El Departamento de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sigue sin haber mantenido “ninguna reunión hasta la fecha” ni con el Gobierno vasco ni con el Gobierno de España sobre el futuro centro de refugiados de Arana y, además, “se le ha desvelado” todavía la fecha prevista para su puesta en funcionamiento.
Así lo ha explicado este lunes en Comisión el concejal del área, Lucho Royero, en respuesta a las cuestiones planteadas por la edil del PP, Marta Alaña, quien ha confesado estar “alucinando” porque nadie se haya dirigido al Departamento, teniendo en cuenta que las obras “tendrían que estar acabadas para este mes de febrero”.
En su intervención, Royero ha remarcado que el impacto de la apertura del Centro de Acogida de Protección Internacional “dependerá de gran medida de una coordinación eficaz entre las distintas Administraciones y del refuerzo de los recursos sociales locales”.
Ante estas palabras, Alaña ha replicado: “¿Ustedes creen que se van a coordinar eficazmente cuando con usted no se ha puesto en contacto nadie?”, reprochando que se esté “creando la tormenta perfecta” porque los servicios “ya no dan más de sí”.
Traslado del LAR de San Prudencio
En la misma Comisión, a raíz de una pregunta de Elkarrekin, el concejal de Políticas Sociales ha querido transmitir “total tranquilidad” sobre la decisión adoptada el pasado viernes en Junta de Gobierno, por la que se deja sin efecto el acuerdo del 12 de diciembre relativo al convenio de colaboración con Osakidetza que iba a financiar el traslado del LAR de San Prudencio, paso necesario para que el ambulatorio del Casco Viejo pueda ubicarse en el antiguo hospicio.
Según ha defendido Royero, esa resolución “no tiene ningún tipo de afectación. Se trata de un tema de garantía jurídica con respecto a los plazos, a los tiempos, pero en ningún caso pone en riesgo lo acordado y firmado en el convenio”, subrayando además que “por responsabilidad y lealtad, le corresponde al Departamento de Hacienda dar cuenta de esta cuestión”.
La portavoz de Elkarrekin, Garbiñe Ruiz, ha admitido que “a mí me preocupa que esos 3,3 millones de euros no vayan a llegar” y ha cuestionado los motivos de la decisión. “Me decepciona bastante que no me sepa decir por qué y que nos remita al señor Armentia. Realmente, que el acuerdo se quede sin efecto no es bueno”, ha añadido Ruiz.
Respecto al calendario de ejecución del nuevo LAR de San Prudencio, Royero ha concretado que el proyecto se articulará en tres fases: una primera de redacción del Proyecto Básico, con una duración de nueve semanas desde la firma del contrato; una segunda etapa para la redacción del Proyecto de Ejecución, que se alargará otras doce semanas tras la emisión de los informes de los Servicios Técnicos Municipales; y, por último, las obras, que se prolongarán durante doce meses desde su adjudicación.
En relación con el traslado de las personas usuarias del LAR, el responsable de Políticas Sociales ha indicado que, “a día de hoy”, no disponen de “fechas aproximadas para acometerlo”.
Servicio de Ayuda a Domicilio
Por otro lado, la portavoz de EH Bildu, Rocio Vitero, ha manifestado que les “genera dudas” que el Departamento de Políticas Sociales haya sufrido un “desajuste” en la previsión económica del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para 2025, calculado inicialmente en 23,1 millones de euros y que “acabado siendo de 24,5 millones” tras una modificación presupuestaria, y que “a la misma vez, se hayan enviado 1.143 cartas a los usuarios para decirles que se les va a revisar el servicio”.
Royero ha replicado que “no hay ninguna vinculación” entre la modificación de crédito y el envío de esas comunicaciones, aclarando que “está vinculada con la revisión de los expedientes para determinar cuáles se corresponden al histórico SAD menajero y cuáles requieren una atención personalizada”.
Asimismo, el concejal ha reiterado “con total claridad” que “esta modificación no ha generado ninguna incidencia en la aplicación ni en la prestación del servicio” y ha recalcado que se trata de una “cuestión contable que no tiene impacto negativo en alguno de los derechos de los usuarios”.