El PNV ha reprochado a EH Bildu un ejercicio de “carroñerismo político” por, a su juicio, “poner en cuestión que se iba a avisar a las familias” afectadas por la administración de vacunas caducadas. Desde EH Bildu, en cambio, sostienen que existen “indicios más que suficientes” de que se han “ocultado estos hechos”, ya que “no dicen nada hasta el momento en el que se llama al consejero para preguntarle por estos hechos”.
El PSE-EE ha destacado que el Gobierno Vasco haya “reconocido el error” y reclama evitar “teorías de la conspiración”. Por su parte, el PP pone en duda la “independencia” de la Comisión de Investigación y Trazabilidad al tratarse de una “investigación interna”, mientras que Sumar alerta de que “no hay ninguna garantía” de que no suceda algo similar “con otros productos” suministrados en Osakidetza, al considerar que inocular una dosis caducada constituye “un fallo estructural muy grave”.
En el programa “Parlamento en las ondas” de Radio Euskadi, recogido por Europa Press, representantes de las formaciones con escaño en la Cámara vasca han analizado la administración de tres tipos de vacunas caducadas, en su mayoría a bebés.
El parlamentario jeltzale Joseba Díez Antxustegi ha subrayado que el consejero de Salud, Alberto Martínez, “ha reconocido desde el primer momento que lo que ha ocurrido ha sido un error grave”, algo que “ya habla mucho del consejero”. Ha precisado que se trata de un error grave “no porque afecte de forma grave ni leve a la salud de estas personas, no, sino porque es algo que no debe ocurrir en un sistema de referencia como Osakidetza”.
Según ha relatado, una vez detectado el problema, Osakidetza se dirigió a las OSIs (Organización Sanitaria Integrada) para que “estén preparadas para llamar a las familias” tras la confirmación del Consejo Asesor de Vacunas de que “no hay ninguna afección y que hay que revacunar”. En ese contexto, “casualidad una de las parlamentarias de la Comisión de Salud llama al consejero Martínez”, quien “le da todo tipo de detalles” sobre lo sucedido.
“Ese miembro de la Comisión de Salud, quebrando todo tipo de confianza, de buena fe, haciendo un ejercicio absoluto de carroñerismo político”, ha denunciado, “decide lanzarlo a los medios de comunicación”.
Díez Antxustegi ha insistido en que se ha producido un “error grave” que “no se puede volver a repetir”, pero ha defendido que se “ha actuado pensando en la seguridad de las familias, cumpliendo unos protocolos, y poniéndose en contacto con las familias teniendo la información”. A su entender, “ha habido quien ha preferido generar alarma, esa no es nuestra forma de hacer política”.
EH Bildu habla de ocultación y cálculo político
El parlamentario de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, ha puesto en duda que la Consejería de Sanidad hubiera “puesto en conocimiento de la sociedad” lo ocurrido “si EH Bildu no los llega a denunciar”.
Rodríguez ha calificado el suceso como un error “muy grave” y ha señalado que la administración de vacunas caducadas “tiene un efecto inocuo sobre la salud de las personas, y hay que decir que esto es cierto en parte en parte”, ya que, aunque las dosis no resulten tóxicas, “estas personas han estado sin protección ante enfermedades que en algunos casos son bien graves”.
Además, sostiene que existen “indicios más que suficientes” de que se han “ocultado estos hechos”. A su juicio, “desde el día 21-22 la Consejería de Salud ya sabe que tiene que proceder a revacunar, si no a todas, sí aparte de las personas afectadas, pero no dicen nada hasta el día 27 y no dicen nada hasta el momento en el que EH Bildu llama al consejero para preguntarle por estos hechos”.
En esa línea, ha acusado al Departamento de haber “calculado con el objetivo de minimizar daños políticos si hacer pública esa información, cuándo hacerla pública, y tratando en última instancia de evitar tener que informar a las familias”, lo que, en su opinión, demuestra que “ha prevalecido el cálculo político por encima de la salud de las personas y del interés general”.
