El PNV ha instado al ministro de Hacienda, Arcadi España, a que habilite cuanto antes el uso del superávit de 2025 por parte de comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. La senadora jeltzale María Dolores Etxano ha recordado que “Las Administraciones que mejor han gestionado no pueden seguir esperando para usar sus propios recursos”.
Durante el pleno de control en el Senado, el titular de Hacienda ha rememorado que el Gobierno aprobó en diciembre pasado un real decreto, respaldado por el PNV en el Congreso, que autoriza a ayuntamientos y comunidades a destinar el superávit de 2024 a inversiones financieramente sostenibles en los ejercicios 2025, 2026 y 2027.
Respecto al superávit correspondiente a 2025, Arcadi España ha trasladado al Grupo Vasco que “seguro” que el Ejecutivo dará “los pasos suficientes” para ofrecer un margen adecuado a las administraciones públicas “sin comprometer la necesaria senda de estabilidad”.
En su intervención, Etxano ha pedido al Ministerio que tramite la norma que faculte a comunidades autónomas, entidades locales y diputaciones forales a emplear el superávit de 2025 en inversiones financieramente sostenibles, siguiendo la misma lógica aplicada al ejercicio anterior.
Coincidiendo con el estreno de Arcadi España en la sesión de control en la Cámara Alta, la representante del PNV le ha reclamado que el Ejecutivo “haga lo que ya hizo en diciembre”, aludiendo al Real Decreto-Ley 15/2025 con el que se dio salida al superávit de 2024 y en cuyo preámbulo el propio Gobierno admitía la conveniencia de actuar también sobre el superávit de 2025.
“El argumento de urgencia y necesidad lo escribió su propio Gobierno, solo tiene que aplicarlo. Las Administraciones que mejor han gestionado no pueden seguir esperando para usar sus propios recursos”, ha insistido la senadora, subrayando que no se puede seguir demorando esta decisión.
Priorizando “lo urgente”, María Dolores Etxano ha reclamado además que se incorpore al ordenamiento estatal el nuevo marco fiscal europeo de 2024, que protege la capacidad inversora de las administraciones, fija una supervisión basada en planes a medio plazo y admite que no todas las posiciones fiscales de partida son equivalentes.
Según ha detallado, se trata de “una directiva que debería estar ya traspuesta” porque “el plazo finalizó en diciembre de 2025”. A su juicio, “Deberían trasponerla y rediseñar la regla de gasto de cómputo anual y pasar a la supervisión a medio plazo y a soluciones estructurales para el uso de remanentes”.
La senadora ha defendido que “La previsibilidad también es política fiscal. Necesitamos soluciones estructurales, también para los superávits, porque las administraciones deben saber que pueden contar con sus propios recursos, no esperar a la norma de cada año o a la voluntad del gobierno en cada ejercicio”.
Críticas a la LOEPSF y a las restricciones actuales
Etxano ha reprochado que “el Estado sigue aplicando de forma rígida” la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, “una norma obsoleta pensada en el dogma de la estabilidad”, que el PNV rechaza, y que fija una regla general sobre el destino del superávit que, en la práctica, bloquea su aprovechamiento mediante “una regla de gasto de talla única y cómputo anual que no distingue entre una Administración endeudada y otra saneada”.
Ha advertido de que esta regla “la incumplen la mayoría de las administraciones si quieren garantizar, como el caso de Euskadi, los servicios públicos”. A su entender, además de condicionar la autonomía presupuestaria de quienes han actuado “con responsabilidad”, tampoco tiene en cuenta regímenes de financiación específicos como el Concierto vasco o el Convenio navarro.
Asimismo, ha cuestionado que la Airef exija informes previos habilitantes para poder utilizar esos recursos, algo que, ha remarcado, no figura ni en el marco europeo ni en las normas forales. “Los remanentes son ahorro. La autonomía de las Administraciones Públicas no puede estar sujeta a tutelas desproporcionadas, además de que introduce una asimetría difícilmente justificable al exigirlo a comunidades autónomas y entidades locales, y no a la Administración General del Estado”, ha concluido.