Las Juntas Generales de Bizkaia han mostrado su respaldo al proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, al que califican como “medida imprescindible de justicia social, dignidad humana, cohesión territorial y garantía de los derechos fundamentales”, y han reclamado a la Diputación que, dentro de sus competencias, impulse “las medidas necesarias para que se desarrolle con la máxima eficacia, celeridad, coordinación y seguridad jurídica”.
El pleno de este miércoles ha dado luz verde a una moción de Elkarrekin, apoyada por todos los grupos salvo el Partido Popular. EH Bildu presentó una enmienda al texto, que finalmente no ha sido incorporada por el grupo proponente.
El juntero de Elkarrekin Richar Vaquero ha subrayado la relevancia de “consolidar el posicionamiento claro” de la Cámara en torno al proceso de regularización extraordinaria de migrantes promovido por el Gobierno central, de forma que permita “acompañarlo, reforzarlo y facilitar su aplicación práctica”.
En esta línea, ha considerado fundamental trasladar a la ciudadanía que las instituciones de Bizkaia “apuestan por la integración desde los derechos, no miran hacia otro lado ante situaciones de vulnerabilidad y entienden que la cohesión social se construye desde la inclusión”.
El acuerdo aprobado recoge un “apoyo expreso” al proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, “reconociéndolo como una medida imprescindible de justicia social, dignidad humana, cohesión territorial y garantía de los derechos fundamentales”.
Además, se insta a la Diputación de Bizkaia a “apoyar y favorecer las medidas necesarias para que dicho proceso se desarrolle con la máxima eficacia, celeridad, coordinación y seguridad jurídica”, así como a reforzar, junto al Gobierno Vasco, los servicios de orientación, activación laboral y certificación de competencias, “favoreciendo la incorporación efectiva al mercado de trabajo formal de las personas regularizadas”.
Las Juntas piden igualmente al Gobierno foral que colabore de forma activa con las entidades sociales que trabajan en el ámbito migratorio, “facilitando la acreditación y certificación del arraigo mediante los instrumentos administrativos disponibles”, y llaman a todas las instituciones del territorio a poner en marcha medidas que promuevan “la integración social, económica y cultural de las personas migradas” y, con ello, la cohesión social.
La iniciativa ratifica el compromiso de la Cámara con la defensa de los derechos humanos, la igualdad y la convivencia, “rechazando de forma expresa el racismo, la xenofobia, los discursos de odio y cualquier forma de criminalización colectiva de la migración”, y emplaza a los gobiernos central y vasco a “mantener los consensos necesarios para avanzar en la mejora del marco normativo en materia de extranjería, garantizando siempre el respeto a los derechos fundamentales”.
En su enmienda, EH Bildu planteaba, según ha expuesto su apoderado Aitor López, “ir más allá” e instar al Gobierno Vasco a que solicite al Estado la transferencia de las competencias en materia de migración para “contribuir a avanzar en todos los derechos de las zonas migrantes y solicitantes de asilo desde los principios de justicia social y derechos humanos”.
También proponía “elogiar el trabajo realizado por los agentes sociales y la sociedad civil organizada antirracista” y dejar constancia de que las movilizaciones e iniciativas impulsadas han sido “un impulso imprescindible para llevar a cabo esta regularización”.
Desde los grupos que sostienen al Gobierno foral, el apoderado del PNV Danel Bringas ha defendido que el proceso de regularización “responde a la evidencia irrefutable” de que “miles de personas viven, trabajan y forman parte de nuestra sociedad sin que su situación administrativa sea plenamente reconocida”, por lo que, a su juicio, se trata de “ordenar lo que ya existe”.
Ha recordado que en Bizkaia residen en torno a 162.000 personas nacidas en el extranjero, casi un 15% de la población, “una realidad que sigue creciendo” y que hace “imprescindible que las políticas públicas estén a la altura”.
La apoderada del PSE-EE Begoña Gil ha apelado a “la memoria y la empatía” hacia las personas migrantes “frente a la ola racista y xenófoba que agita la ultraderecha y que copia perfectamente la derecha”.
Gil ha recalcado que el proceso en marcha pretende “garantizar derechos y dar seguridad jurídica” a quienes “ya están aquí” y “sostienen sectores esenciales”, y ha apuntado que la Diputación puede contribuir sumándose al resto de poderes públicos para “la agilización de lo que pueda estar en su mano” y reforzando especialmente el empleo, “piedra angular de la regularización”.
Por otro lado, la portavoz del PP, Raquel González, ha rechazado el texto al considerar que parte de un diagnóstico “sesgado, imparcial y alejado de la realidad social, económica y política”.
La juntera ha censurado el proceso de regularización porque, a su entender, genera un “efecto llamada claro” y lanza a la ciudadanía el mensaje de que “el cumplimiento de las normas en materia de extranjería está sujeto a decisiones arbitrarias”. En su opinión, se ha presentado como una “medida estelar lo que es una tapadera del fracaso total” en política migratoria.