Este miércoles, la Comisión de Planificación Territorial, Vivienda y Agenda Urbana del Parlamento Vasco ha dado luz verde al dictamen de la Proposición de ley de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo, promovida por el PNV y el PSE-EE. Ambas formaciones han mantenido una postura firme, desestimando todas las enmiendas presentadas por los partidos opositores y adoptando modificaciones propuestas por ellos mismos al documento inicial.
Con el objetivo de simplificar la normativa y acelerar los procedimientos para fomentar la construcción de viviendas, esta proposición ha completado su último proceso en la legislatura regional antes de su discusión y ratificación final en el pleno. Durante la sesión de la comisión, que replicó la dinámica ya vista en la fase de ponencia, el PNV y el PSE-EE rechazaron sistemáticamente las enmiendas opositoras mientras aprobaban las propias, con el objetivo de enriquecer y precisar el texto preliminar. El dictamen fue aprobado con el apoyo de ‘jeltzales’ y socialistas y la oposición de EH Bildu, PP y Sumar.
Desde las filas del PNV y del PSE, se ha subrayado que estos ajustes son resultado de un ‘proceso participativo’ con actores del sector, que contribuyen a la seguridad jurídica de la ley, clarifican conceptos, corrigen ‘ambigüedades’, facilitan la promoción de la vivienda protegida, mejoran la coordinación en la evaluación ambiental y fortalecen la figura de la actuación prioritaria.
‘A MERCED DEL MERCADO’
En el debate, Xabier Astigarraga de EH Bildu ha criticado la ley, sugiriendo que representa un retroceso en el estándar de vivienda protegida y que deja la política de vivienda más expuesta al mercado en lugar de fortalecer el ámbito público. Por su parte, Ana Morales del PP ha expresado su decepción al considerar que la reforma es una oportunidad desperdiciada para enmendar un modelo que considera fallido. Jon Hernández de Sumar también ha señalado que la ley es un paso atrás y se distancia de las verdaderas necesidades habitacionales.
En respuesta, Jonatan Moreno (PNV) ha defendido la ley como un marco necesario para responder a la urgencia habitacional en Euskadi, mientras que Adrián Fernández (PSE-EE) ha justificado el rechazo a las enmiendas opositoras argumentando que debilitaban el proyecto original y que su aprobación se basa en una ‘legitimidad democrática’ otorgada por los votantes.