El diputado del PP vasco Carmelo Barrio ha advertido este martes de que “algo grave” está ocurriendo con la gestión que realiza el Gobierno Vasco de la situación penitenciaria de los presos de ETA. Según ha denunciado, el Ejecutivo autonómico estaría otorgando “permisos, grados y beneficios injustificados” a estos reclusos, pese a que no existe “arrepentimiento”, por lo que ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez información detallada sobre las flexibilizaciones de las condenas y la concesión de terceros grados.
A través de las redes sociales, Barrio ha criticado que el Ejecutivo autonómico, que asumió la gestión de las prisiones de Euskadi el 1 de octubre de 2021, reduzca “los tiempos de cumplimientos” de las penas impuestas a los miembros de la banda terrorista.
En esta misma línea, Carmelo Barrio, junto con la también diputada vasca del Partido Popular Bea Fanjul, ha registrado en el Congreso varias preguntas dirigidas al Gobierno central. En ellas reclaman datos concretos sobre la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite establecer un régimen flexible en la ejecución de las penas, combinando elementos de distintos grados de clasificación bajo control judicial, y que se ha utilizado en el caso de reclusos de ETA.
En particular, los parlamentarios del PP solicitan saber cuántas veces se aplicó el artículo 100.2 a condenados por terrorismo, y específicamente a presos de ETA, con autorización o validación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias entre el 1 de enero de 2003 y el 30 de septiembre de 2021, es decir, antes de la transferencia de la competencia penitenciaria a Euskadi, así como en cuántos casos se concedió el tercer grado.
Asimismo, reclaman que se les faciliten esos mismos datos a partir del 1 de octubre de 2021, fecha en la que el Gobierno Vasco pasó a gestionar los centros penitenciarios.
SUPERVISIÓN POR EL GOBIERNO CENTRAL
En su iniciativa parlamentaria, los representantes del PP también piden que se detallen los “mecanismos de coordinación y supervisión” que mantiene el Ejecutivo central “para garantizar que la aplicación del artículo 100.2 y del tercer grado a condenados por terrorismo responde estrictamente a criterios técnicos y no a decisiones políticas”.
Por último, solicitan al Gobierno que aclare si “considera aceptable utilizar la política penitenciaria del Estado en favor de los intereses políticos del presidente del Ejecutivo y del PSOE, y en detrimento del Estado de Derecho y del respeto a las víctimas del terrorismo”.