PNV y PSE-EE han presentado en el Parlamento Vasco una proposición de ley para modificar la Ley 2/2022 de Juventud con la finalidad de "reforzar la protección de las personas menores de edad" en las actividades de tiempo libre infantil y juvenil. La iniciativa persigue incrementar los mecanismos de supervisión administrativa y "endurecer" el régimen sancionador ante posibles irregularidades, con el propósito de impedir que se repitan situaciones como la del udaleku de Bernedo.
Entre las novedades más relevantes del texto, se sustituye la figura de la comunicación previa por una declaración responsable obligatoria antes de que arranquen las actividades de ocio en las que participen menores, según han detallado socialistas y jeltzales en una nota conjunta.
Este documento deberá registrarse ante el área de Juventud del Gobierno Vasco o ante la Diputación Foral del Territorio Histórico donde se desarrolle la actividad. Así, desde el inicio, las entidades organizadoras asumen la responsabilidad de cumplir íntegramente con las exigencias legales.
PNV y PSE-EE han remarcado que la reforma "refuerza de manera clara" las garantías frente a delitos de carácter sexual, al fijar como requisito la presentación de un certificado negativo para todo el personal con contacto habitual con menores, documento que tendrá que actualizarse cada año.
La proposición de ley incorpora además cambios en el reconocimiento oficial de servicios y equipamientos juveniles, que deberán disponer de una resolución administrativa expresa, y precisa el catálogo de infracciones con el objetivo de "reforzar la seguridad, la responsabilidad y la calidad en la prestación de los servicios".
Endurecimiento del régimen sancionador
En la misma línea, jeltzales y socialistas han "revisado y endurecido el régimen de sanciones ante posibles irregularidades, incluyendo nuevas infracciones graves o muy graves". De este modo, "se castigará o se castigará más duramente carecer de seguro de responsabilidad civil y de certificado negativo de delitos sexuales, no disponer de medidas de seguridad en instalaciones y equipamientos, llevar a cabo actuaciones que promuevan el racismo, la xenofobia, la violencia machista o cualquier tipo de violencia".
Ambas formaciones han pedido que la tramitación se realice por el procedimiento de urgencia y en lectura única, al entender que se trata de "una reforma técnica, acotada y centrada en la protección inmediata de los derechos de la infancia y la adolescencia que no supone una alteración del modelo general de políticas de juventud".