El Parlamento Vasco ha dado luz verde a una enmienda presentada por el PNV y el PSE-EE, que urge al Gobierno de la región a persistir en las labores de “inspección antifraude” en las viviendas de protección oficial y aquellas que no satisfacen su función social. Para ello, solicita la asignación de “los medios humanos y técnicos necesarios”.
La sesión plenaria debatió esta cuestión a iniciativa del PP, cuya propuesta legislativa fue desestimada tras recibir 62 votos en contra de partidos como el PNV, EH Bildu, PSE-EE y Sumar, y solo ocho votos a favor de los ‘populares’ y Vox.
La propuesta del PP abogaba por “intensificar y aumentar el número de inspecciones antifraude” en los apartamentos sociales que administra Alokabide, y por reforzar los recursos necesarios para tal fin, incluyendo “impulsando además la formación constante para el equipo de inspectores, al objeto de lograr una mayor eficacia en la detección y seguimiento de nuevas formas y casuísticas de fraude e irregularidades”. Además, proponía la creación de un “buzón contra el fraude de carácter gratuito” para facilitar las denuncias de los ciudadanos vascos, y una campaña de información para promover su uso.
Asimismo, el texto del PP instaba a incrementar las cuantías de las sanciones en la normativa vigente, para mantener su carácter disuasorio y ejemplar. También solicitaba al Gobierno Vasco que endureciera los criterios para imponer sanciones por irregularidades y fraude en el uso de las viviendas protegidas.
Finalmente, la enmienda aprobada del PNV y PSE-EE, que contó con 37 votos a favor y la abstención de 25 parlamentarios de EH Bildu y Sumar, llama al Gobierno a ampliar las medidas de información y conciencia sobre el rol social de la vivienda. Además, pide mantener actualizados los montos de las sanciones para proteger los objetivos de servicio público del parque de vivienda protegida.