El Parlamento Vasco ha desestimado una moción presentada por Vox en la que se pedía la dimisión del rector de la EHU, Joxerramón Bengoetxea, al que acusaba de "incapacidad" para "garantizar que la universidad sea un espacio de libertad y de convivencia pacífica".
La propuesta de Vox ha sido rechazada por el Pleno tras recabar 65 votos en contra de PNV, EH Bildu, PSE-EE y Sumar, siete abstenciones del PP y únicamente el voto favorable de la parlamentaria de la formación promotora.
En el texto, Vox expresaba su rechazo a la decisión del Rectorado de la EHU de cerrar el Campus de Álava el pasado 23 de febrero, ante el "riesgo" de incidentes que la propia universidad alegó entonces, con motivo de un acto de Vox convocado en esas instalaciones y frente al que se habían organizado varias movilizaciones antifascistas.
Según la moción, aquella resolución del Rectorado fue "contraria al libre ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de expresión y de participación política, amparados por la Constitución Española".
Además, el documento condenaba los hechos "violentos" ocurridos el 2 de marzo en el Campus de Álava de la EHU, cuando varias personas lanzaron botes de humo, así como la "violencia estructural" dirigida contra estudiantes y docentes "por parte de grupos radicales de la extrema izquierda separatista".
Críticas al rector y rechazo a la enmienda del PP
Bajo el epígrafe "SECTARISMO IDEOLÓGICO", la moción señalaba la "incapacidad" del rector, Joxerramón Bengoetxea, de "garantizar que la universidad sea un espacio de libertad y de convivencia pacífica" y reclamaba su dimisión como máximo responsable de la EHU, al que atribuía "una trayectoria marcada por un sectarismo político e ideológico, contrarios a los valores y principios democráticos".
Por otro lado, tampoco ha prosperado la enmienda del PP que, entre otros puntos, instaba al Gobierno Vasco y a la EHU a "revisar y, en su caso, actualizar sus protocolos de actuación ante concentraciones, actos políticos y situaciones de tensión en los campus".
Los populares defendían que esa eventual actualización de los protocolos debía orientarse a "asegurar la compatibilidad entre la libertad de expresión y la integridad y seguridad de toda la comunidad universitaria".