El Grupo Vasco ha defendido este martes en el Congreso una Proposición no de Ley orientada a reforzar la competitividad de la industria, mediante medidas que aseguren su sostenibilidad en el actual contexto geopolítico. Entre las iniciativas planteadas, se insta al Gobierno central a que valore la reestructuración de la deuda que mantiene Tubos Reunidos con la SEPI.
“No se trata de crear nuevos instrumentos ni de abrir vías excepcionales, sino de actualizar un mecanismo ya existente para que responda a una crisis industrial marcada por tensiones geopolíticas, costes energéticos desbocados y un mercado global alterado. No estamos pidiendo un rescate”, ha indicado la diputada del PNV Idoia Sagastizabal.
En esta línea, ha reclamado que el Estado recurra a los instrumentos ya disponibles, ajustándolos a un escenario que “ha cambiado de forma drástica, para dar un respiro a Tubos Reunidos y permitirle buscar un socio industrial y desplegar un plan de viabilidad que garantice su futuro”. “Si queremos preservar empleo, tejido industrial y autonomía estratégica, debemos actuar ahora. Y actuar pasa, necesariamente, por la reestructuración de la deuda con SEPI”, ha agregado.
Asimismo, ha recordado que, aunque el Gobierno central ha incorporado parte de las medidas energéticas y fiscales incluidas en esta PNL promovida por la formación jeltzale en el decreto de medidas económicas para mitigar los efectos de la crisis en Oriente Medio, tal y como se han plasmado “se queda corto” y “hay que ir más allá” de las actuaciones temporales ya aprobadas.
Según ha manifestado, “la industria del acero atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas, en un contexto internacional marcado por la inestabilidad geopolítica, la volatilidad energética, la presión sobre las cadenas logísticas y un entorno comercial cada vez más hostil para los productores europeos”.
En esta misma dirección, ha subrayado que “la industria electrointensiva soporta un coste eléctrico final superior al de sus competidores europeos, no por el precio de generación -porque, efectivamente, el precio mayorista en España es hoy de los más bajos de Europa gracias al peso de las renovables- sino por los peajes, cargos y costes regulatorios que se acumulan en la factura, que acaban convirtiéndola en una de las más caras del continente”. Por ello, considera esenciales las medidas recogidas en la PNL, ya que “no podemos competir en desigualdad dentro del mismo mercado europeo”.
En este contexto, plantea que la rebaja del impuesto a la generación eléctrica, introducida con carácter temporal en el decreto, debe ir “más allá”. “Cuando alguien afirma que suprimirlo es regalar dinero a las eléctricas, lo que demuestra es que desconoce cómo funciona este tributo: no grava beneficios, grava ingresos, y ese 7% se repercute íntegramente en el precio del mercado eléctrico y, por tanto, en la factura final. Ni siquiera beneficia a la generación renovable, que también lo soporta y también lo trasladan al precio”, ha dicho.
“Mientras aquí seguimos discutiendo si eliminarlo es regalar algo, Portugal ya lo ha suprimido, dejando a nuestra industria en desventaja dentro del mismo mercado ibérico”, ha detallado.
Ha reiterado también la necesidad de asegurar el umbral fijado por la Unión Europea de destinar el 25% de los ingresos de las subastas de CO2 a cubrir los costes indirectos y de reforzar “las medidas de defensa comercial incluidas las salvaguardas al acero y acelerar la plena aplicación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) para evitar que el mercado europeo siga absorbiendo excedentes procedentes de terceros países”. “En definitiva, esta PNL se sitúa en las soluciones para reforzar la competitividad de nuestras empresas y proteger el empleo industrial”, ha concluido Sagastizabal.