Las Juntas Generales de Bizkaia han solicitado a la Diputación que, a lo largo de este año, impulse un estudio de carácter social y preventivo para localizar, entre otros aspectos, factores de vulnerabilidad y riesgo vinculados a la salud mental, contando con la participación de profesionales, agentes sociales y entidades especializadas en este campo.
El pleno de la Cámara foral ha abordado este miércoles una moción sobre salud mental y prevención del suicidio registrada por Elkarrekin, a la que los grupos que sustentan al Gobierno foral, PNV y PSE-EE, habían presentado una enmienda. Finalmente, las tres formaciones han consensuado un texto transaccional que ha recibido también el respaldo del PP, mientras que EH Bildu ha optado por la abstención.
Los grupos representados en la Cámara han remarcado que la salud mental constituye un desafío "de primer orden" que requiere una respuesta decidida. Tal y como ha expresado el juntero de Elkarrekin, Richar Vaquero, impulsor de la moción inicial, "cuando hablamos de salud mental, no hablamos de una cuestión secundaria, hablamos de vidas, hablamos de bienestar y de la capacidad de nuestras instituciones para dar respuesta a los problemas complejos y en eso merece la pena avanzar juntos".
Mediante la iniciativa aprobada, las Juntas Generales instan a la Diputación a elaborar durante el presente ejercicio "un estudio de carácter social y preventivo desde el sistema de servicios sociales de competencia foral, que permita identificar, entre otros, los factores de vulnerabilidad y riesgo asociados a la salud mental". Para ello, se prevé la implicación de profesionales, agentes sociales y entidades que desarrollan su labor en este ámbito en el territorio.
La moción incluye también la definición, dentro de ese estudio, de una línea específica de prevención del suicidio, en coherencia con la Estrategia de Prevención del Suicidio de Euskadi.
Con este trabajo se pretende examinar posibles vías de actuación y mejora en el terreno de la intervención social, comunitaria y preventiva, con especial atención a los servicios y programas forales dirigidos a personas en situación de exclusión social, soledad no deseada, discapacidad, violencia machista u otras formas de vulnerabilidad social.
El texto aprobado contempla, además, que las conclusiones del estudio "podrán contribuir, en su caso, a orientar futuros trabajos de planificación, como podría ser la elaboración de un Plan Foral en materia de prevención del suicidio, que deberán abordarse de forma integral y coordinada con el resto de las instituciones competentes, sin que ello implique asumir compromisos que excedan las competencias propias" de la Diputación.
Asimismo, se aboga por "desarrollar este trabajo desde una perspectiva de coordinación institucional, en el marco de espacios existentes de colaboración sociosanitaria, por ejemplo, en el Plan Operativo Sociosanitario de Bizkaia, sin perjuicio de las competencias propias de otras administraciones, y en especial de las que corresponden al Departamento de Salud del Gobierno Vasco".
La juntera del PNV Yolanda Fika ha destacado que el acuerdo alcanzado permitirá disponer de "una herramienta de trabajo a fin de solventar la carga de la fragilidad mental". En la misma línea, la apoderada del PSE-EE, Begoña Gil, ha señalado que ayudará a "afinar mucho más" las políticas que ya se vienen desarrollando para hacer frente a un reto que "trasciende lo sanitario" y abordar sus causas.
La portavoz del PP, Raquel González, ha subrayado la "urgencia" de intervenir en este ámbito y ha alertado sobre las "barreras" que dificultan la detección y la intervención temprana.
Por otro lado, el juntero de EH Bildu, Urtzi Ostolozaga, ha opinado que, "en lugar de poner en marcha nuevos planes", la Diputación "lo que debe poner en marcha son políticas estructurales teniendo en cuenta sus propias competencias".