El jurista Enrique Lucas Murillo de la Cueva ha sido nombrado este lunes nuevo presidente de la Comisión de Control y Transparencia de la Policía de Euskadi, puesto en el que tomará el relevo del exmagistrado Juan Luis Ibarra, después de la renuncia de este a seguir dirigiendo dicho órgano.
La Comisión de Control y Transparencia de la Policía de Euskadi ha celebrado este lunes su primera sesión con la nueva configuración, tras la renovación de cinco de sus seis integrantes, según ha detallado el Gobierno Vasco en una nota informativa.
La designación de las nuevas personas integrantes fue acordada por el Consejo de Gobierno el pasado 10 de diciembre, a propuesta del Consejo de Seguridad Pública de Euskadi, como resultado de la finalización del mandato de cuatro vocalías y de la dimisión de su anterior presidente.
Este órgano está integrado por personas de reconocido prestigio en ámbitos como la seguridad pública, el derecho, la sociología, la medicina, la psicología y la ética.
Tras la renovación, la Comisión de Control y Transparencia de la Policía de Euskadi ha quedado integrada por el vocal José Julio González Zamanillo, cuyo mandato continúa vigente, y las y los nuevos miembros: José Antonio González Saiz, Marta Aldanondo Garaizabal, Santiago Ron Cruzelegui, Enrique Lucas Murillo de la Cueva y Nieves Martínez de Antoñana Blanco.
En esta sesión constitutiva, el Pleno de la Comisión ha elegido como presidente al jurista Enrique Lucas Murillo de la Cueva. Las y los integrantes de la Comisión han sido designados por un periodo de cinco años y no recibirán remuneración alguna por el desempeño de sus funciones.
Funciones y finalidad de la Comisión
La Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco es un órgano colegiado vinculado al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, aunque actúa con plena autonomía funcional.
Entre sus cometidos figura el análisis, tanto de oficio como a solicitud de parte, de cualquier conducta o práctica en el seno de la Ertzaintza o de las Policías Locales de Euskadi que pueda suponer una posible vulneración de derechos. Su finalidad última es reforzar la legitimidad y la confianza de la ciudadanía en la neutralidad y objetividad de los mecanismos de supervisión de la actividad policial.
Para ello, elabora informes que, en función de las circunstancias concretas de cada caso, valoran la adecuación de la actuación policial a las normas, estándares, procedimientos y protocolos de actuación vigentes. Asimismo, estudia problemáticas y formula recomendaciones que pueden incluir, cuando proceda, propuestas de medidas correctoras, preventivas o de mejora.
Quedan fuera del ámbito de actuación de la comisión los pronunciamientos sobre eventuales responsabilidades disciplinarias o penales, cuya determinación corresponde a otras instancias administrativas y judiciales competentes.