Las Juntas Generales de Gipuzkoa han ratificado una propuesta donde se declara el apoyo a las víctimas de actos violentos y de vulneraciones a los derechos humanos, además de rechazar cualquier mensaje o acción que “suponen una humillación directa a su dignidad”.
En una sesión plenaria, se aceptó una enmienda global de PNV y PSE-EE a una propuesta inicial del PP, que también contó con el respaldo de Elkarrekin Podemos y la disconformidad de EH Bildu.
El documento final aprobado condena “toda expresión de enaltecimiento del terrorismo, incitación a la violencia, al racismo, a la xenofobia o a cualquier forma de vulneración de los derechos humanos que padecieron las víctimas”. Simultáneamente, subraya la importancia de la libertad de expresión, “un derecho fundamental cuyo ejercicio se sujeta a los límites establecidos por la ley” e insta a las autoridades a promover la convivencia y el respeto hacia las víctimas, evitando que ciertos sectores hagan uso sectario de los espacios públicos.
La propuesta del PP, que fue rechazada, solicitaba al Gobierno Vasco que prohibiera de forma explícita y actuara inmediatamente ante la aparición de elementos como pancartas o murales que glorificaran el terrorismo, además de denegar permisos para eventos públicos que pudieran tener el mismo efecto.
Euge Arrizabalaga, portavoz del PNV, afirmó que, aunque la propuesta del PP “parece perseguir objetivos legítimos”, era inviable ya que “la libertad de expresión es un derecho fundamental”, señalando que es el Tribunal Constitucional el que marca la legislación vigente. Arrizabalaga criticó la “censura previa y la ambigüedad” de la propuesta del PP y reiteró el apoyo del PNV a “todas las víctimas”, condenando cualquier vulneración de los derechos humanos.
Por su parte, David de Miguel del PSE-EE, mostró su solidaridad con todas las víctimas y sus familias, condenando cualquier acto que represente una “humillación directa a su dignidad” y destacó que la memoria de las víctimas es también una “conciencia democrática y obligación moral”. De Miguel enfatizó que no debe permitirse el honor a quienes ejercieron violencia en el espacio público.
Jorge Mota del PP subrayó la necesidad de un compromiso activo de las instituciones en la defensa de los valores democráticos y en la prevención de la apología del terrorismo. Mota describió la propuesta de su partido como “profundamente moral y democrática” y lamentó que rechazarla equivaldría a ignorar la dignidad de las víctimas.
Mariví Eizagirre de Elkarrekin Podemos expresó el rechazo de su grupo a cualquier forma de violencia y abogó por una memoria inclusiva y construcción de convivencia a través del diálogo y la educación.
Finalmente, Joxemari Carrere de EH Bildu, aunque no estuvo de acuerdo con la propuesta del PP por considerarla partidista, reafirmó el compromiso de su formación con la verdad, memoria, justicia y reparación para todas las víctimas.