El Parlamento Vasco ha rechazado una proposición no de ley de EH Bildu que instaba al Gobierno autonómico a exigir, en la contratación pública con centros especiales de empleo que cuenten con personal con diversidad funcional, que dichas entidades “tengan contratadas las contingencias profesionales con la Seguridad Social”.
La iniciativa de la coalición soberanista, respaldada por Sumar, fue desestimada en la Comisión de Economía, Trabajo y Empleo de la Cámara vasca al contar con el voto contrario de PNV, PSE-EE y PP.
Estas tres formaciones han manifestado que comparten el objetivo de EH Bildu de reforzar la protección de los derechos laborales, pero han cuestionado el instrumento planteado, al considerar que carece de garantías jurídicas y podría conducir a la nulidad de los pliegos de contratación que lo incorporasen.
En su propuesta, EH Bildu recordaba que el pasado mes de marzo la junta de personal “de un conocido centro especial de empleo” denunció que la mutua “obstaculiza y/o niega el reconocimiento del carácter profesional de las bajas por lesiones derivadas del trabajo al personal con discapacidad de su plantilla”.
Según la coalición, en estos casos “la mutua no reconoce que se trate de daños derivados del trabajo, utilizando como excusa la diversidad funcional de los trabajadores o las trabajadoras para no aprobar la baja laboral”.
EH Bildu añadía que “esto ocurre con muchas de las bajas que se gestionan a través de las mutuas”, puesto que “en muchas ocasiones es el propio trabajador o trabajadora la que debe solicitar la modificación de contingencia, para que sea reconocida como contingencia profesional a través de la Seguridad Social”.
En el texto debatido este lunes se advertía de que esta realidad “coloca a los trabajadores en una situación de extrema desprotección, especialmente en unos momentos de vulnerabilidad física y emocional provocados por una enfermedad”, y se subrayaba que este procedimiento “aumenta la burocracia, ralentiza los procesos médicos y prolonga las bajas, aumentando los costes económicos”.
Situación en los centros especiales de empleo
La coalición remarcaba que la existencia de estas prácticas en centros especiales de empleo es “especialmente grave”, al considerar que “la diversidad funcional se utiliza como pretexto para no reconocer las contingencias profesionales”.
“Se incrementa la desprotección de un colectivo de alta vulnerabilidad y, asimismo, dado que a su vez estas empresas reciben dinero público, consideramos que la Seguridad Social debe ser la encargada de realizar este trámite”, recogía la iniciativa.
Condiciones en los contratos públicos
Por este motivo, el texto instaba al Gobierno Vasco a incorporar en los pliegos de contratación de obras y servicios adjudicados a centros especiales de empleo con plantilla con diversidad funcional “el requisito de que las empresas tengan contratadas las contingencias profesionales con la Seguridad Social, para poder participar en dichas adjudicaciones”.
Tampoco ha prosperado la enmienda de adición de Sumar, que reclamaba al Departamento de Economía, Trabajo y Empleo el refuerzo de las labores de control e inspección de forma periódica y regulada en los centros especiales de empleo respecto a las condiciones del personal con diversidad funcional, “teniendo en cuenta que se trata de personas vulnerables”.