El Parlamento Vasco ha dado luz verde a una enmienda presentada por PNV y PSE-EE que solicita al Gobierno autonómico reforzar las actuaciones destinadas a animar a los propietarios de viviendas desocupadas a incorporarlas al programa Bizigune, “estudiando fórmulas que mejoren las condiciones de los propietarios”.
La iniciativa se ha aprobado este jueves en el Pleno de la Cámara, en un debate abierto a propuesta del PP. La propuesta original de los populares ha sido finalmente rechazada, al cosechar 66 votos en contra (PNV, EH Bildu, PSE-EE y Sumar) frente a solo ocho apoyos (PP y Vox).
La proposición no de ley del PP pedía al Gobierno Vasco impulsar cambios en la normativa que regula el acceso al parque público de vivienda protegida, en todas sus tipologías, “a fin de establecer como requisito para el acceso a la misma no haber sido condenado mediante sentencia firme, en los cinco años anteriores a la solicitud, por delitos de usurpación o allanamiento de morada, o por infracciones administrativas graves relacionadas con la ocupación ilegal de viviendas”.
La enmienda transaccional de PNV y PSE ha salido adelante con los 38 votos favorables de ambas formaciones, frente a 28 abstenciones (EH Bildu y Sumar) y ocho votos contrarios (PP y Vox).
El texto aprobado reclama al Ejecutivo autonómico que continúe impulsando programas públicos “que permitan el incremento de la oferta de viviendas en alquiler asequible y resulten beneficiosos para las personas demandantes con necesidad de vivienda”.
Mediante esta enmienda, la Cámara emplaza al Gobierno Vasco a reforzar los instrumentos que faciliten y estimulen la puesta en el mercado de alquiler de viviendas vacías a través de Bizigune, analizando vías para mejorar las condiciones ofrecidas a los propietarios y propietarias, y desarrollando campañas informativas que permitan que este programa llegue a un número mayor de ciudadanos y ciudadanas vascas.
Protección a hogares vulnerables y a propietarios
Asimismo, el Parlamento subraya “la necesaria protección institucional para hogares vulnerables sin alternativa habitacional”, al tiempo que expresa su respaldo a la adopción de medidas que salvaguarden “los legítimos intereses de los propietarios y propietarias afectadas por delitos de allanamiento y usurpación, para los que ya existen sanciones en la normativa vigente”.
En esta línea, la Cámara insta al Gobierno Vasco a “acelerar la puesta en marcha de programas, como Alokaplus, para dar cobertura a los impagos de rentas, reducir la incertidumbre e incentivar a los propietarios por esta vía para poner en alquiler sus viviendas, manteniendo las ayudas para arrendadores cuyos inquilinos e inquilinas hayan sido declarados vulnerables”.