QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
EH Bildu ha introducido 47 enmiendas parciales a la Proposición de Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, impulsada por el PNV y el PSE-EE. Estas modificaciones buscan asegurar la formación de un extenso parque de viviendas de alquiler público y prevenir que el aumento del presupuesto para vivienda “acabe en manos de los especuladores”.
Xabier Astigarraga, parlamentario de EH Bildu, ha expuesto en el Parlamento Vasco que la ley propuesta por el PNV y PSE-EE fue redactada “pensando en los intereses privados, con el fin de garantizar una mayor rentabilidad a los promotores privados”. Además, ha advertido que el plan no busca realmente asegurar el derecho a la vivienda, y ha expresado preocupación porque el presupuesto adicional para vivienda anunciado por el lehendakari Imanol Pradales, “acabe al final en manos de los especuladores”.
Las enmiendas de EH Bildu intentan establecer un sólido compromiso con el desarrollo de un parque de vivienda pública destinado al alquiler, además de evitar la reducción de los porcentajes de vivienda protegida, exigiendo que la mitad de estos se destine a alquiler social. Proponen que los mínimos de vivienda en alquiler sean del 37,5% en suelos urbanizables y del 20% en suelos urbanos, en contraste con las cifras del 20% y 10% propuestas por el PNV y el PSE.
“Crear un gran parque público de vivienda protegida en alquiler debe ser la prioridad en estos momentos”, señaló Astigarraga, destacando la necesidad de construir viviendas asequibles para la población, “adaptadas a su capacidad económica”, y criticando la falta de esta perspectiva en la propuesta actual de los partidos gobernantes.
Adicionalmente, EH Bildu sugiere dos excepciones para considerar una actuación como prioritaria y agilizar los trámites urbanísticos, una para proyectos del sector público o administraciones públicas, y otra para promotores privados que asuman ciertas responsabilidades. También enfatizan la importancia de respetar la autonomía municipal frente a imposiciones de ceder terrenos al gobierno vasco sin un consenso previo.
