Los grupos junteros de PNV, PSE y Elkarrekin Araba han reivindicado el acuerdo presupuestario sellado entre las tres formaciones para 2026, que incorpora un pacto por la vivienda en el Territorio Histórico con ayudas para la compra y rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler social y protegido, así como medidas específicas para favorecer la emancipación de la juventud.
Las tres formaciones han sacado adelante con sus votos una enmienda de sustitución registrada por la coalición morada a una iniciativa original de EH Bildu. La propuesta ha contado, además, con la abstención del PP y el rechazo de la coalición abertzale y de Vox en el pleno ordinario de las Juntas Generales de Álava.
El portavoz de Elkarrekin Araba, David Rodríguez, ha resaltado el valor del acuerdo presupuestario alcanzado con PNV y PSE para “avanzar en el cumplimento del pacto por la vivienda”, que contempla ayudas a las entidades locales para la adquisición y rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler social y protegido y a la emancipación juvenil, así como subvenciones a la rehabilitación de inmuebles para su posterior incorporación al programa foral de garantías al alquiler de viviendas, a precio asequible y limitado, de la Diputación Foral de Álava.
Rodríguez ha reclamado, además, la puesta en marcha del primer “Plan de Intermediación Foral Intergeneracional”, orientado al alquiler de viviendas de personas mayores que ingresan en una residencia, para familias jóvenes, con rentas asequibles y limitadas en todo el Territorio Histórico de Álava, incluida Vitoria-Gasteiz.
El texto aprobado por las Juntas Generales de Álava subraya igualmente la continuidad del programa de construcción de vivienda pública a través de Álava Agencia de Desarrollo, enfocado al alquiler protegido en el medio rural alavés.
Desde el PNV, su portavoz Iñaki Ruiz de Galarreta ha destacado las medidas adoptadas por el Ejecutivo alavés, como “reducciones para inquilinos”; un 20% general y hasta un 35% para colectivos vulnerables como jóvenes, familias numerosas o personas con discapacidad; “incentivos al propietario” con bonificaciones que llegan al 70% si se alquila en zonas tensionadas o a través de programas institucionales; y “exenciones” de hasta 30.000 euros en donaciones familiares para la compra de primera vivienda.
“El Ejecutivo pone el alquiler estable y la vivienda habitual en el centro. En Araba, quien apuesta por vivir, rehabilitar y alquilar de forma transparente tiene a la Diputación Foral de su lado, quien pretende acaparar y especular, no”, ha defendido.
El procurador del PSE, Alain Coloma, ha sostenido que “la Diputación está actuando en los ámbitos donde su papel es especialmente útil”, recordando que “la política de vivienda no se puede reducir a una única línea de actuación como verdadera varita mágica y no se resuelve con una única medida”. A su juicio, “en Euskadi, en Álava, en nuestras ciudades y en nuestros pueblos hay una acción pública en marcha, sostenida y coherente”.
“Rechazamos los discursos simplistas y también los discursos con algún tinte victimista. Nuestro rol institucional, el de los socialistas, es el de acción, el de combate del problema, el de búsqueda de soluciones y el de liderazgo activo para solucionarlo. No tiene solución inmediata, pero tiene solución”, ha añadido.
Críticas de EH Bildu y propuestas alternativas
En contraste, la portavoz de EH Bildu, Eva Lopez de Arroyabe, ha vinculado las dificultades de acceso a la vivienda a “años de dejación institucional, de dejar hacer su trabajo a los mercados o de ver burbujas inmobiliarias que han beneficiado a ciertas élites”, responsabilizando a PNV, PSE y PP de “ser los responsables de una manera directa de esta situación”, tras “haber gobernado las instituciones durante las últimas décadas y demostrar que las políticas actuales han fracasado”.
EH Bildu ha instado al Gobierno Foral a “actuar ya” y ha reclamado que se destine un mínimo de 4,9 millones de euros al programa de compra y rehabilitación de viviendas para alquiler social o protegido y emancipación juvenil dirigido a las entidades locales, conocido como “Araba(n) Bizi Bedi”.
Posición del PP y de Vox sobre la vivienda en Álava
El juntero del PP Jorge Ibarrondo ha reivindicado la gestión de su partido cuando gobernó en Vitoria-Gasteiz entre 1999 y 2007, con “un problema de vivienda que habían causado otros”, periodo en el que se levantaron más de 18.500 viviendas, el 73,5% de protección oficial en régimen de propiedad, de alquiler y de gestión pública. “Cuando lo igualen, hablamos”, ha replicado.
El Partido Popular ha propuesto “garantizar económicamente y ampliar los programas de avales de compra de vivienda” del 95 hasta el 100% del precio del inmueble en el Territorio Histórico de Álava, “aumentando la edad de los beneficiarios hasta los 40 años”, además de “garantizar económicamente los programas de compra y rehabilitación de vivienda destinas al alquiler social y protegido”.
Finalmente, el juntero de Vox, Jonathan Romero, ha exigido proporcionar “seguridad jurídica” al propietario, al considerar que “la vivienda no se defiende atacando a los propietarios, sino dándoles seguridad para que puedan alquilar con tranquilidad”.
“Si realmente queremos que los jóvenes alaveses puedan emanciparse y que las familias alavesas puedan acceder a una vivienda, lo que debemos hacer es aumentar la oferta, dar seguridad jurídica a los propietarios y permitir que el mercado funcione con normalidad”, ha concluido.