El presidente del PP en Euskadi, Javier de Andrés, ha arremetido contra la reforma “propagandística” que el Gobierno Vasco pretende introducir en la Ley de Juventud para reforzar los controles sobre los campamentos juveniles, al considerar que “no aporta nada” porque el Código Penal “ya contempla” los posibles delitos denunciados en los pasados 'udalekus' de Bernedo (Álava).
En una comparecencia en el Parlamento Vasco, De Andrés ha acusado a PNV y PSE-EE de “inventarse unos artículos que no aportan nada, ya que ya están aprobados por el Código Penal” y les ha reprochado su “absoluta pasividad” e “irresponsabilidad” ante lo sucedido en los 'udalekus' de Bernedo, cuando “conocían sus actitudes inaceptables desde 2023”.
Ha recordado que la Diputación de Gipuzkoa tuvo constancia ese año de “conductas inadecuadas” por parte de monitores y decidió retirar a los menores de esos campamentos, además de no volver a contratar con esa asociación. A estos antecedentes ha añadido las denuncias presentadas por algunos progenitores en 2024, que la Ertzaintza “incluso las traslada al juez”.
Según ha censurado, toda esta información, conocida tanto por la Diputación de Gipuzkoa como por el Gobierno Vasco, no derivó en la suspensión de las actividades previstas para 2025 ni en la adopción de otras medidas judiciales que impidieran la celebración de esos 'udalekus' o depurasen responsabilidades “para quienes habían intervenido en ellas”.
Para el PP, los hechos denunciados en Bernedo suponen “una vulneración del Código Penal”, por lo que “no es necesaria ninguna otra ley para impedir que se produzcan hechos como los conocidos, ya que, obviamente, la ley nacional ya establece que no puede haber ese tipo de conductas con los niños”.
Por este motivo, De Andrés ha cuestionado que “las cuatro medidas” que el Ejecutivo autonómico quiere introducir ahora por la vía de urgencia “no aportan nada al problema”, porque “ya están contempladas” en una ley orgánica estatal de 4 de junio de 2021 y también en otra norma orgánica de ámbito autonómico de 15 de febrero de 2024.
Ha subrayado que estas leyes ya recogen “el asunto central” de la reforma que impulsa el Gobierno Vasco, relativo a la obligación de presentar un certificado negativo del requisito aceptante de delincuentes sexuales y delincuentes de seres humanos, “un requisito muy frecuente para monitores de tiempo libre, entrenadores, profesores y para cualquiera que tenga relaciones con la infancia”.
El dirigente popular ha insistido en que la legislación vigente ya obliga a verificar que toda persona que realice actividades con contacto habitual con menores acredite, mediante certificación negativa, que no figura en los registros mentales de encuentros sexuales y de tratas de seres humanos.
“Es una mentira” y acusación de pasividad institucional
Para De Andrés, “el Gobierno Vasco está mintiendo” y recurre a una “fórmula propagandística” para sacar adelante de forma urgente una ley que, a su juicio, ya está en vigor, puesto que “lo que se ha vulnerado en Bernedo es el Código Penal” y “no la reglamentación de campamentos”, dado que “las obscenidades conocidas y esas actitudes tan reprobables están tipificadas en el Código Penal”.
Ha añadido que “esta ley tan urgente, que parece que sin estas cuatro medidas que ya estaban aprobadas no se van a poder parar los 'udalekus' de Bernedo, ocultan la ineficacia del Gobierno Vasco para haberlos parado en 2023 y en 2024. Pretender hacer creer que es falta de una legislación por la cual no pudieron actuar anteriormente y eso es mentira. Lo que ha habido es una enorme pasividad”.
El PP atribuye al Gobierno Vasco y a la Diputación de Gipuzkoa “tiene una responsabilidad” por “no haber hecho nada” para detener esos campamentos. “No vale que ahora tapen su ausencia, haciendo creer que no había una ley que ya impedía ese tipo de actitudes desde 2021. Lo que ya estaba en vigor desde el año 2021, lo vuelven a refritar ahora para hacer creer que toman decisiones”, ha señalado.
En consecuencia, el presidente de los populares vascos ha vinculado la falta de actuación institucional a una “absoluta pasividad”. “Lo que no han hecho no ha sido porque no hubiera un soporte legislativo, era porque han tenido una absoluta pasividad que tendrían que explicar, igual en sede judicial, porque no sé cómo es posible que hayan dejado que ocurrieran las cosas que ya todos sabemos”, ha concluido.