El Parlamento Vasco ha dado luz verde, con el respaldo de todos los grupos salvo PP y Vox, a la toma en consideración de la reforma de la Ley de Juventud impulsada por PNV y PSE-EE, con el objetivo de reforzar la protección de los menores en actividades de ocio y tiempo libre. La iniciativa se registró tras los presuntos delitos contra la libertad sexual ocurridos en las colonias de Bernedo (Álava), un caso que continúa bajo investigación judicial.
La aceptación a trámite de esta modificación, que marca el arranque de su recorrido parlamentario, ha sido aprobada en el Pleno de la Cámara vasca con 66 votos favorables (PNV, EH Bildu, PSE-EE y Sumar), siete abstenciones (PP) y un voto en contra (Vox).
El cambio normativo prevé que la entidad organizadora de cualquier actividad en la que participen personas menores de edad deba presentar, antes de su inicio, una declaración responsable ante la diputación foral del territorio histórico donde se desarrolle, o ante el departamento competente en juventud del Gobierno Vasco si la actividad se realiza en más de un territorio histórico.
Además, se determinará por vía reglamentaria en qué supuestos será obligatoria dicha declaración, así como su contenido y la forma de presentación. En el caso de acampadas al aire libre, será imprescindible disponer de un informe favorable del ayuntamiento o junta administrativa sobre las condiciones del emplazamiento, junto con la autorización de la persona o entidad propietaria del terreno.
En las actividades de tiempo libre, se exigirá también el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual para todo el personal que tenga contacto con menores de edad, documento que deberá renovarse cada año.
La propuesta incorpora igualmente un apartado que clasifica las infracciones según su gravedad. Entre las infracciones graves se incluyen los supuestos en los que, en actividades de tiempo libre infantil y juvenil, se permita la participación de menores no emancipados sin ir acompañados de quien ostente su patria potestad o tutela y sin contar con la autorización expresa y por escrito de dicha persona.
También se considerará infracción grave organizar actividades de tiempo libre reguladas en esta ley sin haber comunicado a la administración competente la información exigida antes del inicio, incumplir de forma relevante las condiciones declaradas a la administración o no disponer del personal titulado en los términos que se fijen reglamentariamente.
Registro de delincuentes sexuales y nuevas infracciones
Asimismo, se plantea tipificar como infracción grave la realización de actividades de tiempo libre con menores sin acreditar que el personal en contacto habitual con ellos cuenta con la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos.
La reforma también califica como infracción grave “llevar a cabo actuaciones que, por acción u omisión, promuevan el racismo, la xenofobia, la violencia machista o cualquier otro tipo de violencia”; así como dar empleo a personas con antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos.
El parlamentario del PNV Ander Añibarro ha subrayado que, “cuando la experiencia revela aspectos que deben ajustarse”, es preciso reaccionar desde las instituciones. “Lo sucedido en Bernedo no puede volver a pasar, y por medio de esta ley se pretende poner mecanismos en marcha para impedirlo”, ha señalado.
Críticas al procedimiento y reproches entre grupos
En su intervención, Añibarro ha cargado contra EH Bildu por haberse opuesto a tramitar esta reforma por el procedimiento de lectura única. “Cuando lo que está en juego es reforzar la protección de las personas menores de edad, no es razonable bloquear un procedimiento que permitía dar una respuesta más rápida y eficaz”, ha defendido.
La parlamentaria del PSE-EE Itxaso Asensio ha remarcado que, aunque la Ley de Juventud fue aprobada “apenas cuatro años”, precisa una “modificación urgente para reforzar la protección de niños, niñas y jóvenes”, sobre todo tras los “incidentes ocurridos” en los campamentos de Bernedo, con el fin de garantizar que no se repitan.
Desde EH Bildu, Nerea Kortajarena ha replicado a las críticas del PNV recordando que la Ley de Juventud se aprobó en 2022 y que en estos cuatro años el Gobierno Vasco “no la ha desarrollado”.
En esta línea, y sobre el hecho de que ahora se tramite la reforma por el procedimiento de urgencia, ha denunciado que, tras “no haber hecho los deberes”, el Ejecutivo, a través de PNV y PSE, pretende “acelerar” la tramitación, algo que, según ha censurado, “no ofrecer las garantías” necesarias en una materia que afecta a menores.
Por parte de Sumar, Jon Hernández ha compartido la necesidad de reforzar la protección de la infancia, pero ha opinado que la tramitación debería haberse realizado por el cauce ordinario para permitir a los grupos introducir “propuestas de cambio” y “mejoras”.
La portavoz del PP, Laura Garrido, ha cuestionado que “muchas de las cuestiones que se proponen, las cuestiones básicas fundamentales que se proponen, ya están previstas de alguna u otra forma en nuestro ordenamiento jurídico”, y ha acusado a PNV y PSE de utilizar esta reforma para someter a las instituciones a “un lavado de cara”.
La representante de Vox en la Cámara autonómica, Amaia Martínez, ha sostenido que esta modificación legal no es más que “un brindis al sol” que “no va a resolver nada”.