El Pleno de las Juntas Generales de Álava ha decidido no suprimir el recargo del IBI a las viviendas vacías, tal y como solicitaba el grupo juntero del Partido Popular, y ha vuelto a respaldar “la autonomía local y financiera y la potestad de auto organización” de las entidades locales alavesas para fijar, mediante sus ordenanzas fiscales, la regulación de los tributos municipales.
En la sesión ordinaria de la cámara alavesa, PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Araba han tumbado la propuesta del PP, que solo ha sumado los apoyos del propio grupo proponente y de Vox.
La procuradora del PP Ana Salazar ha planteado modificar la Norma Foral 42/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que permite a los ayuntamientos del territorio aplicar un recargo sobre el IBI de las viviendas vacías de hasta un 50%. Este tope fue ampliado posteriormente por la Norma Foral 3/2025, de 9 de abril, que autoriza elevar el recargo hasta un máximo del 150%.
Según el PP, esta regulación “genera un grave perjuicio a los ciudadanos residentes en la zona rural que, por necesidad, han adquirido una segunda vivienda en núcleos urbanos para facilitar el acceso a servicios esenciales como la educación o la sanidad”.
Salazar ha insistido en que “es injusta la definición de vivienda vacía basada únicamente en la ausencia de empadronamiento. Este criterio genera inseguridad jurídica y una clara indefensión a los vecinos de la zona rural, donde, como consecuencia de la aplicación de estas normativas forales y municipales, muchos residentes se están desempadronando de sus municipios para trasladar su empadronamiento a Vitoria-Gasteiz o Llodio, con el fin de evitar el recargo del IBI”.
El juntero de Vox, Jonathan Romero, ha respaldado la iniciativa popular al considerar que lo que nació como una herramienta para activar vivienda y frenar la especulación “se ha convertido en un instrumento de castigo a quienes no encajan en el patrón urbano o ideológico desde el que se legisla”.
En su intervención, ha subrayado que “muchas familias necesitan disponer de una segunda vivienda en núcleos urbanos como Vitoria o Llodio para acceder a servicios esenciales que no existen en sus localidades de origen y, en todos estos casos, esa segunda vivienda no es un lujo, no es una inversión especulativa ni es un activo ocioso, es una necesidad”.
Defensa de la competencia municipal
Desde el PNV, el juntero Jon Pérez ha mostrado su postura “contraria” a una moción que, a su juicio, “supone un importante retroceso en la defensa de la autonomía local de las entidades”, recordando que la norma foral del IBI contempla que los ayuntamientos puedan aplicar un recargo sobre los inmuebles de uso residencial que “no constituyan la residencia del sujeto pasivo o de terceras personas”.
En su opinión, esta normativa “fortalece la capacidad de decisión de los municipios”. Ha remarcado que “tanto el establecimiento del recargo como la determinación de supuestos en los que este mismo no resulte son competencia del ayuntamiento, por lo que será este quien determine si se va a aplicar el recargo y qué importe”.
El representante de EH Bildu, Xabier Ullibarri, también ha reivindicado “la autonomía de la entidades locales”, apuntando que son “los ayuntamientos quienes podrán, si quieren y si lo deciden, puesto que no están obligados, exigir un recargo de hasta el 50%”.
Ha puesto el foco en la situación del mercado residencial: “En este momento histórico y con la crisis habitacional que tenemos, tener una segunda vivienda no es un problema, es un privilegio. El problema lo tienen los chavales que con 35 años siguen en casa de los viejos viendo Netflix los sábados porque no se pueden emancipar, la gente que tiene que dedicar el 80% de sus ingresos a pagar una hipoteca o un alquiler y la gente que paga por una habitación con candado hasta 500 euros de alquiler”, ha concluido.
Por parte del PSE, el juntero Alain Coloma ha defendido “la actuación de las políticas públicas, cuando la vivienda no cumple su función social, se acumula y se retira del mercado, contribuyendo a una causa más de su tensión”, y ha precisado que “no se grava a quien tiene una segunda vivienda, sino a quien tiene una vivienda vacía que no cumple la función social para la que fue construida”.
Ha recalcado que “el recargo del IBI no es un castigo, es un instrumento que busca, indirectamente, que las viviendas se utilicen, se pongan en el mercado, y aumente la oferta. No es una medida arbitraria, se aplica en el marco de la autonomía municipal y es una medida más”.
El portavoz de Elkarrekin Araba, David Rodríguez, ha considerado que el incremento del 50% “representa una subida muy baja para lograr que tenga realmente los resultados buscados con el objetivo de que los propietarios pongan esa vivienda en función del uso social que le corresponde”.
Rodríguez ha recordado que el Observatorio Vasco de Vivienda cifra en 6.484 las viviendas deshabitadas en Araba, “ninguna de ellas viviendas de segunda residencia”, y ha pedido “medidas que realmente tengan efecto para que la vivienda deshabitada cumpla la función social de uso y no para especular”.
Autonomía municipal y medidas para el medio rural
Finalmente, el Pleno de la cámara alavesa ha dado luz verde a una enmienda de sustitución del Gobierno Foral (PNV-PSE), en la que se reafirma “la defensa de la autonomía local y financiera, y la potestad de auto organización de las entidades locales alavesas” para ordenar, a través de sus ordenanzas fiscales, los tributos locales dentro del marco de la normativa foral.
Las Juntas Generales de Araba expresan asimismo su respeto a las decisiones que adopten los ayuntamientos del Territorio, en ejercicio de su autonomía municipal y de acuerdo con la normativa foral, a la hora de “aplicar el recargo del IBI a viviendas que realmente estén vacías en base a criterios públicos, claros y con la debida seguridad jurídica”.
El texto aprobado concluye instando a la Diputación Foral de Álava a continuar impulsando de forma decidida el desarrollo de la zona rural del Territorio Histórico y la mejora de su demografía mediante tanto herramientas fiscales como políticas ambiciosas de equilibrio territorial y reto demográfico, en las que se incluya específicamente el ámbito de la vivienda.