PNV exige en el Senado que el Gobierno admita la responsabilidad del Estado en los crímenes del 3 de marzo de 1976

El PNV pide en el Senado que el Gobierno reconozca la responsabilidad del Estado en los crímenes del 3 de marzo de 1976 y desclasifique toda la documentación.

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PNV exige en el Senado que el Gobierno admita la responsabilidad del Estado en los crímenes del 3 de marzo de 1976

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El grupo del PNV en el Senado ha presentado una moción con la que insta al Gobierno español a reconocer la “responsabilidad directa” del Estado en los crímenes del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, fecha en la que cinco trabajadores fallecieron por los disparos de la Policía Armada contra los asistentes a una protesta obrera.

El texto, registrado este miércoles y que se debatirá en el pleno de la próxima semana, condena la masacre en la que, además de las cinco víctimas mortales, se produjeron cientos de heridos como consecuencia de la actuación de la Policía Armada.

Mediante esta iniciativa, el PNV también reclamará la derogación de la Ley de Secretos Oficiales y la desclasificación de toda la documentación relativa a lo ocurrido el 3 de marzo de 1976 en la capital alavesa, según ha señalado el partido ‘jeltzale’ en un comunicado.

La formación ha defendido la conveniencia de poner en marcha estas medidas con el objetivo de “conocer la verdad como deber de memoria democrática, dignificación y resarcimiento a las víctimas”.

La moción será defendida por la portavoz abertzale en la Cámara Alta, Estefanía Beltrán de Heredia, que en la iniciativa registrada este miércoles recuerda que, aunque se han producido avances en el reconocimiento a las víctimas y con la creación del Memorial en la iglesia de San Francisco de Asís, declarado por el Gobierno lugar de Memoria Democrática, “no ha habido un reconocimiento explícito de la responsabilidad del Estado en los hechos”.

Reclamación de verdad, justicia y documentación

Beltrán de Heredia ha subrayado que “falta conocer toda la verdad sobre lo sucedido”, puesto que la información “se mantiene oculta bajo la llave de la Ley de Secretos Oficiales”.

La senadora ha insistido en que “sin verdad no hay justicia ni reparación” y, al aludir a la desclasificación de los documentos vinculados al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ha resaltado “la disparidad del criterio del Gobierno central”. “Misma ley, distinta aplicación”, ha reprochado.