El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha instado a los grupos de la oposición en el Parlamento Vasco a “no caer en alarmismos forzados o sobreactuados” y ha reiterado que “no hay amenaza para la seguridad por riesgos o efectos adversos de la administración de la vacuna caducada, ni por el efecto de la vacuna”.
Según ha explicado, del informe emitido por la Agencia Española de Medicamentos se desprende que “la inmunogenicidad no está comprometida”, en respuesta a la pregunta formulada por el Grupo Mixto-Vox sobre las vacunas caducadas administradas por Osakidetza a determinados pacientes en Euskadi, durante el pleno de control celebrado en la cámara autonómica.
En esta línea, Martínez ha subrayado que “la seguridad y el rigor ha estado plenamente garantizada en todo momento”, ya que la aplicación de la vacuna una vez superada la fecha de caducidad “no conlleva riesgo de efectos nocivos para la salud de los pacientes”. Por ello, ha recalcado que “desde el primer día quedó asegurada la ausencia de riesgo clínico inmediato o diferido”.
El titular de Salud ha defendido la actuación “proactiva” de su departamento, que ha analizado el alcance del incidente con el fin de “garantizar la seguridad de los pacientes” y “aplicar criterios científicos”, dentro de una “actuación prudente” “responsable”, y que, “una vez determinado el criterio científico definitivo, actuar con la máxima transparencia”.
Al mismo tiempo, ha indicado que el departamento trabaja “a minutos, para esclarecer lo sucedido”, mediante un comité específico de investigación y trazabilidad de vacunas, con la finalidad de que “pueda emitir conclusiones claras de todo lo sucedido” y así “introducir medidas correctoras que eviten que esto nunca jamás se repita”.
“No caigamos en alarmismos forzados o sobreactuados, ya que la incidencia está encauzada. Admito que esto no debía haber ocurrido y es el momento de analizar sus causas”, ha concluido.
Críticas de Vox y acusaciones de falta de transparencia
Las explicaciones del consejero no han satisfecho a la portavoz del Grupo Mixto-Vox, Amaia Martínez, quien ha criticado con dureza la gestión del caso y su “absoluta falta de transparencia, porque ocultó lo sucedido durante dos semanas”.
“No es una expresión de inocencia, sino de absoluta incompetencia. Su actuación contribuye a generar grandes dosis de desconfianza en un servicio público que necesita recuperar la confianza y el prestigio perdido a lo largo de los últimos años. No vale cobrarse piezas menores, la asunción de responsabilidades debe comenzar por usted mismo. Pedir perdón está muy bien, es muy cristiano, pero ahora toca depurar responsabilidades”, ha exigido.
La parlamentaria ha descrito la gestión de las vacunas caducadas como “un verdadero caos organizativo”. A su juicio, “no estamos ante un error, sino ante una negligencia sanitaria producto de una pésima gestión política. Fallos acumulados a lo largo de toda la cadena de trazabilidad y múltiples versiones sobre el número de pacientes y dosis afectadas”, ha denunciado.
Desde Vox se ha sostenido que la administración de estas dosis ha implicado “un riesgo indirecto para los pacientes afectados por la ausencia de una inmunización adecuada”.
“Inocular vacunas caducadas a pacientes de tan corta edad les coloca en una situación de vulnerabilidad inmunitaria frente a patologías que pueden acarrear complicaciones muy severas, en ocasiones acompañadas de daños irreversibles”, ha advertido la portavoz.