La Comisión de Reclamaciones en materia de Transparencia de Bizkaia ha tramitado en 2025 un total de 113 solicitudes de acceso a información pública, lo que supone 18 más que en el ejercicio precedente, y ha cerrado nueve reclamaciones, de acuerdo con el balance presentado este jueves ante la Comisión Institucional, Buen Gobierno y Transparencia de las Juntas Generales.
Tal y como han señalado desde las Juntas Generales, la memoria de actividad del ejercicio 2025 constata que la labor de este órgano independiente, encargado de garantizar la imparcialidad y objetividad en el derecho de acceso a la información pública, “ha ido a más ya que tanto las resoluciones como las solicitudes de información muestran una tendencia ascendente”.
En el último año se han registrado 113 peticiones de acceso, frente a las 71 de 2022, las 64 de 2023 y las 95 contabilizadas en 2024. Del conjunto de solicitudes, 79 se han estimado en su totalidad, dos se han aceptado solo en parte, ocho han sido desestimadas y 13 no han sido admitidas a trámite. Además, seis expedientes se han remitido a otras administraciones con competencia en la materia y cinco seguían en tramitación al cierre del año.
La Comisión ha emitido nueve resoluciones a lo largo de 2025, según ha detallado el órgano evaluador integrado por su presidenta, María Eugenia Maté Mendieta, y los vocales Nerea García Rodríguez y Unai Aberasturi Cantera. Otras dos reclamaciones continúan pendientes al haberse formalizado en la recta final del ejercicio.
Por ámbitos de actuación, de los 11 expedientes analizados, cuatro reclamaciones se dirigen contra resoluciones del departamento foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial (dos de ellas aún sin resolver), tres se refieren al área de Medio Natural y Agricultura, dos a Hacienda y Finanzas, una a Promoción Económica y otra al departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad.
Entre los asuntos abordados, figura el examen de una denuncia presentada por un particular relativa a una actuación de la sociedad foral Garbiker que, según el reclamante, no habría cumplido sus obligaciones de publicidad activa en un proceso de selección de personal. La Comisión concluyó, no obstante, que sí existía información previa sobre dicho proceso y que esta era accesible a través del portal de transparencia.
AUDITORÍA SOBRE EL GUGGENHEIM DE URDAIBAI
En otro punto del orden del día, la Comisión Institucional, Buen Gobierno y Transparencia de las Juntas Generales ha tumbado una proposición no de norma de Elkarrekin que reclamaba una auditoría de todos los gastos, contratos, encargos y actuaciones financiadas con fondos públicos vinculados al proyecto del Museo Guggenheim en Urdaibai, incluyendo tanto las partidas ejecutadas de forma directa por la Diputación como las asumidas por otras entidades públicas o privadas.
El grupo proponente solicitaba que las conclusiones de esa auditoría se elevaran a las Juntas Generales de Bizkaia en un plazo máximo de seis meses. La iniciativa ha sido rechazada con nueve votos en contra de PNV y PSE-EE, cuatro abstenciones de EH Bildu y dos apoyos de Elkarrekin y PP.
Durante la discusión, según han indicado desde las Juntas, Elkarrekin y PP han recalcado la conveniencia de ofrecer una información “completa” y “verificable” ante la demanda social de transparencia generada tras la decisión de abandonar este proyecto el pasado mes de diciembre.
Para la portavoz de Elkarrekin, Eneritz de Madariaga, se trata de una cuestión de “responsabilidad política” y “rigor en la gestión” conocer el coste “real” de un proyecto que, después de años de “esfuerzo” y recursos públicos, ha concluido sin llegar a materializarse.
En términos similares, la portavoz del PP, Raquel González, ha señalado que, al ser un proyecto “estrella” que ha resultado “fallido”, resulta imprescindible revisar con detalle los gastos para evitar que se repitan modelos de gestión que generan “frustración y división social”.
Los grupos que sostienen al Gobierno foral han argumentado que ya operan mecanismos de control interno y fiscalización, como la función interventora y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), que garantizan la legalidad del uso de fondos públicos sin necesidad de recurrir a auditorías adicionales.
El portavoz del PNV, Jesús Lekerikabeaskoa, ha subrayado que los instrumentos de supervisión vigentes son “perfectamente válidos y suficientes” para controlar la actuación del Gobierno y ha avisado de que implantar medidas excepcionales trasladaría un mensaje equivocado a la ciudadanía, cuestionando “injustificadamente” el sistema de rendición de cuentas aplicable a todos los proyectos de la institución.
Por su parte, el portavoz del PSE, Goyo Zurro, ha remarcado que no debe confundirse el control político con el control técnico de legalidad, que ya se encuentra asegurado mediante herramientas como Intervención, el TVCP o la Central de Contratación Foral. A su juicio, una auditoría extraordinaria solo estaría justificada si hubiera indicios de irregularidades, “que no existen”.
El juntero de EH Bildu Aitor López ha defendido que primero debe agotarse la vía de las preguntas por escrito registradas el pasado 12 de febrero y, una vez recibida la información sobre las partidas presupuestarias y los contratos, valorar si los datos “son suficientes” o si procede reclamar una auditoría u otras fórmulas de control.