La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha subrayado en el Parlamento vasco que fijar por ley un salario mínimo interprofesional (SMI) es “competencia exclusiva del Estado” y ha advertido de que “generar expectativas” sobre una regulación propia en Euskadi, “que no se ajusta al marco competencial real”, supone “no ayudar a los jóvenes”.
Melgosa ha intervenido en el pleno para contestar a la parlamentaria de EH Bildu, Edurne Benito, que le había preguntado por la posibilidad de establecer un salario mínimo específico en Euskadi como vía para combatir la precariedad entre la juventud.
En su turno, Benito ha denunciado que, “en pleno 2026 y en un contexto en el que el precio medio de alquiles ronda los 900 euros”, hay jóvenes que “ganan menos de 1.000 euros al mes” y ha cuestionado si en el Gobierno vasco son “realmente conscientes de la crisis que vivimos”.
La representante de EH Bildu ha descrito la situación de muchas personas jóvenes que, tras concluir sus estudios, encadenan “becas, contratos temporales, prácticas y parcialidad” y ha señalado que, en la mayoría de los casos, “deben pasar años” hasta lograr cierta estabilidad laboral y, con suerte, acceder a “un salario digno”.
Benito ha reprochado además que no se disponga de nuevos datos de la encuesta de pobreza y desigualdades desde 2022, algo que, a su entender, es “muy significativo porque deja patente cuánto le importa al gobierno este tema”.
Tras aludir a un informe de LAB que indica que en Euskadi “casi 60.000 personas menores de 30 años ganan menos de 1.500 euros al mes”, ha defendido que la implantación de un salario mínimo propio “tendría incidencia en miles de jóvenes” y ha calificado de “totalmente insuficiente” las actuaciones del Ejecutivo vasco para hacerlo posible.
La parlamentaria ha reconocido que el lehendakari, Imanol Pradales, “le pidió a Confebask que se subiera el sueldo a las personas jóvenes”, pero ha censurado que, “cuando ha tenido la oportunidad”, la patronal vasca “ha cerrado las puertas a la negociación” de ese salario mínimo propio, mientras que el Gobierno vasco “ha cerrado las puertas a una iniciativa legislativa popular respaldada por miles de firmas”.
Ante este bloqueo, ha explicado que la mayoría sindical vasca “ha tenido que adoptar otro camino, la huelga general que se ha convocado para el 17 de marzo para reivindicar un salario mínimo propio” que, ha dicho, “para muchas personas jóvenes es una única ventana de oportunidad”.
Benito ha expresado su deseo de que esta huelga “valga para mover la posición tan firme y rígida del gobierno y para poner en primer plano estas desigualdades entre las personas”, además de “decirle a Confebask que no va a decidir sobre nuestras vidas”.
El Gobierno vasco defiende la negociación colectiva
En su respuesta, Nerea Melgosa ha asegurado que el Ejecutivo autonómico “comparte la preocupación por la evolución de los salarios y por cómo el aumento del coste de la vida afecta especialmente a los más jóvenes”.
Ha recordado que en 2025 “hablamos de 315.045 jóvenes de 16 a 29 años en Euskadi, un colectivo amplio y diverso, con dificultades reales para lograr estabilidad en el empleo”. Tras insistir en que comparten la inquietud por la situación salarial y el encarecimiento de la vida, ha recalcado que “en cuanto a la responsabilidad institucional debemos ser claras” y ha reiterado que “establecer por ley un salario mínimo interprofesional es competencia exclusiva del Estado”, por lo que “generar expectativas sobre una capacidad normativa que no se ajusta al marco competencial real hoy es no ayudar a los jóvenes”.
La consejera ha apostado por reforzar el diálogo social y ha defendido que “los salarios se consolidan con mayor solidez cuando nacen del acuerdo y entre quienes crean empleo y quienes lo solicitan”. En esta línea, ha destacado que “en 2024 la tasa de ocupación joven entre los 16 y 29 años fue del 45,8%”, que “el 24,4% de los menores trabajaba y la mayoría estaba estudiando” y que, entre los jóvenes de 25 a 29 años, “la ocupación sube al 75,4%”.
Melgosa ha instado a centrarse en “la calidad, estabilidad y duración del empleo” y ha puesto en valor que Euskadi “dispone de una herramienta eficaz y plenamente ajustada a nuestro marco, la negociación colectiva, donde se fijan los salarios mínimos de convenio, que en muchos casos están por encima del SMI estatal, y se adaptan a nuestra realidad”. “Es un camino útil y con seguridad jurídica”, ha remarcado.
Ha recordado igualmente que en 2023 el Parlamento vasco aprobó, “con un apoyo del 90% y respetando la autonomía de los agentes sociales, un acuerdo interprofesional”, y ha insistido en que la negociación colectiva es “una herramienta potente y real y plenamente ajustada a nuestro marco competencial”.
“A través de los convenios sectoriales se establecen los salarios y defender la negociación colectiva no es renunciar a mejorar los sueldos al contrario, es apostar por el instrumento que mejores resultados puede ofrecer a nuestro contexto”, ha manifestado.
La consejera ha sostenido además que, “ante los largos e inciertos debates jurídicos, el diálogo social ofrece respuestas concretas para salvaguardar el empleo y el poder adquisitivo de las personas trabajadoras”.
“Ese es el camino útil, práctico, responsable y coherente con nuestras competencias y ese es el camino que defiende el Gobierno vasco, sin dejar de poner medidas reales y efectivas para que no se tenga ninguna duda de que a la cantera se la cuida y se la paga” ha remarcado.
Melgosa ha avisado de que “devaluar la negociación colectiva vasca no trae nada bueno y además divide a la clase trabajadora”, y ha reclamado no restar valor a este marco de negociación “ni a los trabajadores vascos que negocian todos los días por tener un salario digno”. “Estamos de acuerdo con el SMI, sí, pero también con la negociación colectiva vasca”, ha concluido.