El Pleno del Parlamento Vasco ha dado el visto bueno este jueves al inicio de la tramitación de la proposición de ley de vivienda, suelo y urbanismo presentada por el PNV y el PSE-EE, destinada a hacer más flexible la legislación actual y acelerar los trámites para fomentar la edificación de viviendas.
Gracias a la mayoría absoluta que poseen ambos partidos en la Cámara, la proposición ha avanzado pese a la oposición de EH Bildu, Sumar y Vox, mientras que el PP y Vox han optado por la abstención.
La finalidad de esta iniciativa legislativa es simplificar y agilizar los procedimientos para promover la construcción de viviendas. Entre las medidas propuestas se incluye la disminución del porcentaje de reserva para vivienda de protección pública del 75% al 60%, con el objetivo de ‘desbloquear’ la edificación de nuevos inmuebles.
RESERVA ESTRATÉGICA
Según explicaron los impulsores de la norma, se busca incrementar la oferta de vivienda accesible mediante la activación de suelos y la adaptación de los porcentajes de reserva de vivienda que pueden aplicar los ayuntamientos. Además, se propone agilizar los trámites administrativos para ‘construir más rápidamente’, lo que podría reducir los tiempos hasta en ocho meses, según indicó Esteban.
Jonatan Moreno, parlamentario del PNV, destacó la necesidad de un enfoque pragmático frente a posturas más ideológicas: ‘La vivienda no debería ser una trinchera ideológica y porque las personas jóvenes no pueden esperar más. Les tenemos que ayudar a emanciparse en libertad’. Por otro lado, Eneko Andueza, del PSE-EE, remarcó que es necesario un cambio aunque algunos prefieran mantener el status quo para seguir beneficiándose de la especulación.
Xabier Astigarraga de EH Bildu criticó que se etiquetara a su grupo de ‘dogmático’, mientras que Ana Morales del PP señaló que aunque están de acuerdo con algunas medidas, discrepan con otras que ven como demasiado intervencionistas. Jon Hernández de Sumar denunció que la ley parece estar ‘redactada por la banca y las promotoras inmobiliarias’, y Amaia Martínez de Vox consideró que la proposición carece de audacia para estimular la inversión privada.















