre la intervención en la que estuvo implicado su hijo.
Según ha precisado, respecto al informe reclamado por el jefe de la comisaría sobre la actuación policial, “más allá de la oportunidad o lo adecuado de tal petición, no se ha detectado la existencia de responsabilidad disciplinaria por este proceder, porque se entiende que las funciones del jefe de Unidad le amparaban para pedir explicaciones por un incidente policial”.
En cuanto a la instrucción del atestado, ha indicado que el jefe operativo “trasladó los hechos para que fueran investigados por Asuntos Internos en el transcurso de la investigación y no se detectó ninguna conducta constitutiva de ilícito penal, más allá de un déficit en el control de evidencias”. Por ello, “al no existir ilícito penal, no se ha instruido atestado”.
Deficiencias en la cadena de custodia y archivo provisional
Sobre las posibles irregularidades en la cadena de custodia de los test practicados, Ituarte ha defendido que “no cabe duda de que ha existido una investigación rigurosa y transparente”.
Esa investigación concluye que existe “un déficit en el control riguroso sobre los lugares donde se custodian las evidencias o test realizados y sobre los procedimientos para asegurar una íntegra trazabilidad de los mismos”. Este diagnóstico, ha indicado, “dará lugar a medidas de mejora de los procedimientos internos”.
El viceconsejero ha repasado las diligencias realizadas por Asuntos Internos y sus conclusiones. Se ha efectuado un análisis de la actuación policial y de las denuncias registradas, se han recabado grabaciones de emisoras y teléfonos oficiales y se ha tomado declaración a cinco ertzainas como testigos.
Además, se han solicitado informes a la Secretaría General, a la responsable de la Oficina Territorial de Tráfico Bizkaia y a Policía Científica para aclarar, entre otros extremos, la trazabilidad de las denuncias de tráfico, de LSC y de las evidencias, como sustancias estupefacientes o un test salival positivo en drogas.
Paralelamente, se ha llevado a cabo una inspección de las dependencias de la Ertzain Etxea de Ondarroa, centrándose en la zona de depósito de este tipo de pruebas. De esa revisión, “se concluyó que sería deseable y exigible que en la preservación y supervisión de las evidencias existiera un mayor celo en su custodia y trazabilidad”.
Según ha explicado, la Jefatura de Asuntos Internos acordó el archivo provisional de las diligencias “por no poder acreditar si la supuesta sustracción o desaparición de las evidencias a su normal proceso de tramitación se debió a una negligencia o a una actuación dolosa por parte de actores interesados, que tampoco habría posibilidad de identificar”.
En la misma línea, ha reiterado que “tampoco se observó responsabilidad disciplinaria del jefe de Unidad en la petición de información sobre lo acontecido en la playa de Karraspio, más allá de la oportunidad o procedencia de tal solicitud”.
En conclusión, ha remarcado que Asuntos Internos “no ha podido detectar ninguna conducta merecedora de reproche penal o disciplinario” en torno a este caso.