QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El PNV y el PSE-EE han convalidado en solitario su Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, una norma que introduce cambios para flexibilizar la regulación actual y acelerar los procedimientos urbanísticos con el fin de impulsar la construcción de nuevas viviendas. Entre las medidas centrales figura la rebaja de la reserva obligatoria de vivienda de protección pública, que pasa del 75% al 60.
El Pleno del Parlamento Vasco ha dado luz verde al texto gracias a los 39 votos a favor de PNV y PSE-EE, frente a la oposición de los 35 parlamentarios de EH Bildu, PP, Sumar y Vox. En la votación de algunos artículos concretos se han producido ciertas abstenciones, aunque no han alterado el resultado final.
En la exposición de motivos, la ley subraya que es “urgente” adoptar “medidas integrales y estructurales que permitan revertir la actual emergencia habitacional, estableciendo con carácter inmediato medidas que permitan aumentar la oferta, especialmente de vivienda protegida en todas sus modalidades, y proteger de forma efectiva el derecho de acceso a una vivienda digna”.
El texto recuerda que en Euskadi existe actualmente suelo urbanístico calificado con capacidad para levantar más de 160.000 viviendas, de las que 75.000 serían protegidas, “que no se moviliza por condiciones urbanísticas, económicas y ambientales”, por lo que estos suelos “no cumplen su función social”.
En este marco, la nueva norma fija que la reserva para vivienda de protección pública se pueda reducir del 75% al 60%, con un mínimo del 55% destinado a vivienda de protección social y el 5% restante a vivienda de protección tasada.
Cuando se aplique el 10% adicional de edificabilidad urbanística previsto para las denominadas actuaciones prioritarias, ese incremento se dirigirá íntegramente a vivienda de protección pública. Se mantiene el suelo mínimo del 55% para vivienda de protección social y el resto de ese aumento se reservará para vivienda de protección tasada.
El articulado también incorpora medidas para facilitar la implantación de nuevos alojamientos dotacionales tanto en suelos calificados como equipamentales como en edificios ya existentes, e incluye un régimen sancionador asociado a los incumplimientos derivados de la declaración de zonas de mercado residencial tensionado.
En este capítulo se abre la puerta a situar alojamientos dotacionales en terrenos que el planeamiento urbanístico clasifique como equipamiento, sin necesidad de modificar su calificación, siempre que se justifique que el equipamiento inicialmente previsto no resulta necesario, atendiendo a su carácter dotacional.
Asimismo, se prevé que el Gobierno Vasco y las administraciones públicas de ámbito territorial puedan promover vivienda de protección pública en municipios rurales y en localidades con una población igual o inferior a 3.000 habitantes, con el objetivo de extender la vivienda protegida más allá de las grandes urbes.
Otro bloque de la ley introduce ajustes en materia ambiental. Así, “en línea con la necesidad de agilizar y sincronizar los procedimientos urbanísticos, ambientales y de suelos, se identifican los supuestos de evaluación ambiental estratégica simplificada para las modificaciones de los planes de ordenación estructural e instrumentos de ordenación pormenorizada”.
El texto también contempla la suspensión de la presentación de declaraciones responsables para nuevas viviendas de uso turístico en las zonas de mercado residencial tensionado. Esta restricción, según se precisa, “se ampara en el interés general de proteger el derecho a la vivienda”.
La norma constata que, ante la actual “urgencia habitacional”, resulta imprescindible “agilizar la cesión de suelos de participación de la comunidad en las plusvalías a partir de un acuerdo de amplia base interinstitucional entre el Gobierno Vasco y los ayuntamientos”.
Reserva estratégica de suelo para vivienda protegida
El propósito de este mecanismo es “hacer posible una cesión automatizada y recurrente de suelos al Gobierno Vasco, al objeto de constituir una reserva estratégica de suelo, que permita al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana planificar y llevar a cabo las actuaciones necesarias para desarrollar el parque de vivienda protegida en alquiler y ofrecer respuesta a la demanda existente”.
Durante el debate parlamentario, el representante del PNV Jonatan Moreno ha defendido que se trata de “una ley centrada y que busca tomar soluciones para los problemas de la clase media y de la juventud de este país, alejada de los extremos de izquierda y de derecha, y de los dogmatismos ideológicos”.
Críticas de la oposición y choque político
Moreno ha sostenido que la norma permite avanzar hacia una “solución” al problema de la vivienda, y ha afeado a los grupos contrarios que se dediquen a “llenar el ambiente de fantasmas” y a alimentar el “miedo” en vez de implicarse en mejorar la situación residencial en Euskadi.
El parlamentario y secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha señalado que el “complejo entramado legal y burocrático” actual “alarga los procedimientos urbanísticos mucho más de lo razonable y dificulta las respuestas ágiles y eficaces que las personas con necesidad de vivienda nos están demandando”.
Según ha expuesto, en torno al 70% de la población vasca reside en municipios catalogados como tensionados, donde los precios de la vivienda “han crecido muy por encima de la inflación y de los ingresos medios, quedando fuera del alcance de muchas personas y obligando a otras a un importante sobreesfuerzo para el acceso a un bien que consideramos de primera necesidad”. Ante este escenario, ha defendido “una intervención decidida” como la que recoge la nueva ley.
Desde EH Bildu, Xabier Astigarraga ha reprochado al PNV y al PSE la ausencia de “voluntad de negociación” durante la tramitación, y ha acusado a ambos partidos de sacar adelante la norma “haciendo trampas” para acelerar su aprobación.
Además, ha denunciado que se trata de una ley “mercantilista” y diseñada en función de “los intereses del ‘lobby inmobiliario’”. “Esta ley es un paso atrás; pretende garantizar el negocio de los promotores de vivienda a costa de reducir la vivienda protegida, a costa de desregular la tramitación, a costa de las garantías medioambientales, a costa de las ya infrafinanciadas arcas municipales”, ha criticado.
La parlamentaria del PP Ana Morales ha cuestionado que la reducción de la reserva obligatoria para vivienda social que plantea el texto “es absolutamente insuficiente para estimular la actividad y el mercado”, y ha defendido el modelo de política de vivienda que impulsa su partido en la Comunidad de Madrid.
También ha calificado las medidas de “populistas y propagandistas”, y ha acusado al Gobierno Vasco de “buscar chivos expiatorios como las viviendas turísticas”. A su juicio, en Euskadi rige “un modelo restrictivo e intervencionista”, al que ha achacado que la comunidad tenga “las viviendas más caras del conjunto de España”.
El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha sostenido que el verdadero objetivo de la rebaja de la reserva de suelo para vivienda protegida es “dar más dinero” a quien “se lucra” y ponerse “de rodillas” ante quienes comercian con un bien básico como la vivienda. “Resquebrajar esa reserva es aceptar aquello de quien paga manda y obviar el principio de subordinación del suelo al interés general”, ha enfatizado.
Por último, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha asegurado que la proposición de ley incorpora medidas que suponen “un ejercicio abusivo de la función social de la vivienda”. Asimismo, ha exigido eliminar las referencias a las ‘zonas tensionadas’, figura que posibilita limitar el precio de los alquileres en áreas con fuerte presión de demanda y rentas muy elevadas, al considerar que esta herramienta resulta “invasiva con la propiedad”.