PSE-EE pide evitar teorías de la conspiración
Ekain Rico, representante del PSE-EE, coincide en calificar los hechos de “graves” y reclama que no se repitan, recordando que “el proceso de vacunación se basa en un principio de confianza tanto en la propia vacuna como en el proceso”.
No obstante, ha puesto en valor que “el Gobierno es el primero que ha hecho un reconocimiento del error, en boca del propio consejero, que ha puesto en marcha una comisión de investigación y que además se ha puesto en manos del Parlamento para acudir y explicarnos todo”, por lo que considera que no se deben alimentar “teorías de la conspiración”.
Frente a las críticas expresadas por Rodríguez, Rico cree que la ciudadanía “no se está preguntando lo que se pregunta EH Bildu”, sino “qué vamos a hacer para que esto no se vuelva a repetir”.
El parlamentario socialista ha reiterado la necesidad de “lanzar un mensaje de tranquilidad, el de que hay una comisión de investigación que va a depurar todo lo que tenga que depurar”, advirtiendo de que, en caso contrario, “si no, le vamos a hacer al final el caldo a grupos antivacunas que cuando han venido al Parlamento lo que han conseguido es que todos nos pongamos de acuerdo en señalar el carácter destructivo de ese tipo de mensajes”. “No los apliquemos”, ha reclamado.
El PP ve fallos generalizados en Osakidetza
La parlamentaria del PP, Laura Garrido, ha remarcado que este “error muy grave” debe implicar “esclarecer todo lo acontecido y la asunción de responsabilidades”, pero ha añadido que, “más allá de eso”, evidencia “un problema muy grave de funcionamiento y organización”.
Garrido ha mostrado su preocupación por “el número de OSIs implicadas” en la administración de dosis caducadas de la vacuna hexavalente, “12 de 13”. “Hablamos de que ha habido fallos, ha habido errores, ha habido un malfuncionamiento en prácticamente todas las organizaciones sanitarias de Osakidetza, de hecho sólo se libra una”, ha indicado.
“Hablamos de tiempo, es una vacuna que caduca en octubre y se ha estado poniendo durante noviembre, diciembre y enero”, ha añadido, para subrayar posteriormente que “hablamos también de ocultación, claro que hablamos de ocultación”, ya que “si se toma como referencia la fecha del 15 de enero, desde que se conoce esto, también hay noticias, publicadas por medios de comunicación de que esto se conocía desde antes, incluso antes de Navidades, ha habido una ocultación, no se ha dado información a la ciudadanía”.
Tras incidir en la “desprotección” que esta situación ha supuesto para los menores, ha cuestionado la “independencia” del Comité de Investigación y Trazabilidad: “Obviamente confiamos en los profesionales, pero es una investigación interna”.
Sumar denuncia un fallo estructural del sistema
El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, considera que se trata de un “problema estructural del sistema”, que “debe tener las garantías para que esto no pase”, y se ha preguntado si este tipo de errores “están sucediendo en otros productos del sistema de Salud Pública”. “No tenemos ninguna garantía”, ha advertido.
En su opinión, “no es un error”, dado que “ cuando ha fallado algo tan generalizado para que en el último escalón finalmente te pongan una vacuna que está caducada, eso es un fallo estructural muy grave”.
Hernández ha añadido que “está muy bien lanzar el mensaje” de que las vacunas caducadas “no tengan efectos adversos”, pero ha alertado de que ello no puede servir para “restar importancia a la gravedad de lo sucedido”.
“Lo que ha pasado es el resultado de una mala gestión, de un mal sistema y, por lo tanto, ahí hay una responsabilidad política del departamento y del Gobierno al que yo sí veo muy preocupado, y no me sorprende porque es algo a lo que nos tienen acostumbrados, en proyectar la imagen para estar fuera del foco del escándalo”, ha concluido.