El Parlamento Vasco tumba la moción para consensuar el diseño de la Alianza Financiera entre empresas, sindicatos e instituciones

El Parlamento Vasco rechaza la moción de EH Bildu y las enmiendas de PP y Sumar sobre la Alianza Financiera Vasca y el plan Euskadi Eraldatuz 2030.

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El Parlamento Vasco ha rechazado una iniciativa de EH Bildu que reclamaba al Gobierno autonómico la apertura de un proceso de debate y contraste “estructurado y transparente” con agentes económicos, sociales, financieros e institucionales, además de con la propia Cámara, con el objetivo de cerrar de forma acordada el diseño definitivo de la Alianza Financiera Vasca.

La moción de la coalición soberanista se ha sometido a votación este jueves en el Pleno y ha sido finalmente desestimada, al cosechar 47 votos en contra (PNV, PSE-EE, PP y Vox) frente a 27 apoyos (EH Bildu y Sumar).

En su propuesta, EH Bildu instaba al Gobierno Vasco a que, en un plazo máximo de seis meses, presentara un documento específico, diferenciado y complementario al plan 'Euskadi Eraldatuz 2030', en el que se definiera “su naturaleza y ubicación jurídico-institucional”; el modelo de gobernanza y sus órganos; así como las normas de funcionamiento y coordinación entre las entidades que integren la Alianza Financiera Vasca, concebida para impulsar la transformación de la economía y la industria vascas mediante la colaboración público-privada.

El texto también exigía al Ejecutivo concretar “de forma clara” el papel de las entidades firmantes de la Alianza, garantizando “la participación efectiva e igualdad de condiciones de todas las entidades”, y asegurando “la coherencia entre las declaraciones de colaboración y la práctica real de las operaciones financieras”.

Asimismo, la moción reclamaba al Gobierno “definir expresamente” el marco de participación de las entidades de previsión social voluntaria (EPSV), fijando límites, condiciones y “criterios de cautela” en su intervención; velando por el “alineamiento con el objetivo del ahorro social que gestionan y con el interés general”; y actuando bajo parámetros de transparencia y supervisión pública “reforzadas”.

Otro de los puntos planteados por EH Bildu consistía en completar el plan 'Euskadi Eraldatuz 2030' con una hoja de ruta propia para la Alianza Financiera Vasca, que incluyera objetivos estratégicos compartidos, criterios públicos y verificables para la selección de proyectos y un sistema de seguimiento con indicadores para medir su impacto económico y social.

Además, la formación abertzale pedía abrir un proceso de debate y contraste “estructurado y transparente” con los agentes económicos, sociales, financieros e institucionales, y con el Parlamento, con el fin de acordar el diseño final de la Alianza Financiera Vasca, “previo a su plena consolidación”.

Enmiendas del PP y Sumar sin apoyo suficiente

La enmienda presentada por el PP, que tampoco ha prosperado, reclamaba al Gobierno Vasco que sometiera el plan 'Euskadi Eraldatuz 2030' a debate en comisión parlamentaria. Además, instaba al Ejecutivo a remitir a la Cámara un balance trimestral sobre la evolución del plan y a fijar unos objetivos estratégicos de 'Euskadi Eraldatuz 2030' “medibles y cuantificables”.

Igualmente ha sido rechazada la enmienda de Sumar, que proponía al Ejecutivo autonómico redefinir tanto el plan 'Euskadi Eraldatuz 2030' como la propia Alianza Financiera Vasca, “con el objetivo de salvaguardar criterios de desarrollo sostenible, arraigo y creación de empleo de calidad”.

Sumar planteaba que se valoraran de forma específica las condiciones para el uso de recursos públicos en la financiación privada, incluyendo la cofinanciación, la coinversión, la inversión anclada en fondos público-privados, los préstamos y las garantías, así como la ampliación de la presencia pública condicionada en la gestión de los proyectos, “incluyendo la participación mayoritaria que permita la capacidad de decisión pública y el buen uso de los recursos públicos”.

Con este propósito, la coalición reclamaba “una hoja de ruta pública, detallada y calendarizada para la ejecución de los 1.000 millones de euros de recursos públicos destinados a la llamada Alianza Financiera Vasca, con criterios de evaluación, transparencia e interés general”.